Jorge Cázares / @cazaresjorge72
Los sucesos violentos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en los que resultaron asesinados seis jóvenes, más de una veintena de heridos y 43 estudiantes normalistas hasta ahora desaparecidos, a manos de policías municipales de Iguala y Cocula, así como de bandas paramilitares, con la complacencia de los gobiernos municipal, estatal y federal y del propio Ejército Mexicano cuyo 27 Batallón de Infantería está asentado en esa misma región, no es un hecho aislado, forma parte del actual plan de terror y guerra de exterminio hacia la población, principalmente juvenil, que en los últimos años ha desatado y agudizado el régimen mexicano bajo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos.
Pero ¿Por qué tanto odio en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? ¿Por qué los mataron? ¿Por qué los cazaron como animales? ¿Por qué los desaparecieron? Son algunas de las preguntas que mucha gente se hace ante la brutalidad de los victimarios en estos trágicos acontecimientos que, propios y extraños, han calificado como un crimen de Estado y delito de lesa humanidad. Las respuestas tienen que ver con lo establecido en el primer párrafo, pero también con el odio y desprecio que el régimen político mexicano ha tenido históricamente, salvo raras excepciones, hacia los normalistas rurales, tanto estudiantes como maestros.
En efecto, las normales rurales, herencia de la Revolución Mexicana, consecuencia del ideario de hombres verdaderos como Francisco J. Múgica, José Vasconcelos, Isidro Castillo y Rafael Ramírez, desde su origen y durante su existencia han sufrido el acoso de los sectores reaccionarios del país, quienes las ven como un “peligro” para sus fines e intereses. La persecución por parte del clero católico a la primera normal rural de México, establecida en Tacámbaro, Michoacán en el año de 1922, la hizo mudarse de sede en varias ocasiones hasta finalmente ubicarse en el poblado de Tiripetío en el año de 1949 (Guerrero, Leopoldo: 2012). “La escuela del diablo” (Arreola, Maribel: 2012), así le llamaban los reaccionarios a esta normal que, a pesar de todo, significaría la semilla de un gran movimiento pedagógico y social conocido internacionalmente como “la escuela rural mexicana”, junto con las misiones culturales.
El impulso dado al normalismo rural entre 1922 y 1945, periodo en el que se fundaron 35 instituciones de este tipo, destinadas a la formación de profesores para trabajar en el medio rural, llevando la educación a todos los rincones del país y así avanzar en la aspiración de la justicia social como principal criterio axiológico de la Revolución, agudizó las reacciones de la derecha eclesiástica, quienes pasaron del señalamiento y descalificación al asesinato de muchos maestros normalistas rurales bajo la acusación de “ser comunistas”. Ello, incluso, contó con la complicidad de gobiernos que poco o nada hicieron por evitar tales crímenes, pues no les interesaba realmente la educación de los pobres, los indígenas y campesinos, más que como medio para incorporarlos al sistema capitalista en boga.
No obstante lo anterior, las normales rurales y los maestros egresados de estas continuaron su labor a favor de los indígenas y campesinos pobres de México, promoviendo no sólo el aprendizaje de las letras y los números sino, sobre todo, la filosofía de la colectividad, de la comunalidad, encarnada en procesos de desarrollo social, económico y político en las zonas rurales, a partir de los diversos talleres (agropecuarios, de industrias rurales, deportivos, artístico-culturales, político-ideológicos) aprendidos en la normal.
La FESCM y la lucha por las causas sociales
Para defenderse de los ataques permanentes de la derecha y profundizar el proyecto de la escuela rural mexicana y de la educación socialista, los normalistas rurales, encabezados por José Santos Valdés, fundan en el año de 1935 la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), la primera organización estudiantil de América Latina, que habría de promover, como hasta ahora, movimientos para apoyar o encabezar protestas sociales a favor del pueblo (Guerrero: 2012).
El movimiento magisterial de los años cincuenta fue encabezado por el profesor Othón Salazar, formado en las normales rurales de Oaxtepec, Morelos y Ayotzinapa, Guerrero, mismo que en 1957 fundó, al lado de miles de maestros normalistas del país, el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), reconocido como el primer movimiento magisterial de masas que se levantó en contra del charrismo sindical y del autoritarismo oficial. Vino la mano dura del gobierno, la represión al movimiento, el maestro Othón fue secuestrado y encarcelado en Lecumberry en 1958, pero sólo duró tres días gracias al movimiento, para salir y seguir luchando como verdadero normalista rural.
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, también formados en la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y en la Escuela Nacional de Maestros, los cuales en los años sesenta y setenta encabezaron movimientos campesinos y cívicos en su natal Guerrero contra el despotismo del gobierno caciquil y por la defensa de derechos sociales pero que, ante la fuerte represión del régimen (encarcelamientos, asesinatos, desapariciones), devinieron en movimientos armados acabando abatidos por las fuerzas del Estado mexicano. En este mismo lapso se gesta el gran Movimiento Estudiantil de 1968 que como todos sabemos fue también duramente reprimido por el gobierno federal en lo que se le conoce como la Masacre de Tlatelolco. En este movimiento no podía faltar la participación de las normales rurales a través de la FECSM.
Otro ejemplo de la participación destacada de los normalistas rurales en las luchas sociales y magisteriales es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fundada en diciembre de 1979, donde desde sus orígenes y existencia militan egresados de estas escuelas, organización que tiene como objetivo estratégico la contribución a la lucha por la democratización de la educación pública, el sindicato magisterial y la vida del país. A 35 años de existencia, la CNTE ha desarrollado movilizaciones permanentes buscando alcanzar tales propósitos, registrando avances importantes pero recibiendo, también, casi de manera permanente la represión física, administrativa y judicial en contra de sus militantes, como respuesta del régimen.
Y así podíamos seguir la lista incontable de ejemplos en los que estudiantes y maestros normalistas rurales han participado y encabezado luchas en pro de los pobres, los indígenas y campesinos, porque de ahí venimos los que tenemos el honor de estudiar o haber estudiado en una normal rural como la de Ayotzinapa o Tiripetío. “Me juzgan por mis ideales y me desprecian por ser pobre”, es una frase atribuida a Lucio Cabañas, escrita en los muros de varias normales rurales del país.
Los grandes golpes al normalismo rural
En 1969, a un año de la masacre de Tlatelolco y en el contexto de la guerra sucia, preocupado por la participación de la FECSM en el movimiento, el gobierno federal echó a andar un plan para cerrar todas las normales rurales del país so pretexto de que el México moderno ya no las necesitaba. Sin embargo, debido a la lucha de resistencia de los estudiantes el plan original no se concretó, pero sí el cierre de la mitad de estas instituciones. En estados, como Michoacán, donde había dos normales rurales, el gobierno hizo ajustes y cerró una, dejando otra (solamente para varones en el caso de Tiripetío). Hubo estados (como Guanajuato) que se quedaron sin ninguna normal rural, debiendo los estudiantes buscar opciones en otras entidades.
El siguiente golpe se da en 1984, teniendo como marco general la imposición inicial del modelo económico neoliberal, con la modificación a los planes y programas de estudio de la educación normal. Bajo el discurso de elevar la carrera docente al nivel de licenciatura, el gobierno pretendía convertir las normales en “bachilleratos pedagógicos” y dejar el nivel profesional en la Universidad Pedagógica u otras instituciones. El objetivo era el mismo de años atrás: acabar de manera definitiva con el subsistema de las normales rurales, que tanto incomodan a los sectores privilegiados por el régimen y a éste mismo. La lucha estudiantil encabezada por la FECSM fue inminente, logrando al final sostener a las escuelas pero sólo con el nivel de licenciatura bajo el sistema de internado, el bachillerato pedagógico fue desligado de las normales en el año de 1988. Así se alargaba la carrera a siete años después de la secundaria en la intención de hacerla menos accesible a los sectores pobres de la población así como cambiar el perfil de ingreso de los estudiantes.
Con la imposición de Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia de la República a través del fraude electoral de 1988, se inicia una nueva etapa de agresión al derecho social a la educación pública, incluyendo al normalismo, que se mantiene hasta nuestros días, ahora bajo el eslogan de la “reforma educativa”. La “modernización” y “federalización” salinista -Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (1992)- pretendía, entre otros fines aviesos, la desarticulación de todo sistema u organización de carácter nacional, entiéndase: Sistema Educativo Nacional (SEN), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), etc. De esta manera el régimen se aseguraba de fragmentar las resistencias a sus políticas neoliberales tanto educativas como sociales y económicas. Este también fue un duro golpe que, gracias a las luchas de resistencia, principalmente de la FECSM y la CNTE, no se concretó del todo, pues ambas organizaciones continúan movilizándose tanto en el plano estatal como nacional.
En los últimos años, el régimen ha agudizado su ofensiva contra las normales rurales, el cual contempla:
1) La profundización de los cambios a los planes y programas de estudio para terminar de arrebatar toda esencia de este proyecto revolucionario (Planes: 1997 y 2011).
2) La reducción sostenida de la matrícula y la cancelación de la plaza automática, como una forma de hacer más inaccesible la carrera a los sectores pobres y restarle interés a los que pudieran ingresar.
3) El cierre de normales como la de El Mexe (Hidalgo), o la cancelación del internado, como en las de Atequiza (Jalisco) y Mactumatzá (Chiapas).
4) La flexibilización y liberalización de la carrera docente a partir de la mal llamada “reforma educativa” y su Ley General del Servicio Profesional Docente, donde establece el examen de ingreso al servicio de manera obligatoria, así como para la promoción y permanencia, pero, además, el 2016 como el año a partir de cual cualquier profesionista podrá ingresar al servicio educativo, sea o no normalista, sólo por el hecho de aprobar (supuestamente) un examen estandarizado elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) bajo las ordenes de la OCDE.
5) La represión abierta y encubierta, masiva y selectiva, en contra de los estudiantes de las normales rurales del país, de las cuales las de Ayotzinapa (2011 y 2014) y Tiripetío (2009 y 2012), han sido las más golpeadas en los últimos años, dejando estos hechos represivos un sinnúmero de heridos, detenidos, procesados y, lo que es peor, los muertos y desaparecidos. Y, por si fuera poco:
6) La criminalización de los estudiantes normalistas, el linchamiento social, las campañas permanentes de provocación y descalificación a través de los medios oficialista; todo ello para justificar el golpe final al proyecto de las normales rurales, uno de los últimos vestigios de la Revolución Mexicana.
Algunas conclusiones y propuestas:
- La agresión criminal a los compañeros de la normal de Ayotzinapa por parte del Estado mexicano, es contra todo el normalismo, rural o urbano; contra todo el magisterio nacional y contra el pueblo de México en su conjunto.
- Este crimen de Estado y de lesa humanidad busca consolidar la política del terror orquestada por el gobierno desde siempre pero reforzada en los últimos sexenios por mandato del imperialismo norteamericano.
- El carácter grotesco de esta agresión criminal del régimen nos está sacudiendo a casi todos los sectores del pueblo mexicano, empezando por los estudiantes, padres de familia y el magisterio nacional, así como a grupos de artistas e intelectuales consecuentes; pero, además, ha despertado las reacciones en diversas partes del mundo, tanto en pueblos como en organismos internacionales, oficiales e independientes.
- El costo político de los hechos criminales los está pagando ya la clase política mexicana, sus partidos y sus gobernantes, pero no debemos parar la movilización organizada y unificada hasta lograr echarlos del poder y avanzar hacia procesos de transformación social, económica y política de nuestro país a favor de la mayoría: estudiantes, maestros, campesinos, obreros, profesionistas, pueblo en general.
- Hoy más que nunca debemos asumir que defender las normales rurales, como la de Ayotzinapa, es defender el derecho social del pueblo mexicano a una educación pública laica, gratuita, científica y popular – desterrando la educación por estándares y competencias impuesta por las corporaciones trasnacionales que nos reducen a datos, cifras y cosas económicas-, con la que reconstruyamos las bases de un país verdaderamente libre, soberano, justo y democrático.
¡PORQUE EL COLOR DE LA SANGRE JAMAS SE OLVIDA!
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LA RENUNCIA INMEDIATA DE AGUIRRE RIVERO Y PEÑA NIETO!
Fuentes bibliográficas:
Arreola Rivas, Maribel, et al. Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, 90 años de historia. 2012. Morelia, México.
Ponencia presentada en el Foro “Ayotzinapa”, organizado por la Facultad de Economía de la UNAM, el 23 de octubre de 2014.
Jorge Cázares. Profesor de Educación Primaria, egresado de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Mich., y militante de la CNTE.
