Derechos Humanos


Agresiones a periodistas no son prioridad en el Congreso, omiten Fiscalía

Las agresiones contra periodistas en Michoacán no son prioridad para el Congreso local, tanto que en el dictamen que contiene la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, los diputados locales optaron por omitir la incorporación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

El dictamen que contiene la nueva norma, fue aprobado este miércoles por la Comisión de Justicia y en él se deja fuera la referida Fiscalía, sin que en sus declaraciones del porqué los diputados tuvieran claridad del asunto y pese a que en México el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo al nivel de Siria y Afganistán.

La organización Artículo 19, ha documentado el asesinato de 122 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. Del total, 113 son hombres y 9 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato de Enrique Peña Nieto y dos en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En las tres iniciativas de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que en su momento presentaron Morena, PRD y PRI, sólo en ésta última se planteó la incorporación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Tras el asesinato del periodista michoacano Salvador Adame Prado en mayo de 2017, una de las exigencias del gremio periodístico en la entidad fue la creación de la Fiscalía Estatal, tanto que, ese mismo año el Gobierno Estatal se vio forzado a plantear tal posibilidad.

De hecho el pasado once de diciembre en una reunión que sostuvieron los integrantes de la Comisión de Justicia con Israel Patrón Reyes, coordinador general de las fiscalías regionales de la Procuraduría, éste dio línea a los legisladores al recomendarles no integrar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, bajo el argumento que representaba duplicidad de funciones con la federal.

Cabe apuntar que en la actualidad es la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía de Alto Impacto en la Procuraduría la que atiende estos casos, y de acuerdo con datos proporcionados por la dependencia, hasta el momento registra dos asuntos por abuso de autoridad, uno por allanamiento de morada, nueve por amenazas, y cuatro por ataques al honor.

Frente al problema de las agresiones a periodistas, a la libertad de expresión y la manera en que esto impacta de manera negativa el derecho a la información de los mexicanos, en diferentes estados de la República se ha replicado el esfuerzo para crear sus propias Fiscalías Especializadas.

“Los ataques en contra de los periodistas, en un contexto de violencia generalizada, requiere una forma específica de reconocimiento, atención y respuesta. México ha introducido legislación e instituciones a niveles federal y estatal dedicadas a la protección de periodistas. Saludamos estos avances”, apunta en su informe el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta que hicieron a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre 2017.

“En todas nuestras juntas con periodistas y los actores de la sociedad civil, nos enteramos sobre sus preocupaciones por la falta de independencia de fiscales públicos a nivel local y federal y la necesidad urgente de legislación que establezca fiscalías públicas autónomas, transparentes y efectivas que garanticen una investigación genuina para estos crímenes”.

“La violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década y a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”, dijeron David Kaye y Edison Lanza, Relatores Especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.

En el caso de Michoacán este contexto no incidió en la determinación de los diputados para incluir la referida Fiscalía Especial dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

Diputados sin claridad

El presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Salas Valencia reconoce el riesgo que entraña en la actualidad el oficio periodístico “como el de muchos otros, pero fue un consenso (la omisión de la Fiscalía) el de la Mesa Técnica el que lo quitáramos de la Ley, pero hay algunas otras normas que precisamente los protegen”.

El legislador de extracción panista insinuó tratamiento especial en el caso de periodistas dentro de otros ordenamientos, “son de los gremios que tienen rubros especiales donde se les protege”.

-¿No es un mal mensaje del Congreso suprimir la Fiscalía?

“No, creo que no, lo que buscamos es que la Fiscalía General sea una Fiscalía fuerte, no súper poderosa, que atienda a todos los sectores, al final yo sé y sabemos que el sector periodístico ha sido muy vulnerable no sólo en Michoacán sino también en otros estados, pero no sólo ustedes sino otros muchos sectores”.

La legisladora perredista Araceli Saucedo Reyes –que también forma parte de la Comisión de Justicia- consideró que la omisión de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión “como muchos otros temas, son motivo de análisis.

“Creo que estará reglamentado y creo que quien cometa en su momento o conlleve algún acto y demás tendrá finalmente que ser sancionado, independientemente de quien sea, del grupo que se trate creo que tendremos una Ley Orgánica fortalecida”.

A juicio de la Legisladora las agresiones a periodistas no precisan tratamiento especial, “no hay ni primera, segunda en ningún sector, todo debe ser atendido conforme al acto que se presente”.

Fermín Bernabé de Morena, quien también integra la Comisión de Justicia, señala que el asunto de la Ley de la Fiscalía General no está cerrado y aún podrán proponerse modificaciones en la sesión de Pleno del jueves en la que se someterá a discusión y votación.

Sin embargo tampoco muestra claridad en torno a la discusión nacional e internacional del porqué los delitos contra periodistas precisan un tratamiento especial.

“Lo que nosotros tratamos fue analizar la Ley de la Fiscalía General de la República y vimos en Michoacán qué es lo que podíamos poner. En el dictamen viene una figura como son las Fiscalías Especiales en las que se ve si un específico de la población, en este caso los comunicólogos o periodistas tienen un alto índice de problemática, pues tendrá que hacerse”.

Por su parte el diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade refiere que el tema de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión es uno de los asuntos que debe revisarse, “me parece que mis compañeros diputados de la Comisión se van muy de liso, tienen prisa, sin duda habrá cosas que nos vamos a reservar en tribuna, uno de ellos el tema de la Fiscalía de delitos contra periodistas.

“Como Congreso tenemos la responsabilidad de sacar adelante una Fiscalía General no a modo ni como un traje a la medida, sino que funcione y entregue mejores resultados que la Procuraduría”.

En tanto el coordinador parlamentario de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que Morena reservará algunos artículos el día de la sesión para que la Ley quede de manera integral en cuanto al tema de las Fiscalías Especiales, incluido el de la libre expresión y agresiones a periodistas.

“Hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador vimos como un periodista le informa que fue secuestrado y golpeado haciendo su labor, así que me parece que es muy necesaria esta Fiscalía Especial y la vamos a incluir”.

5 febrero, 2019
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