Morelia, Michoacán.-En lo que se ha convertido en una costumbre ya, el Congreso del Estado reprobó la Cuenta Pública Estatal -ahora la del 2015- al determinar que ésta no se presentó en apego a la legislación aplicable y no refleja razonablemente la situación financiera de la hacienda estatal.
La decisión ya estaba “cantada” desde la semana pasada en que las comisiones unidas de Presupuesto e Inspectora de la Auditoría Superior elaboraron el dictamen correspondiente.
Y aún y cuando en el dictamen se procuró no incluir la palabra “reprueba”, los señalamientos de los legisladores fueron en ese sentido, al no aprobarla debido a sus inconsistencias.
Esta Cuenta Pública corresponde a la recta final del gobierno de Salvador Jara Guerrero (enero a septiembre de 2015) y a la parte inicial del de Silvano Aureoles Conejo (de octubre a diciembre).
Durante la sesión del Pleno sólo se emitirían dos posicionamientos en torno a este tema, uno por parte de la diputada Yarabi Ávila González, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), y la otra de Eduardo García Chavira, miembro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Al hacer uso de la tribuna Yarabi Ávila apuntó que Michoacán es el segundo Estado con mayor número de observaciones a nivel federal, y refirió que la muestra es el informe de la cuenta estatal elaborado por la Auditoría local.
“La Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal 2015 no se presentó en apego a la legislación aplicable y no reflejó razonablemente la situación financiera, del Gasto Público y la Evaluación al desempeño institucional y de los servidores públicos.
“Lo anterior sin dejar pasar, que no se cuenta todavía datos precisos del alcance de las responsabilidades fincadas, no sólo por lo que respecta al presente ejercicio fiscal del que se informa, sino de ejercicios anteriores como del 2011, 2012, 2013 y 2014, lo que demuestra un retraso sustancial en el seguimiento de los procedimientos administrativos de responsabilidad en la fase jurídica, además de que no se tienen datos de los ejercicios mencionados del número exacto de las responsabilidades fincadas, tanto de carácter administrativo como económicas”.
Apuntó que tampoco se tiene información donde se haya determinado por la Auditoria Superior de los responsables y las sanciones correspondientes, a fin de resarcir a las entidades, el monto de los daños y perjuicios cuantificables en dinero que se hubieren causado; asimismo, las sanciones por las faltas derivadas del incumplimiento de la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con base en las responsabilidades que resulten y conforme al procedimiento previsto en esta Ley y demás leyes aplicables, no sólo del Estado, sino generales.
En tanto, Eduardo García Chavira apuntó que la cuenta pública una vez más está reprobada, “y esa es la calificación que propuse desde un principio se incluyera e insisto se le debería de dar, porque desde el momento que no cumple con lo que la ley en la materia mandata, en consecuencia, se está violando la misma. Además es totalmente vinculatoria porque se toma como un referente para las empresas que otorgan calificaciones crediticias, es por esto que a las cosas se le deben llamar por su nombre, el Poder Ejecutivo del año 2015, no cumplió en rendir cuentas claras y transparentes a las y los michoacanos”.
Se cuestionó qué se puede esperar de un informe cuyos estados financieros fueron entregados de manera manual, con el justificante de no contar con un proceso automatizado para generar esta información.
“Para el Poder Ejecutivo, el entregar cuentas claras a la sociedad es de tal importancia que implica la calidad cual trabajo escolar de alumno de secundaria, donde arrancas la hoja de la libreta y entregas la tarea. Además no se entregaron por parte de la Secretaría de Finanzas los estados de flujo de efectivo, los indicadores de resultados, la relación de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio (lo que es de todos nosotros), la relación de cuentas bancarias específicas, la relación de esquemas bursátiles y algo muy importante que la gente desea saber los casos que ya se encuentran en proceso jurídico y que desde el año pasado se le mandató a la Auditoría Superior para que se nos proporcionara el listado, es decir, de los posibles servidores públicos implicados en el año 2014 y que seguimos a la fecha sin conocer”.
Recalcó que en un sistema democrático la rendición de cuentas y la transparencia no debe ser una simulación anual, por lo que los recursos públicos deben ser correctamente ejercidos con base en una planeación.
“El clamor ciudadano exige castigo por actos de corrupción de exgobernadores como los dos Duarte en Chihuahua y Veracruz, Moreira en Coahuila, Guillermo Padrés en Sonora, Borge Angulo en Quintana Roo, entre otros, que hoy son notas del día a día, no actuaron solos, no podría entenderse tal grado de complicidad con el apoyo de los auditores superiores de cada Estado, quienes fueron omisos de señalar a tiempo a los responsables y también porque no decirlo las legislaturas locales que permitieron cerraron los ojos ante el endeudamiento de las finanzas públicas y el quebranto al patrimonio estatal”.
