Morelia, Michoacán.-A ocho años de que la LXXI Legislatura local aprobara la desincorporación de 440 hectáreas de la Isla de La Palma; después de una serie de escándalos por la especulación de terrenos en El Cayacal por parte de autoridades estatales y empresarios; luego de no poder concretar el sinnúmero de planes y proyectos para detonar el desarrollo en el Puerto de Lázaro Cárdenas, finalmente el Estado optará por dejar en manos de la Federación la responsabilidad en el asunto.
La iniciativa del gobierno presidencial de crear zonas económicas para potenciar el desarrollo en diferentes puntos del país, es ahora el argumento para volver a solicitar al Congreso local la desincorporación de tierras en La Palma, así como de El Cayacal.
La propuesta del gobernador Silvano Aureoles Conejo ya fue turnada este jueves por el Pleno del Congreso a Comisiones para su dictaminación, y ahí plantea que los terrenos que anteriormente fueron desincorporados y se manejan mediante el Fideicomiso 406 (antaño 2112), sean transferidos al gobierno federal.
Historia añeja
En la recta final de su administración, Lázaro Cárdenas Batel turnó a la LXX Legislatura una solicitud para la desincorporación de 183 hectáreas en La Palma, cien de ellas se utilizaron para el Recinto Fiscalizado Estratégico y de las otras 83 se desconocía su finalidad, no obstante el Congreso del Estado determinó en 2007 autorizar la petición del mandatario.
En la recta inicial de 2008, Kansas City Southern empezó a presionar a las autoridades para lograr a su favor la titulación de terrenos, ya que la empresa tenía proyectado iniciar en abril de ese año su terminal ferroviaria en Lázaro Cárdenas.
Es así como la administración de Leonel Godoy Rangel atendería las pretensiones de la empresa estadounidense, turnando en julio de 2008 a la LXXI Legislatura local una iniciativa para desincorporar 440 hectáreas de La Palma para el Fideicomiso 2112.
La controversia no se hizo esperar pues Kansas City pretendía que el Estado le vendiera 181 hectáreas para un patio de maniobras, posesión que además le permitiría gestionar financiamientos a su favor.
Además el asunto se complicaba con el tema de los ejidatarios que permanecían en La Palma, algunos de ellos argumentaban la posesión de la tierra, aunque la expropiación del lugar se dio en 1982 por el entonces presidente José López Portillo. Después vendría el pago de liquidaciones a ejidatarios, tanto por los predios como por los valores distintos a la tierra, aunque en esos procesos existieron irregularidades que dejaron fuera a algunos propietarios.
La discusión del tema de La Palma en el Congreso local permaneció tras bambalinas hasta octubre de 2008, cuando el entonces presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Congreso, Librado Martínez Carranza calificó de alto impacto ambiental el desarrollo proyectado en el lugar.
La versión del legislador se corroboraría con un estudio elaborado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente en donde se reconoció un impacto negativo de mediano a grande con características acumulativas y sinérgicas al balance natural de la Isla de La Palma.
A pesar de ello la dependencia salió en defensa del proyecto de desarrollo y lo avaló.
La polémica se desbordó cuando se conoció que Kansas City compraría apenas en 18 dólares el metro cuadrado de un lugar estratégico no sólo para el desarrollo estatal, sino también nacional. Incluso trascendió que el gobierno estatal ya había recibido un anticipo de un costo final que fluctuaba entre los 23 y 25 millones de dólares por las 181 hectáreas a pesar de no contar con el permiso del Congreso.
Las dudas sobre el interés personal del entonces secretario de Desarrollo Económico, Eloy Vargas Arreola eran otro elemento en la discusión, ya que se señalaba que el funcionario tenía interés por sus vínculos empresariales, incluso trascendió su intención en invertir en La Palma.
Los meses fueron transcurriendo sin que en la Cámara local hubiera consenso, en tanto Eloy Vargas era removido como titular de la Sedeco y en su lugar entró Isidoro Ruiz Argáiz quien logró cristalizar la propuesta del Ejecutivo.
Con el paso del tiempo la postura entre los legisladores se iría suavizando, ya que de inicio hasta la bancada del PRD se oponía a la iniciativa de Godoy Rangel.
Para entonces se suscitarían versiones de que el gobierno estatal había desembolsado dos millones de pesos por diputado para lograr su voto a favor de la propuesta, incluso, meses después se darían a conocer fichas de depósitos bancarios a favor de algunos legisladores.
El hecho fue que las reticencias legislativas por la desincorporación se difuminaron y la Cámara acabó por avalar la propuesta del Ejecutivo con algunas modificaciones.
En la pasada legislatura, la LXXII, se aprobaría a propuesta de los entonces diputados Silvia Estrada Esquivel, Alfonso Martínez Alcázar, Eduardo Orihuela Estefan, y Antonio Sosa López una comisión especial de seguimiento al caso de La Palma por las irregularidades detectadas.
En julio del 2014 la hoy contralora estatal, Silvia Estrada denunciaría que prácticamente la totalidad de las empresas que acordaron invertir en el lugar incumplieron en algún punto con los convenios que signaron en su momento.
A su vez Sarbelio Molina Veles quien formaba parte de la Comisión Especial reportó que en El Cayacal administraciones estatales anteriores comerciaron lotes con exfuncionarios, empresarios, políticos a minúsculas sumas, y que continuaba la venta de lotes aunque a precios más elevados que antaño.
Para entonces Molina Veles señalaba que eran 115 lotes -de 116- los vendidos en El Cayacal, en un parque industrial totalmente bardeado y con todos los servicios. Apuntaba que los terrenos vendidos previos al 2013 habían sido rematados a 25 pesos el metro cuadrado, mientras que los adquiridos entre 2013 y 2014 tuvieron un precio de 50 dólares el metro cuadrado.
Para el 2015 trascenderían los nombres de quienes habían adquirido a remate predios en El Cayacal. La información dada a conocer entonces apuntaba que quienes adquirieron terrenos a 25 pesos el metro cuadrado fueron el empresario José Luis Dueñas con más de cien mil metros cuadrados; Jade Logistic & Commer S.A. de C.V. (de José Luis Dueñas Corona) con 98 mil 380 metros cuadrados); Germán Oteiza con un predio de 60 mil metros cuadrados; Aurreski S.A. de C.V. (de Germán Oteiza Figaredo) con un predio de 14 mil 67 metros y otro de 48 mil 514 metros cuadrados; y Gasomich Tarasca, S.A. de C.V. (de Maniel Nocetti Tiznado) con 38 mil 613 metros cuadrados.
Los terrenos adquiridos a 50 pesos el metro cuadrado habrían ido a manos de José Antonio Garrido Mejía con diez mil 327 metros cuadrados; Alfredo Álvarez Arzate, con seis mil 467 metros cuadrados; Carlos Rico Silva, con cuatro mil 757 metros cuadrados; Servicios Aduanales Luis Hoyo S.A. de C.V.(de Luis Hoyo García) con 18 metros; Everardo López García, con mil metros cuadrados; Gustavo Roberto Carmona, con seis mil 473 metros cuadrados; Fomento de Desarrollo Empresarial Mexicano S.A. de C.V. (de José Salvador Rosas Quintanilla y Eduardo Arnoldo Garza Robles), con cuatro mil 966 metros cuadrados; y Promilac S.A. de C.V. (de Luis Hoyo García), con 28 mil metros cuadrados.
Además José Martín Carmona Flores adquirió mil 800 metros cuadrados a sesenta pesos cada uno; Francisco López Ortiz, seis mil metros cuadrados a 70 pesos; Jade Logistic & Commer S.A. de C.V. (de José Luis Dueñas Corona) obtuvo ocho mil 290 metros cuadrados a 75 pesos cada uno; Fernando Mandujano Méndez, a ochenta pesos el metro cuadrado un total de 600; Comercializadora de BR S.A. de C.V. (de Leticia Rosales Herrera), con 11 mil 250 metros cuadrados a 89.89 pesos cada uno; y Oscar Miguel Sandoval Arena, con cinco mil metros cuadrados a cien pesos.
Arrendadora Gala S.A. de C.V. (de Marcelino Galeana Ávila) adquirió tres mil 700 metros cuadrados a 150 pesos cada uno; en tanto que, Salvador López Suárez, adquirió mil 200 metros cuadrados a 210 pesos cada uno.
Otro grupo de 15 propietarios adquirieron sus terrenos a 250 pesos el metro cuadrado, se trata de César Germán Rosas Guzmán con mil 250 metros cuadrados; Francisco Vega Fernández con mil 200; Transportes Integrados de Michoacán S.A.de C.V. con mil 250 (con Roberto Escalantes Hernández como representante legal); Trasporte Lobo S.A. de C.V. (de Abel Salazar Gómez), con nueve mil 75; Martín Torres Causor, con mil 250; el Sindicato Único de Trabajadores Choferes, Operadores para el Trasporte, Maniobra de Materiales, Carga, Construcción en General, Similares y Conexos del Estado de Michoacán CTM, con mil 703 metros cuadrados; María Trinidad Cisneros Medina, con mil 250; FERREYCO S.A. de C.V. (de Benjamín Rodríguez Álvarez), con mil 250 metros; Alejandro Rubio Nuño, con mil 250; MG Construcciones y Servicios Industriales Integrales S.A. de C.V. (de Jorge Chavarría Rodríguez), con mil 707; Construcciones SYSMA S.A. de C.V. (de Marco Antonio Campos Vega), con 250 metros; Alfonso Cortés Leal, con seis mil 588; Mariano Ortega Sánchez, con dos mil 341; y Especializado SAGOT S.A. de C.V. (con Víctor Manuel Sánchez Ramírez como apoderado legal) con diez mil metros cuadrados.
Bertha Alicia Morales Estrella adquirió mil 250 a 310 pesos; mientras que, Lechera Guadalajara S.A. de C.V. adquirió cuatro mil 963 metros cuadrados a 321 pesos cada uno.
Finalmente seis propietarios adquirieron a 330 pesos el metro cuadrado: Constructora Sur de Michoacán S.A. de C.V. (Alejandro Valverde Gama como apoderado legal), con 600 metros cuadrados; La Palma Apoyo Logístico S.A. de C.V. (presidido por J. Guadalupe Ramos Ramos), con seis mil 667; Gustavo Rangel Jiménez con mil 827; MOVIEX-PRESS S.A. de C.V. (de Pablo Martínez Gómez Tagle), con 760; PACIFIC SUPPLY/Logistic S.A. de C.V. (de Pablo Antonio Olliviers Pages), con dos mil 500; y Macario Guerrero de León, con cuatro mil 85 metros cuadrados.
Nuevo intento
En la propuesta turnada por Silvano Aureoles al Congreso, el mandatario refiere la necesidad de que el Fideicomiso 406 cambie su objeto, para ahora desarrollar la Zona Económica Especial del puerto de Lázaro Cárdenas, cumpliendo los requisitos que establece la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
La referida norma señala que la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de Zonas Económicas Especiales se realizará por el sector privado o, en su caso, por el sector público, en bienes inmuebles de propiedad privada o en inmuebles del dominio público de la Federación.
“En virtud de su objeto público como área prioritaria del desarrollo nacional, los inmuebles de la Federación en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales, se consideran comprendidos en el supuesto a que se refiere el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales y, conforme a lo previsto en el artículo 9 de dicha Ley, se sujetarán exclusivamente a las leyes federales y a la jurisdicción de los poderes federales”.
Es así como Aureoles Conejo apunta en su iniciativa la necesidad de que el Fideicomiso 406 transfiera al Gobierno Federal el bien inmueble que fue desincorporado del patrimonio estatal mediante los decretos legislativos No. 83 y No. 211, con la finalidad de que se desarrolle la Zona Económica Especial del puerto de Lázaro Cárdenas, “en la cual se podrán realizar actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico; la prestación de servicios de soporte a dichas actividades como servicios logísticos, financieros, informáticos, profesionales, técnicos y de otra índole que se consideren necesarias, así como la introducción de mercancías para tales efectos”.
