Morelia, Michoacán. Amnistía Internacional (AI) ya tiene presencia en Michoacán con la finalidad de replicar y hacerse “eco” de los informes realizados por el organismo en materia de derechos humanos, igualdad de género, feminicidios y alentar una cultura de la transparencia, sin descartar que en su momento pueda emitir recomendaciones específicas hacia autoridades locales en estos temas.
En entrevista telefónica con Raquel Aguilera Troncoso, representante de AI en México, señaló que el organismo trabaja además en los estados de San Luis Potosí, Jalisco, Chiapas, Querétaro, Guanajuato y Estado de México, en torno a temáticas específicas como alerta de género y feminicidios, dada la incidencia de estos fenómenos en esas entidades.
En el caso de Michoacán, precisó, no hay un eje concreto aún, pero el activismo y difusión se centra en la situación que enfrentan refugiados a nivel mundial, al igual que llamar la atención sobre casos de agresión y hostigamiento contra periodistas.
Aguilera Troncoso manifestó que AI tiene presencia en 157 países en el mundo, donde la integración de estas representaciones se da a través de membresías y aportaciones de voluntarios; en su política está el no recibir recursos de gobiernos ni entidades oficiales, lo que garantiza su independencia de criterios y libertad de acción.
La representante en México de AI, destacó que a nivel nacional han emitido informes sobre alerta de Género, feminicidios y llevar un registro acerca de la situación de los derechos humanos, específicamente sobre desaparecidos y que de acuerdo con las cifras oficiales superan los 30 mil casos, misma que calificó como de “alta gravedad” para AI.
Sobre los informes emitidos por la organización, Aguilera destacó que se realizan bajo una metodología rigurosa, siendo el último de estos sobre la actuación arbitraria de las corporaciones policiacas en México, principalmente en contra de jóvenes y sectores considerados bajo vulnerabilidad.
Cuestionada al respecto, la representante señaló que sí se emiten recomendaciones a partir de estos informes; una de éstas se emitió a las autoridades federales y se planteó ante el Congreso de la Unión, con la finalidad de eliminar la figura de “arraigo” en los procesos judiciales, al detectar que la misma abre puerta a procesos irregulares y a la violación de garantías individuales con métodos como la tortura, la desaparición y hasta los homicidios.
