Asociaciones de animalistas piden veto de bolsillo al Gobierno del Estado de Michoacán para que detenga el decreto mediante el cual se expide la Ley de Derechos y Protección para los Animales, misma que fue aprobada el 22 de febrero de 2018, pero que es carente de contenidos sustanciales para sancionar el abandono, la crueldad, la proliferación sin control de animales de la calle, y no obliga a los Ayuntamientos a aplicar medidas de prevención contra el maltrato animal.
Esta ley ya está aprobada, con lo que entraría en vigor de manera inmediata, por lo que apelan al gobernador Silvano Aureoles Conejo, para que no se publique su decreto hasta que no sea revisada a cabalidad y se perfeccione, ya que de lo contrario se incurriría en un retroceso.
Esta ley fue una iniciativa de la diputada priísta Rosa María de la Torre Torres, pero pasó completamente desapercibida por las asociaciones en pro de los animales, tal como ocurre desde que la animalista Talía Coria decidió utilizar su activismo para lograr un puesto en el Gobierno Federal.
La iniciativa de la diputada del PRI sólo sugiere obligaciones para la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET), pero no establece obligaciones para los Ayuntamientos, pese a que son la autoridad directa que afronta los problemas sociales más sentidos como la proliferación de animales de la calle, sumado a que son pocos los municipios que cuentan con un centro canino o felino donde se puedan resguardar y tener un debido seguimiento estos animales.
A ello se suma que la SEMACCDET no cuenta con personal capacitado ni suficiente, ni con los recursos financieros necesarios para cumplir con los anhelos de Rosi de la Torre aprobados por el Congreso del Estado.
Este es uno de los motivos principales por los que organizaciones como la Asociación Michoacana Amigos de los Animales (AMICHA), exigen una ley sólida en este rubro, que sea contundente y no paja; ello implica también normar a las propias asociaciones animalistas y personas independientes, y no sólo mencionarlas de tener derecho a visitar los centros de atención para los animales.
La ley promovida por Rosi de la Torre tampoco abunda en reglamentos y sanciones para la cría y venta de animales, siendo este uno de los principales problemas que a diario denuncian los activistas cuando han rescatado animales incluso de establecimientos veterinarios donde se confina a las mascotas en condiciones degradantes.
Esta ley no refuerza tampoco los mandatos establecidos en el Código Penal del Estado de Michoacán, en el que hace un par de años se catalogaron algunos maltratos hacia los animales como delitos, pero no establecen los mecanismos para sancionarlos, que es lo que se esperaría de una iniciativa de ley en la materia.