En su informe final de actividades, con el que además termina formalmente el trabajo de la Comisión de Investigación sobre el Caso Monex, legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), concluyeron que en la campaña presidencial de 2012, Peña Nieto -abanderado de la coalición “Compromiso por México”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- gastó 13 veces más del tope permitido por la ley electoral.
La comisión argumenta que el total de gasto erogado por Peña para conseguir la presidencia y que no fue reportado al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), asciende a 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos. Estos recursos no fueron fondeados únicamente a través de las tarjetas Monex, sino con otros 26 tipos de plásticos, en una “triangulación con más de 35 empresas fantasma que inyectaron recursos, mismos que se desconocen de donde provenían”.
Cabe señalar que el tope de gatos para la campaña presidencial, establecido por el IFE era de 336 millones 112 mil 84 pesos con 16 centavos; por lo que el PRI y Peña Nieto rebasaron esta cantidad por 4 mil 263 millones 835 mil 749 pesos con 84 centavos.
Los diputados Roberto López Suárez y Julisa Mejía Guardado, del PRD; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, señalaron que, a pesar del esfuerzo por realizar una investigación seria y profunda sobre Monex, las operaciones financieras, el dinero involucrado y su relación con el financiamiento de la campaña de Peña, se presentaron varios factores que han impedido avances importantes, entre ellos: el acotamiento en la capacidad de investigación, el nulo acceso a documentos e información sobre la triangulación de recursos financieros y la posible participación de empresarios que no pueden ser llamados ni a una mesa de trabajo por la Cámara de Diputados.
Aunado a esto, los legisladores señalan que “las comisiones de investigación se encuentran a merced de la voluntad política de la mayoría que la integra, es decir el PRI. Con la inasistencia de estos legisladores, la comisión que investiga el caso Monex simplemente no sesiona, evitando un avance sustancial en las diligencias”.
El diablo está en los detalles
La aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados para la creación de la comisión, se dio -luego de varios intentos del PRI y del Verde por desecharla- el 27 de noviembre de 2012.
La comisión se propuso “investigar las presuntas operaciones ilícitas que realizaron diversas empresas fantasmas, a través del grupo financiero Monex, con el objetivo de financiar la campaña presidencial de Peña Nieto”.
Para lograr su cometido, la comisión buscó entablar diálogo con el titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Conducef), el exdiputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mario Alberto Di Costanzo.
El 23 de enero de 2013 se realizó una mesa de trabajo con el funcionario, quien según el informe presentado, “se dedicó a exponer razones, por la cuales no podía intervenir en el caso Monex”; sin embargo, antes de ser nombrado titular de la dependencia, Di Costanzo –quien durante la LXI Legislatura se caracterizó por ser uno de los legisladores más críticos a la administración de Felipe Calderón- afirmó que “la operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero”.
Un día después, se efectuó una reunión con Alfredo Cristalinas Kaulitz, titular de la Unidad de Fiscalización quien afirmó a los diputados que, en caso de encontrar algún tipo de irregularidad, se giran los oficios a las dependencias correspondientes, sin haber profundizado en mayores detalles, a pesar de que él sí cuenta con las atribuciones legales y jurídicas.
“Cabe destacar que durante esta mesa, Cristalinas Kaulitz dijo al presidente de la comisión investigadora que, hasta ese momento, todas las diligencias que constaban en el expediente no habían sido corroboradas, pues él no actuaba como Ministerio Público”, detalla el informe.
Tras las reuniones, se volvió a dar una intentona del PRI de dar por concluidos los temas, argumentando que la comisión de investigación carecía de materia de trabajo, dado que la Conducef estaba impedida legalmente para investigar a Monex y sus operaciones financieras y la Unidad de Fiscalización, “se encontraba realizando las diligencias correspondientes y por lo tanto no podía revelar ningún tipo de información”.
Sin embargo el asunto no quedó ahí; a los legisladores de oposición se acercaron exempleados de Monex –quienes pidieron mantener anónima su identidad por razones de seguridad- que dieron testimonio del funcionamiento de la empresa.
“Era mayo cuando supe de la situación. En la conciliación de abril, no se había podido justificar un depósito grande de millones, no se tenía identificado a qué cliente correspondía. Al empezar a hacer el análisis fue como nos enteramos, por órdenes de los jefes del área, que era del PRI; que no lo tocáramos. Fue así como el rumor empezó a correr en el área. Al consultar con el ejecutivo de la cuenta confirmó la información y además dijo que no iba ser el único, que harían más depósitos. En nuestra área se autorizaban las dispersiones (cargas de saldos), las cuales, en específico de las empresas citadas, eran poco comunes para una razón social privada; subían los archivos con cargas de saldos altos y así mismo, también sus depósitos (pagos) fueron cayendo poco a poco. Por la ocupación que desempeñaba en la empresa, tuve acceso a los documentos como facturas y archivos con los depósitos. Por haberme enterado de esas cosas fui despedido”, consigna el informe sobre uno de los testimonios.
Durante la investigación, los legisladores se percataron que, de manera constante, surgían nombres de empresas que habrían sido las responsables de proporcionar o recibir el dinero que se transfirió a través del grupo financiero Monex: Atama, Inizzio, Koleos y Tiguan.
Ante este hecho, legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC), plantearon la posibilidad de invitar a una mesa de diálogo a los principales accionistas de Atama e Inizzio: Ramón Paz Morales y Juan Oscar Fragoso Oscoy, así como a su representante legal, Alejandro Jaen Pérez Lizárraga.
En representación Koleos y Tiguan, se invitó a Juan Antonio Hodrogo Guerra y a Luz María Viveros Balero -únicos accionistas- además de Demetrio Jordenn Sabat, quien funge como comisario en ambas empresas. Las empresas nunca dieron una respuesta, además de que el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza (NA) se opusieron a cualquier intensión de preguntar directamente a los involucrados, lo que los diputados de oposición señalan como una prueba de que “no existió voluntad de investigar”.
Control de daños
El pasado 27 de junio de 2012, el todavía IFE, reconoció que las tarjetas interceptadas a miembros de la estructura electoral del PRI, formaban “parte de una serie de 9 mil 924 tarjetas que una persona moral, de carácter mercantil, contrató con Monex” y que “el monto total fondeado a las 9 mil 924 tarjetas, asciende a 70 millones 815 mil 534 pesos.”
El informe final de la comisión señala que “la Unidad de Fiscalización obtuvo: ‘información cierta de que el PRI adquirió 9 mil 224 tarjetas de prepago ´Monex recompensa´; sin embargo, los supuestos ‘servicios financieros’ dan cuenta de 7 mil 224 tarjetas, primer incongruencia que revela la construcción de pruebas y maniobra de apariencia de licitud”.
Los legisladores del PRD y Morena sostiene que “al quedar al descubrimiento dicho financiamiento oculto e ilícito, el PRI se abocó a realizar un control de daños con el beneplácito de la autoridad electoral, que le permitió reducir en más de 20 millones, el financiamiento descubierto”, quedando este en 50 millones 508 mil 891 pesos.
De acuerdo a la investigación, el “control de daños” se hizo de la siguiente forma: ocultando el total de las facturas expedidas por Monex a la empresa Inizzio, a pesar de que el PRD aportó 19 facturas por 68 millones 317 mil 54 pesos; suprimiendo 1 mil 373 tarjetas a las que argumentan que no se transfirieron recursos, quedando en 7 mil 851 las sí utilizadas.
Según estos datos, el PRI “reconoce 66 millones 326 mil pesos en 7 mil 224 tarjetas que no puede recuperar; para lo cual construye pruebas con un entramado de intermediarios con contratos de prestación de servicios, de mutuo y comisión mercantil para aparentar un crédito y relación indirecta entre el PRI y la empresa Inizzio que contrató con Monex”, detalla el informe.
Después, el tricolor logró que se redujera el monto de lo destinado en las 7 mil 224 tarjetas, quedando en 57 millones 318 mil 609 pesos.
“Finalmente el IFE sólo toma las operaciones al último día de campañas, por un importe de 50 millones 508 mil 609 pesos que se dispuso cuantificar a los gastos de campaña”, dice el texto presentado por los diputados.
El tema Monex sigue vigente:
En enero del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) reabrió el expediente de investigación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero contra las empresas que serían las probables responsables de financiar los monederos electrónicos de Monex, con que el PRI operó la campaña de Peña Nieto.
En tanto, la Unidad de Fiscalización ha girado 639 oficios a diversas dependencias y autoridades para solicitarles información relacionada con el caso.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó “una red criminal de lavado y simulación de contratos, que habría triangulado 23 millones de pesos a los monederos priistas”, denunciaron los legisladores.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en la lista de empresas que expiden facturas fraudulentas, a 16 vinculadas a una red delictiva que inyectó fondos a los monederos electrónicos del PRI en 2012.
El informe final sostiene que de las 163 empresas listadas en el oficio 500-05-2014-1175 del SAT, el 10 % está relacionada con la trama financiera ilegal que, de acuerdo a una indagatoria de la PGR, presumiblemente encabeza Eduardo Felipe Moisés Salomón, investigado desde el sexenio pasado.
“En el documento divulgado por el administrador central de Fiscalización Estratégica, Carlos Enrique Borja Duarte, aparece EDICOM Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales. Con base en información oficial, a través de depósitos de la red de empresas vinculadas a EICM, Raúl Álvarez Longoria y Ricardo Mauro Calzada Cisneros inyectaron 23.2 millones de pesos a los monederos electrónicos Monex de la campaña de Peña Nieto”, se puede leer en el informe.
“Una de las involucradas con la red de lavado y venta de facturas relacionadas con el financiamiento a partidos políticos litiga para descongelar sus cuentas bancarias y que le devuelvan dinero asegurado por la PGR. Natalia Nava Guzmán, una mujer de 33 años que movilizó en cuatro años más de 431 millones de pesos en sus cuentas bancarias para las empresas vinculadas con Edicom, demandó la protección de la justicia al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia de amparo penal del DF. En su demanda de garantías 1040/2013, la joven pidió dejar sin efecto un acuerdo que emitió la PGR, en el que reiteró el aseguramiento de sus cuentas bancarias en el marco de las indagatorias UEIORPIFAM/AP/167/2012 y UEIDEFF/FISM16/265/2012”, detalla.
La primera averiguación previa en contra de Nava Guzmán, a cargo de la SEIDO, fue iniciada por lavado de dinero; la segunda corre a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, que investiga una defraudación fiscal. Las cuentas aseguradas a Natalia Nava Guzmán son la 177302169 en BBVA Bancomer y la 60538501295 en Santander. En esas cuentas recibió depósitos de empresas vinculadas a la red de Edicom que inyecto recursos a los monederos del PRI.
Comisiones maniatadas
En el documento presentado, los legisladores del PRD y Morena, sostienen que “la situación jurídica en la que se encuentran inmersas las comisiones de investigación las han relegado a espacios enunciativos, sin consecuencias políticas y mucho menos penales. Por la naturaleza de estas comisiones, requieren de facultades especiales o extraordinarias que les permitan realizar de manera integral su trabajo”.
Para cambiar esta situación, los diputados federales que están por dejar su cargo, proponen que el alcance de las comisiones sea más amplio; establecer una relación clara y precisa con el poder judicial, para que este actué en caso de que la comisión de investigación encuentre elementos de un delito cometido por servidores públicos, representantes populares e incluso actores privados como las empresas o bancos.
También proponen que se faculte a las comisiones para solicitar información a cualquier institución pública y que se obligue a las mismas a responder, además de contar con capacidad para llamar a comparecer a cualquier funcionario público o persona que pueda estar involucrada en el caso que se investiga.
