Una reunión con el rector Raúl Cárdenas Navarro, solicitó formalmente desde el 10 de abril el Movimiento en Defensa de la Jubilación, el Estado de Derecho y la Autonomía Universitaria (MDJEDAU), “con el propósito de abordar la problemática por la que atraviesa nuestra institución, en relación con los compromisos contraídos con fecha 21 de diciembre de 2018, por la administración anterior”.
Sin respuesta hasta el momento por parte de Rectoría, la petición está firmada por la maestra Hilda Lelia Próspero Maldonado, Guillermo Campillo y Raúl Ortega González en su carácter de representantes del Movimiento, organización que ha planteado públicamente su oposición a que sea reformado el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad Michoacana, que es uno de los puntos que consideran los compromisos firmados por el anterior rector, Medardo Serna González, con el gobierno federal.
La negativa a cualquier cambio al régimen de pensiones, cabe señalar, proviene de un mandato del Consejo General de Representantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) al Comité Ejecutivo General del gremio, establecido en octubre del 2018. En los acuerdos firmados con la federación, además de plantearse la reingeniería administrativa en la Casa de Hidalgo, se destaca la necesidad de transparentar y rendir cuentas por parte de las autoridades universitarias, las que se comprometen a establecer un nuevo organigrama institucional, un proyecto de captación de recursos y “mejorar” el Régimen de Pensiones y Jubilaciones vigente.
Cárdenas Navarro, quien tomó posesión del cargo el pasado 8 de enero, se ha reunido con los integrantes del Comité Ejecutivo del SPUM, para plantear los compromisos contraídos institucionalmente, y aunque ha señalado su intención de hacerlo también con el Consejo General, máxima instancia de autoridad sindical, hasta el momento no lo ha hecho.
Cabe señalar que además del MDJEDAU, el Frente en Defensa de la Universidad Pública y algunos consejeros universitarios, le han reclamado a Cárdenas Navarro su falta de comunicación con los sectores de la institución, al igual que le cuestionan sobre cuál es el programa que pretende aplicar en su administración, la que además enfrenta observaciones derivadas de irregularidades en la Cuenta Pública 2017 por más de 200 millones de pesos, realizadas por las auditorias superiores de la federación y del estado.
