Revolución 3.0

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

Un total de 15 medidas generales son las que habrán de instrumentarse en Michoacán en el marco de la Alerta de Violencia de Género declarada el pasado lunes 27 de junio, mismas que se dividen en cuatro grandes rubros: seguridad, prevención, justicia y reparación, y mensaje de cero tolerancia.

Lo anterior conforme a los contenidos en el documento que contiene la declaratoria, y del cual consta copia en Michoacán TresPuntoCero, en donde se establece un plazo de diez días hábiles al Ejecutivo Estatal (que vencerían el próximo 11 de julio) para que informe a la autoridad federal sobre los recursos presupuestales que serán asignados para hacer frente a la contingencia de la Alerta de Violencia de Género.

Cabe recordar que los municipios contemplados dentro de la alerta son Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Dicha alerta implica que el gobierno del estado y los municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia que se enuncian a continuación y todas aquéllas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Se aclara que las medias enlistadas en el documento son complementarias; no excluyentes, a las propuestas por el grupo de trabajo en su informe y a las que surjan a partir de la implementación de las mismas o de las necesidades que se presenten.

Medidas de seguridad

Por lo que toca a las medidas de seguridad que habrán de instrumentarse, el primer paso será la publicación y divulgación en medios de comunicación y lugares estratégicos, la naturaleza y los alcances de la Alerta con información accesible para la población.

Además, de manera inmediata se diseñará y ejecutará una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres.
Entre otras acciones, se solicita:

-Reforzar los patrullajes preventivos;

-Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de la mujer y aplicar las sanciones correspondientes;

-Instalar alumbrado público y mejorar el existente;

-Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres;

-Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación;

-Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento, y

-Contratar especialistas, para la creación de una aplicación para teléfonos inteligentes que permita a las mujeres víctimas de violencia el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad.

También se prevé la creación de módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de Alerta. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, psicológico, médico, de trabajo social y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las servidoras y servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.

Además se tienen que emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar o adecuar los correspondientes protocolos y modelos de valoración del riesgo, de actuación, de reacción policial y de monitoreo y, seguimiento, por parte de especialistas.

Un aspecto más en materia de seguridad será el crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género.

Medidas de prevención

En este rubro se enlista como primera tarea el integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banesvim).

“Con base en lo establecido por el artículo 23, frac. III de la Ley General de Acceso, esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la violencia.

“Derivado de ello, deberá diseñar y ejecutar planes de atención preventiva adecuados al comportamiento de la incidencia delictiva e instrumentar políticas públicas efectivas. La información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim)”.

Se establecerá un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del gobierno del estado, que prevea un adecuado mecanismo de evaluación de resultados.

La estrategia deberá ser permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente a las personas vinculadas a los servicios de salud y atención a víctimas, así como aquéllas encargadas de la procuración y administración de justicia, con el apoyo de instituciones y personas especializadas en la materia. Se sugiere que la capacitación prevea una evaluación de las condiciones de vida de las y los servidores públicos para eliminar la violencia de género desde su entorno primario.

Esta medida deberá contemplar el fortalecimiento de las herramientas jurídicas teóricoprácticas de juezas y jueces en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

Se habla también de establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género que busque la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia.

Además se deberá capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los centros educativos públicos y privados, para detectar oportunamente casos de niñas o adolescentes que se encuentren en una situación de violencia y denunciados ante las instancias correspondientes.

Generar campañas permanentes, de alcance estatal, disuasivas, reeducativas e integrales, es otra de las tareas, misma que estará encaminada a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.

Entre las medidas a adoptar, se sugiere:

-Replicar los modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de la violencia de género con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil;

-Fomentar la creacion de comités de vigilancia vecinal, laboral y escolar, que repliquen las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres;

-Fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres con recursos humanos y presupuestales;

-Fortalecer la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, y todas instancias encargadas de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con recursos presupuestales y humanos;

-Crear una campaña de comunicación para generar conciencia social, inhibir la violencia contra las mujeres y promover la cultura de respeto e igualdad;

-Realizar un programa de monitoreo ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a las víctimas por parte de las y los servidores públicos estatales;

-Desarrollar programas para la reeducación de hombres generadores de violencia, y

-Establecer un observatorio estatal de medios de comunicación que cuente con las atribuciones suficientes para promover contenidos con perspectiva de género y derechos humanos.

Medidas de justicia y reparación

En este rubro se apunta que se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.

La efectividad en el cumplimiento de esta medida –señala el documento- se encuentra plenamente relacionada al fortalecimiento de la Procuraduría General de Justicia -particularmente Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos.

Para ello, se deberá crear una unidad de análisis y evaluación de, las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien.
Asimismo, se sugiere crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad.

También se habla de asignar recursos para conformar una Unidad Especializada encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la solicitud de Alerta de Violencia de Género. Esta medida deberá contemplar la celebración de mesas de trabajo entre víctimas, sus representantes y autoridades de alto nivel para el análisis de los casos. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

Además se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El estado de Michoacán deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación.

Una medida más es la realización de un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios. Para estos efectos, se deberán considerar los estándares básicos en materia de reparación del daño, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como lo establecido en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado, y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado.

Se determinará una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Michoacán. Para la definición de la reparación simbólica se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas.

Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia

Finalmente, este rubro incluye un solo aspecto en el que se establece que el Ejecutivo estatal, deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres.
Este mensaje deberá ser divulgado en medios de comunicación y replicado por otras autoridades estatales y municipales, particularmente en los municipios donde se está declarando la Alerta.

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Por: Patricia Monreal