Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
En el 2006, durante la carrera electoral, varios spots de televisión acusaban a Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de la República, de ser “un peligro para México”. Estos spots fueron vinculados al Partido Acción Nacional (PAN).
Tras la denuncia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por una campaña similar en su contra, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) se limitó a prohibir dicha propaganda por considerarla “denigrante”. Inclusive amenazó con multar al PAN con 430 mil pesos pero la multa no prosperó.
Un año después, tras la polémica victoria del ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incluir regulaciones sobre spots de radio y televisión a fin de evitar la “denigración y la calumnia”.
Si el PAN pudo promover los spots que denostaban abiertamente a sus adversarios políticos fue debido al vacío legal que había en la Ley Federal Electoral durante los comicios de 2006, un vació que se repite en 2015 puesto que no existen regulaciones en el ciberespacio, el nuevo campo de la batalla electorera.
Las lagunas y vacíos legales
Tras la Reforma Electoral de 2014, El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) absorbieron las facultades de fiscalización y sanción durante los procesos electorales locales a fin de quitarle dichas atribuciones a los órganos electorales locales debido al control que ejercían –o ejercen- los gobernadores sobre ellos.
El dinero de las campañas y toda clase de castigos ahora corren a cargo de la federación debido a la centralización de facultades promovida en 2014, ésto deja a órganos como el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sin armas para sancionar conductas como la llamada “guerra sucia” convirtiendo al instituto en un mero canalizador.
Por otro lado, Internet quedó fuera de la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, así que, aunque quisieran, ni el TEPJF ni el INE y mucho menos el IEM y sus similares tendrán elementos jurídicos para prevenir campañas “denigrantes y calumniosas” en Internet y sobre todo en las redes sociales.
“Si un ‘huevo’ en Twitter descalifica o denuesta, viola o calumnia a un candidato, ¿vamos a sancionar al huevo?” se pregunta el consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello.
En comparecencia ante el pleno del Senado, Vianello aseguró “no quiero bromear, nada más quiero ilustrar esto, solamente para decir que hay que ser muy cautelosos hacia dónde vamos, porque la eficacia de una autoridad, una autoridad eficaz, cuando se sobreexcede puede volverse una autoridad que hace el ridículo” explicó.
Aunque no hay una legislación clara, el manual electoral 2015 del IEM detalla que el secretario ejecutivo “dispone de medidas cautelares para evitar daños irreparables en los procesos electorales”; no obstante, dichas medidas no pueden modificar el resultado de una elección aunque ésta se viera comprometida.
Para que el secretario ejecutivo pueda emitir una “medida cautelar” tiene que darse un proceso en el que se levanta una queja y se otorgan pruebas y documentos y después se pueda emitir un veredicto, sin embargo, aunque la queja fuese procesa de manera adecuada no tendría mayores repercusiones en el resultado de las elecciones.
El ciberespacio es el nuevo campo de batalla
Para finales de 2014, en México habían 43.5 millones de teléfonos inteligentes con la capacidad de acceder a Internet, lo anterior acorde con la consultora Competitive Intelligence Unit.
La cifra de los llamados Smartphone, fue revelada por la consultora en septiembre y su pronóstico aseguraba que el 2015 arrancaría con al menos 50 millones de usuarios. Según la consultora las marcas como Apple, Samsung y Huawei sacian día a día la necesidad del uso de redes como Instagram, Flickr, Tumblr, Twitter y Facebook.
Debido a la creciente concurrencia en Internet, los diez partidos políticos que contenderán en 2015 tendrán que ajustar sus agendas al manejo de redes para buscar el voto, sobre todo en las personas de clase media y alta entre los 18 y los 39 años de edad que son las que tienen acceso a dicho servicio.
La consultora en Estrategias Digitales, Chistine Suta, recientemente publicó un artículo, en la revista Campaigns&Elections, titulado El Social Media Listening que explica el poder que tendrán las redes sociales dentro los procesos electorales.
“Con las redes sociales no se ganan votos, se ganan emociones que pueden traducirse en votos” escribe la consultora que explica como los llamados influenciadores podrán mover y generar tendencias entre las personas dentro del ciberespacio.
El ambiente digital consiste en la interacción de comunidades pero sin la limitación del lugar y el tiempo; así pues las redes sociales son lugares de concurrencia masiva sólo que en Internet.
Los bots y la mala influencia
Christine Suta asegura que la mayoría de los movimientos sociales o alarmas, que se disparan o nacen en este medio no provienen de bots sino de “ciudadanos con dudas, descontentos y miedos”; no obstante “esa masa robótica (los bots) conducida por gente con intereses específicos, la retoman y según sus conveniencias la detienen o la difunden”.
En el mundo de las redes sociales, asegura Suta, existen personas reales, bots e influenciadores que jugarán a favor y en contra de cada uno de los partidos políticos.
Si a esto se le agrega que no existe legislación alguna, las redes se convertirán en trincheras para las descalificaciones, en el mejor de los casos, o en un sangriento campo de batalla que tendrá como blanco la “imagen pública” tanto de los candidatos como de los partidos políticos.
En su artículo, la directora general de la agencia Tequila Garage, afirmó que cualquier gobierno tiene la responsabilidad de mantener un monitoreo constante en tiempo real de las redes. Sin embargo, este monitoreo, “en ningún caso debe ser como un ente regulador ni mucho menos censurador, sino más bien como garante de la estabilidad social”.
A pesar del panorama descrito, Christine Suta concluye “el gobierno tiene la obligación de garantizar la estabilidad social real y virtualmente”.
