Morelia, Michoacán. El Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia determinó postergar su determinación en torno a si reconoce o no a los integrantes del gremio periodístico en Michoacán como víctimas indirectas en el caso que se sigue por la desaparición del comunicador Salvador Adame Pardo, ocurrida el pasado 18 de mayo en el municipio de Múgica.
Lo anterior a partir de la demanda promovida el pasado 31 de mayo por cerca de 90 periodistas quienes, buscan acceder mediante su representante legal al proceso de investigación, pues sostienen que es ahí donde se dan los actos de impunidad en los casos de desapariciones, asesinatos y agresiones a periodistas.
El martes los denunciantes fueron notificados sobre el acuerdo tomado por Tammi Anguiano Zamudio, agente tercera del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría.
Conforme a los comunicadores la autoridad ha decidido alargar su determinación en torno a si los declara o no víctimas indirectas, lo que entorpece la ruta legal que se han planteado como gremio periodístico.
“En caso de ser reconocidos como víctimas indirectas con base a lo establecido en los artículos 108 y 109 de Código Nacional de Procedimientos Penales, tendríamos acceso a través de nuestra representación legal en el proceso de investigación que es donde se gesta la impunidad en los casos de periodistas desaparecidos o asesinados que existen en el país. En el asunto que nos ocupa sería en relación a la desaparición de nuestro compañero Salvador Adame Pardo, ocurrido el pasado 18 de mayo y del que el día de mañana se cumplen tres semanas de ocurrido”, refieren en un comunicado.
Y agregan: “En caso de que el Ministerio Público determinara no reconocernos como víctimas indirectas, tendríamos la posibilidad de recurrir al juicio de amparo para que sea una autoridad jurisdiccional la que determine. Sin embargo la Procuraduría General de Justicia determinó alargar el asunto antes de tomar una determinación”.
Apuntan que el Ministerio Público determinó mandarlos llamar por separado para determinar su cercanía con Salvador Adame Pardo y someterlos a exámenes psicológicos para determinar su grado de afectación en lo particular, lo que observan como un intento de manipulación e intimidación para evitar el reconocimiento de su carácter como víctimas indirectas, “como periodistas la desaparición de cualquier compañero de gremio nos deja un sensación de incertidumbre, zozobra, temor a que nos pueda ocurrir a cualquiera”.
Los comunicadores repudiarían la postura asumida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado, a la cual el Ministerio Público requirió opinión sobre el particular la cual, misma que rechaza su condición de víctimas indirectas en el caso de nuestro compañero Salvador Adame Pardo.
