Por Antonio Aranda, Enviado especial / Revolucion TresPuntoCero
La madrugada del quince abril los integrantes de la Primera Brigada Nacional en Búsqueda de Desaparecidos sabían que su primer hallazgo de fosas clandestinas estaba asegurado. Con absoluto sigilo el equipo de avanzada, encargado de realizar el primer reconocimiento de las zonas que la gente señala como susceptibles de explorar, confirmó la existencia de indicios de una “cocina” en la comunidad de San Rafael Calería, municipio de Córdoba, Veracruz desde un día antes del descubrimiento oficial.
Las posibilidades de encontrar la primera fosa clandestina eran tan altas que incluso el equipo de comunicación que acompaña a la brigada salió a la búsqueda con un boletín ya impreso al que solo faltaba el dato de la zona exacta.
Cerca de las once de la mañana los brigadistas anunciaron que el punto era “positivo”. Con picos y palas excavaron a las orillas de un cañaveral, que según una denuncia anónima, era utilizado hace tiempo como “cocina” del cártel de Los Zetas, es decir, un lugar para descuartizar y quemar cuerpos humanos.
A ras de tierra quedaron al descubierto once fragmentos óseos que los activistas identificaron como vertebras, una rótula de rodilla, costillas y partes del antebrazo. Como parte de su protocolo de resguardo de evidencia acordonaron la zona, colocaron trozos de plástico sobre los lugares excavados y lo marcaron con banderines.
Los integrantes de la brigada realizaron una oración por las personas que podrían haber sufrido ahí un trágico final, además exigieron al gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte un proceso transparente en la identificación de los restos por parte de los servicio periciales del estado.
“Hemos recurrido a esta acción en respuesta a la completa incompetencia del estado en todos sus niveles para garantizar la protección de las víctimas, así como el acceso a la verdad y la justicia. En nuestra experiencia de búsquedas nos hemos topado con que la identificación de los hallazgos es una de las barreras más grandes para recuperar a nuestros familiares, por ello exigimos que la identificación de los restos sea con total transparencia”, expresó Hortensia Rivas, integrante de la brigada.
No son restos humanos sino de madera: Fiscalía del Estado
Al lugar del hallazgo arribó personal de la Dirección de Servicios Periciales del Estado para iniciar los trabajos de recuperación, resguardo y análisis de los restos encontrados. Sin embargo a escasas horas de haber iniciado sus labores, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa en el cual informó que “los vestigios hallados no corresponden a restos humanos (…) en el lugar conocido como San Rafael Calería, y luego de realizar las primeras diligencias contenidas en protocolos internacionales en búsqueda de personas, los peritos encontraron solamente restos de madera y telas sintéticas”.
Los brigadistas rechazaron la postura de la Fiscalía General y contactaron a Griselda Acosta Espinosa, quien arribó al sitio del hallazgo por la mañana como representante de la fiscalía especial para la búsqueda de personas desaparecidas adscrita a la región centro de Córdoba, la funcionaria se desligó del pronunciamiento, incluso rechazó que su personal hubiera dado parte oficial a mandos superiores.
“¡Qué barbaridad, nosotros ni sabemos! Usted vio que estuvimos ahí y si nosotros todavía no sabemos por qué los peritos son los que van a entrar ¿cómo se atreven a sacar un comunicado así?”, detalló Griselda Acosta Espinosa vía telefónica a Araceli Salcedo, directora del Colectivo Familiares de los desaparecidos Orizaba-Córdoba.
Por otra parte Juan Carlos Trujillo, coordinador de la Red Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda amagó con romper con la Fiscalía General si no se retractaban públicamente de su posicionamiento.
“Ellos (la Fiscalía General) desprecian el trabajo ciudadano sino se retractan romperemos todo vínculo con ellos y daremos por agotada la colaboración con esta instancia y procederemos a buscar a las instituciones federales”, precisó el activista.
Finalmente trascendió que María del Rosario Zamora, directora general de Investigaciones Ministeriales de Veracruz rechazó que el comunicado fuera algo definitivo y lo calificó de “información preliminar”.
