Entre gritos de “¡Queremos entrar, queremos entrar!”, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco y Nayarit forzaron su paso a través de un cerco policial para ingresar al rancho Izaguirre, señalado como un centro de adiestramiento y exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A la una de la tarde, el primer grupo de madres y padres buscadores llegó al lugar, luego de ser trasladados desde Guadalajara por las autoridades. Al encontrar resistencia de un pequeño contingente de policías y Guardia Nacional, los familiares decidieron avanzar por el camino de terracería que conduce al rancho, desafiando el bloqueo oficial.
Pese a los intentos del gobierno estatal de controlar el acceso permitiendo el ingreso de solo diez personas a la vez, los buscadores decidieron entrar de manera colectiva. En cuestión de minutos, los primeros grupos alcanzaron las instalaciones, ignorando la limitada oposición de las fuerzas de seguridad.
El rancho Izaguirre fue asegurado en septiembre de 2024, tras la captura de diez miembros del CJNG. Según testimonios y pruebas recabadas, el lugar operaba como un centro de entrenamiento y ejecución para aquellos que se negaban a integrarse a las filas del cártel.
La propiedad, de aproximadamente 50 metros de ancho por 200 de largo, cuenta con una construcción de dos pisos que servía como punto de vigilancia y gimnasio improvisado, además de una bodega sin puertas, una estructura rústica y sanitarios en condiciones precarias. Siete áreas específicas del terreno están actualmente bajo investigación forense.
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, denunció la falta de avances en las indagatorias, señalando negligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, que durante seis meses no completó peritajes clave. Este retraso ha incrementado la indignación de los familiares, quienes acusan a las autoridades de encubrimiento y omisión.
Ahora, los buscadores recorren el rancho con la esperanza de encontrar indicios sobre el paradero de sus seres queridos, enfrentándose no solo a las secuelas de la violencia del crimen organizado, sino también a la ineficacia de las instituciones encargadas de impartir justicia.
