Morelia, Michoacán.- Durante el año 2016, el estado de Michoacán redujo hasta en un 44 por ciento el número de policías estatales y municipales que conforman el sistema de seguridad pública, esto lo coloca como la entidad que registró mayor deterioro en sus policías y puntuaciones más bajas en el Índice de Paz México 2017, estudio publicado recientemente por el Institute for Economics & Peace.
De acuerdo al análisis realizado para identificar los factores que impulsan la paz, Michoacán y Colima sufrieron el año pasado, un recorte sustancial del 44 y 36 por ciento, respectivamente, en la cantidad de personal policial con el que contaban en anualidades anteriores.
El Índice de Paz México 2017, que retoma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refiere que en el caso de Michoacán, la tasa estatal de policías por cada 100 mil habitantes pasó de 236, en 2015, a 133 en 2016, lo que equivale a una reducción del 44 por ciento en el número de policías.
Contrario al declive que registró Michoacán en su fuerza del orden público, Coahuila y Chihuahua fueron los estados que más aumentaron sus cuerpos policiales entre 2015 y 2016. El primero incrementó a más del triple, (de 110 efectivos a 415 por cada 100 mil habitantes), mientras que Chihuahua elevó su número de policías en un 47 por ciento.
Percepción sobre las policías de México
Aunado a la capacidad operacional de las policías, los casos recurrentes de conducta impropia por parte de elementos policiales han contribuido a generar altos niveles de desconfianza ciudadana hacia ella.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y la tortura que ejercieron policías municipales de Tanhuato, Michoacán en contra del líder de autodefensas Enrique Hernández Saucedo, son solo dos ejemplos que menciona el IPM 2017.
Otro caso no mencionado por el estudio de Índice de Paz México, es el ocurrido el pasado miércoles en la comunidad de Arantepacua, Nahuatzen en Michoacán, donde un enfrentamiento entre policías estatales y comuneros arrojó un saldo de cuatro civiles fallecidos. La Comisión Nacional de Los Derechos Humanos ya investiga el suceso, pues hay evidencias de que participaron fuerzas de seguridad federales y que hubo violaciones a los derechos de los indígenas.
Las afirmaciones del IPM 2017, son sustentadas en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, en la que el 57 por ciento de la población consultada dijo tener poca o nula confianza en las policías de Tránsito, mientras que el 53 por ciento señaló lo mismo en cuanto a las policías municipales.
Otro soporte es la encuesta publicada en diciembre de 2016 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), en la que 66 por ciento de los participantes dijeron que creen que las fuerzas policiales están controladas por la delincuencia organizada y 56 por ciento de ellos perciben que la corrupción es la principal causa de este fenómeno.
Para el índice de Paz México 2017, la primera razón por la que las policías ceden a colaborar con la delincuencia organizada, es que sus niveles salariales no corresponden en absoluto a los altos riesgos que afrontan en su profesión. Los policías estatales y municipales tienen un sueldo medio de 9,236 pesos ($455) y 10,434 pesos ($514) al mes, respectivamente.
Además, los grupos de la delincuencia organizada, particularmente las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, ofrecen recompensas financieras que son ampliamente mayores que los salarios policiales.
En 2011, autoridades federales propusieron invertir 21 pesos extra por policía cada día (7,622 anuales) en la profesionalización de sus fuerzas policiales estatales y municipales, con lo cual se pretendería alejar a los policías de los grupos criminales, pero tal propuesta no sería suficiente, pues se estimó que las redes de narcotráfico ofrecían pagos extra de hasta 233 pesos diarios, lo que equivale a diez veces más la oferta del gobierno federal.
