Estados Unidos ha encontrado un nuevo Guantánamo en El Salvador. En una jugada que desafía el derecho internacional, la administración de Donald Trump deportó a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), la infame prisión de máxima seguridad de Nayib Bukele.
La deportación se realizó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma arcaica que permite expulsiones sin juicio ni derechos de defensa. Un juez estadounidense intentó bloquear la medida, pero la Casa Blanca actuó antes de que la orden judicial surtiera efecto. ¿Casualidad o premeditación?
El Salvador recibirá 6 millones de dólares por custodiar a los detenidos, una cifra irrisoria comparada con los costos penitenciarios de EE.UU. La pregunta es inevitable: ¿Bukele está construyendo una cárcel o rentando un gulag moderno al mejor postor?
Desde Venezuela, la condena fue inmediata. El gobierno de Nicolás Maduro denunció la maniobra como una violación a los derechos humanos y una provocación directa. Pero más allá de la retórica, lo cierto es que Washington ha convertido a El Salvador en un depósito de “enemigos”, pagando una fracción del costo que implicaría retenerlos en su propio territorio.
El CECOT, célebre por su brutalidad, se convierte así en un símbolo del autoritarismo transnacional. Trump y Bukele, dos líderes populistas con agendas de “mano dura”, han sellado un pacto que podría redefinir la geopolítica de las deportaciones. ¿Hasta dónde llegará esta peligrosa alianza?
