Cesar Vázquez / @LetraMia
Morelia, Michoacán.-En Michoacán los feminicidios van al alza según los registros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que en 2009 registró 79 muertes dolosas contra mujeres, mientras que en 2012 se registraron 111, y el 2013 cerró con más de 120.
Ante el evidente aumento de crímenes cometidos contra mujeres, donde su principal agresor es su pareja o su cónyuge, se han buscado alternativas de prevención contra los feminicidios, como una ‘Alerta de Género’ que desde inicios del año viene proponiendo la diputada del PRD, Cristina Portillo Ayala.
De acuerdo a la presidenta de la comisión de Equidad de Género, esta medida consiste en dotar de mayor atención a las féminas en situación vulnerable, luego de que según los registros muchas de ellas han sido asesinadas luego de haber interpuesto una denuncia contra su agresor.
Exigió que se ponga en marcha toda la maquinaria jurídica y judicial desarrollada para brindar protección a las mujeres en este tipo de situación, sobre todo para que se les brinde resguardo y seguridad una vez que denuncien.
Esta petición obedece a que existe un patrón de comportamiento donde muchas mujeres son asesinadas entre 24 y 72 horas después de que pidieron una asistencia judicial, auxilio que a veces nunca llega.
Este tipo de atentados contra las mujeres se caracteriza porque el agresor las ataca de manera dolosa ante una evidente vulnerabilidad de su pareja, no están relacionados con crímenes organizados o con otro tipo de agresiones indirectas.
Ante todo ello, la responsabilidad o desatención institucional hacia las mujeres recae ante la Secretaría de Gobierno al vincular que la violencia contra las mujeres en Michoacán es causado en parte por la omisión institucional en la aplicación de la Ley en la materia.
Los homicidios dolosos contra las mujeres se agrava en las zonas de conflicto, como es Tierra Caliente, sin embargo se espera que estas cifras disminuyan una vez que ofrezca resultados el nuevo Centro de Justicia para Atención a las Mujeres, donde una de las premisas es dar celeridad a la aplicación las leyes y políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres.
