Senado prepara castigos de hasta 42 años de cárcel en nueva ley contra la extorsión

El Senado se alista para votar este martes, en comisiones, una versión más estricta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual eleva de forma considerable las penas planteadas originalmente por la Cámara de Diputados. La propuesta contempla que, en casos agravados, una persona pueda recibir hasta 42 años de prisión.

La redacción que discutirán las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos incluye castigos más severos en situaciones donde se utilicen armas, se afecte de forma directa la economía de una comunidad o se recurra a prácticas violentas como los montacoches —choques provocados para exigir pagos—. También plantea sanciones mayores cuando el delito se comete desde centros penitenciarios, mediante el uso de menores de edad o cuando se dañe el patrimonio de víctimas, comercios o negocios.

Entre las modificaciones centrales está el establecimiento de un rango de siete a diecisiete años de prisión para el tipo penal básico, en sustitución de la fórmula “de la mitad hasta dos terceras partes” que había enviado San Lázaro. Asimismo, se eliminó cualquier posibilidad de reducción de pena por colaboración con las autoridades y se precisaron los requisitos que deberán cumplir las unidades estatales encargadas de investigar estos delitos.

El dictamen también actualiza agravantes como el cobro de piso y el uso del sistema financiero, ajustando su redacción para que sean sancionadas desde el momento en que exista la exigencia o intención, y no únicamente cuando el hecho se consume. En cuanto a servidores públicos que encubran o no denuncien casos de extorsión, los senadores plantean elevar la pena a un rango de 10 a 20 años, retomando la propuesta original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las reformas incluyen cambios al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales para que la extorsión sea perseguida de oficio. Además, se endurecen las sanciones para quienes introduzcan teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos a centros penitenciarios, con penas que van de seis a doce años de prisión, y se establecen medidas de protección reforzadas para víctimas y testigos durante toda la etapa procesal.

Los senadores Javier Corral y Enrique Inzunza, presidentes de las comisiones dictaminadoras, prevén que la discusión y votación se realicen la tarde-noche de este martes. De acuerdo con Corral, la versión que se presentará es resultado de un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La propuesta de endurecer las penas responde, según los legisladores, a la necesidad de evitar que personas actualmente sentenciadas puedan obtener beneficios o libertades anticipadas con base en parámetros más bajos que los vigentes en algunas entidades federativas.

El dictamen también suprime la posibilidad de liberación anticipada para quienes hayan sido condenados por extorsión y precisa que los recursos obtenidos por decomisos o extinción de dominio deberán destinarse preferentemente a la reparación del daño de las víctimas.

Finalmente, el Senado propone que cada estado cuente con unidades especializadas en extorsión, integradas por ministerios públicos, policías y analistas capacitados y certificados. Mientras estas unidades se conforman, la FGR y las fiscalías estatales deberán apoyarse temporalmente en las unidades especializadas en secuestro.

18 noviembre, 2025

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