La Fiscalía General de la República investiga a Rosario Robles por un caso más. Lo anterior ante el contrato de 77.8 millones de pesos para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas de la Sedesol, de las cuales hay evidencia que sólo se aplicaron 15% del total.
En esta indagatoria también son investigados el ex Oficial Mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa y el ex director general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, por la autorización del pago.
Además de el ex coordinador de Delegaciones, Simón Pedro de Léon Mojarro quien era el encargado de darle seguimiento a los trabajos, y José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, quien proporcionó las bases de datos.
Este caso deriva del convenio de coordinación suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.
El 8 de diciembre del mismo año la Sedesol hizo el pago a la UAEM por la suma acordada. No obstante cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó este convenio, encontró que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, es decir, el 15.6%.
La mayor parte del universo de esta encuesta, 2 millones 542 mil 135, eran beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario; 1 millón 491 mil 194 del Programa de Pensión para Adultos Mayores y 2 millones 915 mil 633 del Programa de Abasto Social de Leche.
En total con los tres programas son 6 millones 948 mil 962 registros, no obstante la ASF detectó que un millón 330 mil 352 registros estaban repetidos de 2 a 408 veces cada uno, lo que hizo sospechar que los entregables de este contrato eran fraudulentos.
Además de ello la ASF es que el 28 de noviembre de 2014 la Universidad subcontrató estos servicios con la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed por 73 millones 160 mil pesos, un monto muy superior de lo que la ley permite subcontratar.
