Morelia, Michoacán.- Pobladores de la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, amagan con intensificar sus acciones de presión para exigir la liberación de uno de los 14 normalistas a los que el pasado sábado, se les dictó prisión preventiva oficiosa.
Se trata del alumno, Leobardo Baltazar Ruiz, quien fue detenido junto a otros 66 jóvenes el miércoles pasado luego de realizar destrozos en la caseta de cobro de Panindícuaro, en la Autopista de Occidente y luego de lesionar al personal que ahí labora.
Posteriormente, dos de los detenidos fueron liberados por ser menores de edad, mientras que de los 64 restantes, solo a 14 de ellos se les impuso prisión preventiva, uno de ellos el estudiante Leonardo Baltazar, por quien normalistas de esa zona y comuneros se movilizaron este martes en carreteras de la Meseta Purépecha.
Videos captados por automovilistas que circulaban por la comunidad de San Juan Tumbio, municipio de Pátzcuaro, evidenciaron la forma violenta en que los comuneros y normalistas de esa región se apoderaron de vehículos que trasladaron a su comunidad y mantienen retenidos.
Los manifestantes exigen que sea liberado el normalistas originario de esa comunidad.
“De no ser así, la comunidad va a estar accionando, va a estar haciendo actividades más radicales para presionar al gobierno, a todos los jefes para que se instale la audiencia y pueda salir bajo (sin) cargos”, dijo un poblador en un mitin realizado en la localidad.
Los habitantes de Arantepacua, consideraron que las detenciones hechas por la Secretaría de Seguridad Pública, generan más desestabilidad en la entidad, “debería de enfocar su forma de gobierno, realmente a construir la paz con igualdad, no con esta manera que se manifiesta él usando sus fuerzas policiacas para reprimir a estudiantes, campesinos y al magisterio”, señaló otro de los comuneros.
En una reunión realizada en la plaza principal de Arantepacua, los pobladores dieron al gobierno de Michoacán un ultimátum de escasas horas para poner en libertad al joven detenido, pese a que el caso ya se encuentra en manos del Poder Judicial y la decisión dependerá de un juez y no de una dependencia gubernamental.
