César Vázquez / @LetraMia
Morelia, Michoacán.-Luego de la fallida recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), los afectados decidieron turnar el expediente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerar que hay anomalías y vicios en su integración.
Es el segundo expediente en menos de 15 días que se remite a la CNDH, el primero fue el caso de la doctora Graciela Delgado, que después de dos semanas de huelga de hambre, finalmente la CEDH aceptó turnar su queja a la instancia nacional para que lo revisara en su integración.
Ahora nuevamente se turnó un segundo expediente de la queja colectiva que interpusieron 160 elementos de la PGJ por haber sido despedidos, sin considerar sus años de antigüedad y sólo pretendían indemnizarlos con tres meses de salario, aún cuando algunos ya estaban por jubilarse.
Además, se espera que antes de que finalice el 2014, se turne una tercera queja colectiva elaborada por los despedidos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) bajo los mismos argumentos.
En sus recomendaciones, José María Cázares exhortó tanto a la PGJ como a la SSP, a reunir al Consejo de Seguridad para ofrecer trabajo a los despedidos en otra área ajena a las instituciones, ello en apego a la Ley de Víctimas de Michoacán y como alternativa para resarcir el daño.
Sin embargo, de acuerdo a Graciela Delgado Luna, una de las despedidas por la PGJ, la CEDH desvió la atención a la violación de los derechos humanos y ofreció salidas acordes a las instituciones públicas.
“En nuestra denuncia colectiva señalamos que el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza no está certificado ni acreditado, al menos hasta la fecha en que nos aplicaron los exámenes, por lo tanto no son legítimos”, explicó la afectada.
En la queja colectiva interpuesta los despedidos también exigen que se demuestre que el personal que aplicó todas las pruebas de control y confianza está debidamente certificado y acreditado, señalamientos a los que la PGJ se negó a responder al no aceptar ninguna de las recomendaciones.
Otra inconsistencia en el despido, fue que con antelación la CNDH a nivel federal recomendó que se dejaran de aplicar exámenes poligráficos, porque estos denotan a las personas como delincuentes sin que lo sean, y esta prueba es una de la que aparentemente se utilizó para dar de baja al personal.
Después de todos los resultados en donde la PGJ se niega a aceptar cualquier recomendación la queja fue turnada ante la CNDH esperando que esa instancia sea imparcial.
“Vamos a defender nuestros derechos a toda costa, ahora nos piden que esperemos a que termine el periodo vacacional para que nos entreguen una respuesta en la Comisión Nacional, y si la respuesta no nos favorece, entonces llevaremos el expediente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a otras instancias internacionales”, amagó Graciela Delgado.
