(4 de enero, 2014).- El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Senado de la República (PT), Manuel Bartlett Díaz, advirtió que la imposición de la reforma energética es una prueba de que se está transitando a un camino autoritario, por lo que Enrique Peña Nieto, “está promoviendo una secretaría de la política, como la Secretaría de Gobernación como una agencia policiaca, impulsando permanente la violación a los derechos humanos de la población y de las minorías”.
Además, el senador advirtió que la Ley de Participación Ciudadana que considera la consulta popular es parte de esta farsa, “es una ley impracticable, es una burla. Es una ley que establece la consulta popular pero prohíbe que se haga una consulta en relación con la reforma energética”.
Luego de que el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo Anaya, hiciera la declaratoria de constitucionalidad de la Reforma Energética, el Senador por el Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, tachó como un tongo ese procedimiento, ya que ni siquiera se dieron a conocer los documentos que avalaban ello.
Asumiendo una posición autoritaria, “ni siquiera leyeron un dictamen y hubo una serie de estas legislaturas, un número importante, que legisló en cinco minutos, en diez minutos, en una hora, cuando se trata de un dictamen de 300 cuartillas y esta farsa, ahora resulta, me dice al final, que ya está en la página de internet. Eso no es lo que establece el reglamento”.
Por tanto, señaló, que desde el inicio Enrique Peña Nieto “ha violado todas las normas, ha engañado, ha mentido, y ha utilizado el dominio mediático que ha tenido para engañar a la población”, ante una tema de gran trascendencia.
Bartlett Díaz acusó que todo el proceso fue igual tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, siendo que en este último recinto ni siquiera se vio, “presumen de una mayoría, está hechiza, entre el PAN y el PRI, esa mayoría y una mayoría cualquiera que no respeta las normas en las que se sustenta y deja de ser una mayoría y termina siendo una claque antidemocrática y autoritaria”.
Advirtió que “se está transitando a un camino autoritario, por lo que Peña está promoviendo una secretaría de la política como una agencia policiaca, impulsando permanente la violación a los derechos humanos de la población y de las minorías”.
El senador consideró que la Ley de Participación Ciudadana que contempla la consulta popular es parte de esta farsa, “es una ley impracticable, es una burla. Es una ley que establece la consulta popular pero prohíbe que se haga una consulta en relación con la reforma energética”.
Ventiló que tanto PRI como PAN fueron cómplices para que la Ley no se aprobara, “nos encontramos con este montaje peligrosísimo de Peña Nieto de un régimen autoritario”.
Por su parte, la diputada petista Lilia Aguilar Gil denunció que hizo falta procedimiento político y legislativo, asepsia política, lo cual se constató con el “fast track” en los estados de la Reforma Energética, “no se le ha puesto el cuidado procedimental o el cuidado legal debido y eso lo pone en riesgo de cualquier impugnación legal”.
En cuanto a la elección de los consejeros del IFE, Aguilar Gil explicó que hace falta que se concluya la aprobación de la reforma política que aún está en la Cámara de Senadores, regrese a la Cámara de Diputados y sea aprobada por los estados para entonces proceder a publicar una nueva convocatoria.
“Esta reforma energética tiene toda una serie de trampas, eufemismos. Lo que ha planteado Peña Nieto y el PAN es una reforma constitucional que quita de los principios básicos de la Constitución”, expresó Bartlett Díaz.
Sobre el argumento de que México, no tenía recursos para mejorara a Petróleos Mexicanos y por eso era indispensable la reforma energética, Bartlett Díaz expresó:
“No estamos de acuerdo, no es cierto que no tengamos recursos. Esa empresa es una de las más eficientes del mundo, no necesitamos empresas extranjeras que vengan a competir por el petróleo. Con esta apertura, la reserva que teníamos en el TLC se quita, en consecuencia, el Estado pierde todo control”, lamentó.
“Con cualquiera de los cuatro tipos de contrato aprobados vamos a tener un hoyo fiscal de miles de millones de pesos que van a cubrir con créditos, nos va a generar una enorme pérdida de recursos en el apoderamiento del petróleo”, aseveró.
