Camila Luna / @Charkovsky3_0
Morelia, Michoacán.- Comuneros de la localidad indígena de San Miguel de Aquila, se opone a la legalización de las autodefensas y el registro de armas, proceso en el que participa el Consejo de Autodefensas de Michoacán aliado con el comisionado Alfredo Castillo Cervantes.
A través de un comunicado, los pobladores de esta localidad afirman que ahora existe un clima de hostigamiento, persecución y amenaza por parte de los grupos de autodefensa, los cuerpos policiacos y el Ejército Mexicano en contra de los comuneros y representantes de la comunidad indígena.
En ese sentido, los pobladores denunciaron públicamente las amenazas que recibe constantemente el comisariado de Bienes Comunales, Octavio Villanueva Magaña, quien es amagado por la autodefensa de esa localidad, liderada por Rubén Baltazar, alias el “Chopo”, María De La Luz Sandoval Sambrano y Omar Valdez Sandoval, quienes exigen al Comisariado la cantidad de 700 mil pesos mensuales, monto que anteriormente también era entregado al crimen organizado.
Derivado de los abusos que denuncian, la Coordinación Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, buscó un acercamiento con el comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, a quien le propusieron crear un esquema de seguridad para la localidad de San Miguel de Aquila, sin embargo, el enviado federal no dio continuidad a la propuesta, e incluso, refieren, ha desatendido por completo el caso.
Así mismo, solicitaron a la Procuraduría General de la República la liberación de los comuneros integrantes de la autodefensa quienes fueron detenidos por portar armas de grueso calibre, armas que ahora están registrando en el marco de la “Estrategia para la Seguridad en Michoacán”.
Y es que el nuevo esquema de registro, permite la portación de fusiles AK-47 y AR-15, armamento por el cual fueron detenidos y consignados a penales federales, siendo liberados únicamente 19 de los 40 comuneros.
La comunidad de San Miguel de Aquila, se manifestó en contra de la conformación de la Fuerza Rural Estatal que estará vigente a partir del 10 de mayo, pues temen que tales corporaciones se conviertan en un instrumento de represión en contra de los pueblos indígenas de la entidad.
