David Pavón-Cuéllar
Versiones discrepantes
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está en quiebra técnica. No tiene ya recursos para sostenerse. No puede seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Si todo sigue igual, quizás consiga salir a flote por unos meses, pero tan sólo para volver a hundirse el año próximo.
La situación de insolvencia en la universidad parece obedecer a muy diversos factores. Cada uno de estos factores tiende a ser enfatizado por un sector diferente. Altos funcionarios estatales y federales, al igual que muchos empresarios y comunicadores, piensan que la universidad gasta demasiado y que su quiebra técnica es la consecuencia de las prestaciones, pensiones y jubilaciones de sus trabajadores. Los trabajadores, por su parte, suelen explicar la crisis por la insuficiencia de recursos gubernamentales para la universidad, pero también por la mala gestión de las autoridades universitarias. Este último factor, el de la mala gestión, será enfatizado por los sindicatos, los cuales, a su vez, habrán de ser vistos como parte del problema por las autoridades y por muchos trabajadores. En cuanto a los estudiantes, aunque muchos coincidan con la visión de los trabajadores, me parece que no tienen una opinión lo suficientemente mayoritaria o consensuada como para que podamos identificarlos con ella.
Muchos estudiantes no saben qué pensar. ¿Cómo no extraviarse en el enmarañado laberinto de las interpretaciones contradictorias? Entre versiones tan discrepantes de lo que ocurre en la universidad, ¿cómo hacer para orientarse? Mi respuesta quizás parezca obvia: lo que pienso es que sólo conseguiremos orientarnos al saber lo que ocurre.
Ciertamente hay mucho que no se nos permite saber. Es precisamente por esto que se acusa de opacidad a la autoridad. Sin embargo, es también mucho lo que podemos llegar a saber, y esto resulta decisivo a la hora de valorar las diversas opiniones acerca de la situación de insolvencia por la que estamos atravesando. Tan sólo conseguiremos orientarnos en estas opiniones al informarnos acerca de aquello a lo que se refieren.
Intentaré proporcionar aquí algunas informaciones relevantes acerca de lo que ocurre en la Universidad Michoacana y en la educación pública en México. También me permitiré aventurar algunas interpretaciones que recomiendo completar con las que han sido vertidas en un texto anterior, en una conferencia reciente y en los excelentes artículos de Eduardo Nava, Teresa da Cunha y Rosario Herrera.
Michoacán y la Universidad Michoacana
En lo que se refiere a nuestra universidad, sabemos primeramente que su presupuesto se derrumbó 13% en el último año, ya que pasó de 2946 millones de pesos en 2016 a 2555 millones en 2017. Este derrumbe es la causa inmediata de la quiebra técnica. La situación de insolvencia es porque nos están dando menos, y no, como se pretende, porque estemos gastando más. De hecho, al menos en el último año, la UMSNH ha gastado menos, mucho menos que antes, pues disminuyó sus egresos de 3981 millones a 3581 millones de pesos. Esto se ha reflejado en un descenso de la matrícula, es decir, en la disminución de futuros profesionistas, lo que tendrá toda clase de consecuencias nocivas en el desarrollo del país y del estado, quizás incluso indirectamente en los índices de violencia, pues muchos de los jóvenes que no estudien terminarán engrosando las filas del crimen organizado.
Lo seguro, por lo pronto, es que la UMSNH se está contrayendo, está dando menos educación a la sociedad, está gastando mucho menos de lo que gastaba y está recibiendo todavía menos de lo que recibía. ¿Y quiénes son los responsables de todo esto? Los responsables directos son: por un lado, el Poder Ejecutivo Estatal, encabezado por el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, el mismo que ahora se presenta como rescatista, quien propuso el presupuesto en el que se castiga severamente a la Universidad Michoacana; por otro lado, los cuarenta legisladores del Poder Legislativo Estatal, dominados por las fracciones del PRI (15 diputados), el PRD (12 diputados) y el PAN (7 diputados), quienes aprobaron ese presupuesto aun cuando sabían perfectamente que significaba la quiebra técnica de la UMSNH.
Lo más indignante es que la totalidad del presupuesto para Michoacán se incrementó en el 2017, pues aumentó 2000 millones de pesos en comparación al 2016, pero esto no impidió recortar las asignaciones presupuestales destinadas a gastos sociales como salud, cultura, medio ambiente, pueblos indígenas, obras públicas, ciencia y tecnología, educación y la UMSNH. Si la Universidad Michoacana fue castigada, lo fue como parte de la sociedad, y este castigo es el que hace que ahora se encuentre en situación de insolvencia.
Debe subrayarse que la insolvencia de la UMSNH no es por falta de recursos en el estado, sino porque el gobernador perredista y los diputados priistas, perredistas y panistas han decidido que no devolverán los recursos que gestionan a la sociedad que los produjo y a la que le pertenecen. Lo que han decidido, en otras palabras, es que se robarán esos recursos, pues lo que sustrajeron a gastos sociales terminó destinándose al Poder Legislativo, que se aumentó casi 10% su asignación presupuestal, y a rubros opacos de gasto corriente, como los Servicios Personales, que reciben la fabulosa cantidad de 27 mil millones de pesos, es decir, ni más ni menos que 10 veces el presupuesto de la Universidad Michoacana. Todo esto, reiterémoslo, es lo que se le está quitando a los trabajadores y estudiantes de la UMSNH, pero también a todos los comerciantes que viven de lo que gastan los universitarios, y además a la educación en general, a los niños que estudian en las escuelas, a los enfermos que utilizan los servicios de salud, a quienes transitan por las calles y requieren de obras públicas, a las comunidades indígenas a las que originalmente pertenecen las tierras en las que vivimos, a las mismas tierras, a los bosques y mares y todo lo demás correspondiente al tan castigado rubro de medio ambiente. Es todo en la sociedad y en su entorno lo que se está sacrificando en beneficio de nuestros gobernantes y a pesar del aumento de presupuesto para Michoacán.
En lo que se refiere a la situación específica de la Universidad Michoacana, sabemos que recibe menos asignación presupuestal por estudiante que otras universidades. La diferencia es muy significativa, pues instituciones como la UNAM o el IPN absorben anualmente más de cien mil pesos por estudiante de licenciatura, mientras que nosotros apenas rebasamos los cincuenta mil pesos. Si a la UMSNH le concedieran lo que les dan a otras universidades, entonces no habría situación de insolvencia, los docentes recibiríamos normalmente nuestro salario, no tendríamos necesidad de este paro de brazos caídos, los alumnos estarían ahora en clases como los de la UNAM y no se necesitaría modificar en este momento el régimen de pensiones y jubilaciones.
Todo estaría muy bien si hubiera un trato igual para todas las universidades del país, si no se discriminara presupuestalmente a nuestros estudiantes, si nuestros jóvenes valieran lo mismo que otros para los gobiernos federal y estatal. Pero no es así: para nuestros gobiernos, un alumno de la UNAM vale más que uno de la Michoacana, y uno de la Michoacana vale más que uno de una Escuela Normal Urbana, y uno de la Normal Urbana vale más que uno de la Rural. Cuando llegamos al nivel de las Normales Rurales, los estudiantes valen tan poco para el gobierno que hasta se les puede matar impunemente, como lo vimos con los 43 de Ayotzinapa.
México y la educación pública
Es verdad que la crisis financiera de nuestra universidad no sólo se explica por el trato desfavorable que recibe en comparación a otras instituciones. Hay también factores que afectan a todas las universidades por igual. Sería injusto decir que la UNAM es una consentida o privilegiada, pues ella y otras universidades públicas también se ven afectadas por lo que me atrevo a describir como la guerra silenciosa de nuestro gobierno contra la educación pública. Esta guerra nos resulta evidente al conocer algunos datos.
Cuando se compara México a otros países con el mismo desarrollo socioeconómico, descubrimos algo preocupante: nuestro gobierno es uno de los que menos invierte en cada estudiante universitario. Aquí gastamos 7 mil 889 dólares anuales por estudiante, mientras que Chile invierte más de 8 mil dólares y Brasil casi 11 mil. Y lo peor: México es uno de los pocos países en los que este gasto ha disminuido en lugar de incrementarse.
En el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, entre 2009 y 2012, el subsidio federal anual por estudiante se redujo en casi 10%, ya que se desplomó desde 59 mil hasta 54 mil pesos. Luego, durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto, el mismo subsidio ha seguido contrayéndose, pasando ahora de 54 mil a 51 mil pesos. Es claro que los panistas y los priistas están participando por igual en la guerra de nuestro gobierno contra las universidades.
El nivel superior, de hecho, no es el único nivel educativo embestido por el gobierno. La guerra es contra la educación en su conjunto. La parte proporcional de la inversión educativa en el gasto del gobierno, que era de más de 22% entre 2002 y 2004, había caído ya hasta 19% en 2014. Pero esto se agravó especialmente en los dos últimos años, con el plan de austeridad, que hizo que el presupuesto global para la educación en México, incluida la educación superior, disminuyera un 12%.
En el ámbito federal, siguiéndose la misma lógica ya señalada en el contexto estatal michoacano, la disminución del presupuesto educativo fue acompañada por contracciones igualmente importantes de otros gastos sociales como salud y desarrollo social, mientras que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina sólo fueron afectadas por la austeridad en 4% y 3%, respectivamente. Como ya lo escribí en un artículo anterior, “las opciones de nuestro gobierno son claras: más represión y menos educación, más policías y menos maestros, más violencia y menos ciencia”.
El sacrificio de la ciencia es claro no sólo en la disminución del presupuesto educativo, sino también en el recorte presupuestal para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Este recorte es aún mayor al de educación, pues corresponde ni más ni menos que a un 22%. Resulta difícil imaginar lo que semejante disminución provocará en el trabajo científico y tecnológico realizado en el país. Ya de por sí teníamos grandes carencias. Por lo pronto, se han resentido los primeros efectos en la baja de 7% en estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en el retiro o congelamiento de apoyos para los estudiantes de maestrías y doctorados incluidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).
Es indudable que nuestro gobierno se está dedicando a destruir décadas enteras de logros en el campo la educación pública, la ciencia y la tecnología en México. Esto se demuestra en las cifras que ya indiqué, pero también en muchas otras. Por ejemplo, sabemos que la asignación presupuestal por estudiante universitario se ha derrumbado ya 9% en los últimos años. Incluso el presupuesto de emergencia destinado a Apoyos para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales terminó dividiéndose entre cinco, ya que pasó de 2 mil 700 millones de pesos en 2016 a 600 millones de pesos en 2017. Y podría seguir suministrando más y más cifras. Todas apuntan en el mismo sentido y nos permiten concluir, sin exagerar, que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al igual que el gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo, ha desencadenado una guerra silenciosa contra la ciencia y contra la educación pública.
La guerra silenciosa contra la educación pública
Quizás la actitud anti-educativa y anti-científica del gobierno pueda comprenderse mejor al recordar algunos detalles acerca de Peña Nieto: que plagió su tesis, que no dejó de ser interpelado por los estudiantes del #YoSoy132 y que fue menos votado por quienes habían estudiado más. Hay, en efecto, una correlación perfecta: el voto priista es inversamente proporcional al nivel de estudios. El PRI es votado por 49% entre los mexicanos sin estudios, 42% entre los que tienen la primaria concluida, 39% entre los que terminaron la secundaria, 25% entre los que acabaron la preparatoria y sólo 20% entre los que tienen estudios universitarios. Es mucho lo que se aprende en la escuela y en la universidad, y entre lo que se aprende, está el no votar por criminales como los que nos gobiernan. Esto es algo que ellos, los criminales, han de saber o sospechar. ¿Cómo no entenderlos cuando los vemos en pie de guerra contra la educación?
La guerra de nuestro gobierno federal contra las escuelas y las universidades no tiene precedentes en la reciente historia de México. Nos habíamos acostumbrado en el siglo XX a que los gobernantes posrevolucionarios, por más corruptos y represivos que fueran, mantenían cierto compromiso con la educación pública. La inversión y la cobertura educativas crecían año con año, tanto en cifras absolutas como relativas, a un ritmo sostenido e ininterrumpido.
Al menos en el nivel educativo superior, la tendencia empezó a revertirse discretamente, suavemente, a partir de los años mil novecientos setenta, como lo prueba el hecho de que la parte proporcional de las instituciones públicas en el total de titulaciones universitarias disminuyera 20% en los últimos cuarenta años. En 1975, en efecto, los profesionistas que egresaban de universidades públicas eran el 90% del total, mientras que ahora son únicamente el 70%. Sin embargo, aunque imparable y desastroso a largo plazo, este avance de las universidades privadas a costa de las públicas ha sido lento y paulatino. En cambio, el reciente retroceso de la educación pública superior, como lo muestran las cifras que ya mencioné, tiene un carácter brutal y vertiginoso. Esto hace que ni siquiera nos haya dado tiempo ni de tomar conciencia de lo que sucede ni de reaccionar como deberíamos hacerlo.
Estamos literalmente ante un violento desmantelamiento de la educación pública superior en México. Es por esto que la UMSNH no es la única universidad pública en quiebra técnica, sino que hay otras seis en la misma situación: la Juárez de Tabasco, la Benito Juárez de Oaxaca y las autónomas de Morelos, Nayarit, Zacatecas y Estado de México. Y no son las únicas. Desde el año pasado, hay otras universidades públicas estatales que se encuentran en una situación financiera insostenible y que se están precipitando rápidamente a la misma situación de insolvencia. Tal es el caso de la Veracruzana, la de Guadalajara y las Autónomas de Querétaro, Guerrero, Hidalgo, Durango, Coahuila, Nuevo León y Chiapas.
Por cierto, varias de las instituciones recién mencionadas, como las de Tabasco, Guadalajara y Nuevo León, realizaron la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones que ahora se le está exigiendo a la Universidad Michoacana. Se les aseguró también que esta reforma evitaría la situación de insolvencia en la que ahora se encuentran. Y las universidades cayeron en la trampa, ya que finalmente la reforma no sirvió para evitar nada. Esto sólo puede significar algo: que la causa de los problemas financieros no era el régimen de pensiones y jubilaciones.
Desde luego que nuestro gobierno quería y sigue queriendo acabar con el régimen de pensiones y jubilaciones. De lo que se trata es de gastar menos, dar menos y obtener más, repartir menos y ganar más. Es por lo mismo por lo que estamos en quiebra técnica: porque el gobierno ya no quiere gastar en la educación pública. Y es exactamente por lo mismo por lo que al mismo gobierno le gustaría la desaparición de muchas de nuestras prestaciones, de los sindicatos y de las casas de estudiantes. En realidad, si por el gobierno fuera, desaparecería también la universidad pública. Y es lo que sucederá de algún modo, a través de la desaparición de lo que la universidad pública es en sentido estricto, si no cambian las tendencias indicadas por las cifras a las que ya me referí.
Culpar a las víctimas
En suma, nuestra universidad está en situación de insolvencia porque el presupuesto se ha reducido un 13% en el último año y porque la asignación presupuestal para sus estudiantes es hasta un 70% menor que la de otras universidades públicas, pero también porque parece haber una guerra de los gobiernos priistas, panistas y perredistas contra la educación pública: una guerra por la que se han disminuido considerablemente los recursos dedicados a los universitarios y por la que el plan de austeridad se ha dirigido especialmente contra la inversión educativa. Como lo hemos visto, estos factores y otros más que mencioné se agregan unos a otros y bastan para explicar la situación de insolvencia en la que nos encontramos, la cual, insisto, no es de ningún modo, al menos por ahora, la consecuencia del régimen de pensiones y jubilaciones.
Desde luego que hay otros factores más que vienen a agravar la situación, como es la mala gestión de los recursos en el seno de la universidad. Sin embargo, por más ahorrativa y efectiva que fuera esta gestión, la universidad estaría de cualquier modo en quiebra técnica, pues realmente no hay manera de compensar un ingreso tan deficitario que no alcanza ni siquiera para el cumplimiento de las obligaciones salariales. Como lo hemos visto, la causa de la quiebra no se encuentra en el interior de la universidad, sino en el exterior: en unas políticas presupuestales que afectan al conjunto de la educación pública en México. Insistamos en que esto no exime a la institución de corregir sus problemas internos. Aunque la corrección de tales problemas no acabe con la insolvencia, permitirá por lo menos optimizar el uso de los recursos que se nos destinen. Ahora bien, independientemente de tal optimización, los recursos deben ser suficientes para que la universidad pueda sostenerse.
Hay que ser categóricos en este punto: la crisis financiera de la universidad es por falta de presupuesto. Me parece cruel y deshonesto, por decir lo menos, que se culpe de esta crisis a los jubilados y a los empleados activos a los que se les priva de salarios, a los moradores de casas de estudiantes que tampoco están recibiendo lo que les corresponde, e incluso al estudiantado mismo por el supuesto aumento de una matrícula que en realidad ha disminuido en el último año. Tenemos aquí una maniobra perversa que es característica del capitalismo neoliberal y que ya conocemos demasiado bien: culpar a los sujetos, a las víctimas, de lo mismo de lo que son víctimas: de los vicios del sistema.
Es por causa del carácter profundamente vicioso del sistema que los recursos destinados a la educación han disminuido aun cuando no estemos en una crisis económica en el país, aun cuando el Producto Interno Bruto (PIB) mantenga su marcha ascendente y aun cuando la riqueza de la sociedad se haya incrementado en las últimas décadas. Es verdad que el crecimiento demográfico se ha estabilizado, pero no ha cesado ni se ha revertido. Tampoco hemos conseguido superar las grandes carencias educativas de México.
Nada justifica el actual ahogamiento de la educación pública superior, a no ser lo que sólo podemos representarnos como una guerra contra ella. ¿Cómo explicar esta guerra silenciosa de los gobiernos priistas, panistas y perredistas contra los universitarios? Ya hemos intentado indicar aquí algunas claves para empezar a responder, pero la cuestión permanece en suspenso.
¿Por qué será que el gobierno se está mostrando tan violento ante las universidades? Las instituciones de educación superior forman a unos profesionistas que resultan indispensables para el funcionamiento de todo en el mundo humano. Este mundo sencillamente no podría funcionar sin los universitarios a los que se les ha declarado la guerra.
Ya hemos visto, de hecho, que la guerra parece dirigirse contra la sociedad en su conjunto. ¿Por qué la sociedad es atacada con tanta virulencia por los mismos gobernantes a los que eligió? Todos conocemos o intuimos la respuesta, pero no es el tema del presente artículo.
