Salomón Vázquez Sánchez, es originario del ejido Suclumpá, municipio de Salto de Agua, Chiapas, él pertenece a la comunidad Chól y es padre de 6 hijos.
Este 26 de septiembre se cumplirá un año de su detención y encarcelamiento. Aquella tarde agentes de la Policía Judicial Federal lo acusaron de cometer el delito de privación ilegal de la libertad en contra de Darik Díaz Martínez, además los elementos aseguraron que Salomón pidió un rescate de 5 mil pesos, hechos, que según ellos había cometido en 2006.
En aquel año, Salomón era agente rural municipal; el 19 de enero de 2006, fue la primera vez que el inculpado vio a Díaz Martínez, quien forma parte de la Agencia Federal de Investigación, quien estaba disparando un arma de fuego en contra de una persona del ejido, sin ninguna justificación, a decir por los testigos, quienes siendo un grupo numeroso de habitantes de la comunidad, se organizaron y realizaron la detención de, agente y fue puesto a disposición de las autoridades del ejido.
Quienes dieron a conocer que la detención tenia lugar porque Díaz Martínez no poseía ningún documento de comisión, ni orden de aprehensión de algún ciudadano. En el caso intervinieron autoridades ejidales, municipales, estatales y federales, además la parte de población que presenció los hechos.
El caso se cerró con el acuerdo que no habrían demandas, ni persecuciones hacia las autoridades del ejido, sin embargo la situación fue contraria a lo convenido, ya que familiares de Salomón aseguran a Revolución TRESPUNTOCERO que “no respetaron tratos y hubo criminalizaron, es por eso que hoy se encuentra injustamente en la cárcel”.
Salomón se encuentra recluido en el reclusorio del Amate ubicado en Cintalapa, Chiapas, desde dicha cárcel, él se ha pronunciado y exigido “una explicación clara y precisa del delito del que se me acusa, en especial a las autoridades encargadas de hacer justicia, porque me acusan de algo que no pasó porque nunca hubo tal delito sino que fungía como autoridad”.
La actuación que tuvo Salomón en el caso fue la de entregar a Díaz Martínez a las autoridades correspondientes cumpliendo así con la normativa de la comunidad. Como prueba se tiene una minuta de hechos firmada en 2006 por las autoridades de la comunidad, municipales y federales entre quienes se encuentran los entonces representantes de la presidencia municipal de Salto de Agua, Juan Sánchez Torres; la Fiscalía Regional Zona Selva, representada por Walter Culebro González; el ministerio público de la federación, a nombre de Artemio Cruz Cruz, la delegada del Gobierno de Palenque, Elsa Sosa Moscoso; el Comandante de la AFI de Palenque, Juan Manuel Jiménez Meraz y el propio Agente de la AFI implicado, entre muchas otras autoridades y miembros de la comunidad de Suclumpa.
Su esposa Isabel López Sánchez, ha pedido insistentemente a las autoridades gubernamentales liberen a su esposo, argumentando que está recluido injustamente, por tener un cargo en el ejido cuando detuvo a alguien que pudo matar.
Sobre el caso los defensores de Derechos Humanos pertenecientes al Comité Comunitario de Derechos Humanos Valle Tulijá han externado que el caso de Salomón da cuenta de un Estado que continúa criminalizando a las comunidades por tener sus propios sistemas de defensa del territorio, asimismo lo señalan como un reflejo de una estrategia constante para polarizar, dividir y hostigar a los miembros de las comunidades como Suclumpa quienes se oponen a los megaproyectos hidroeléctricos en el Río Tunijá aledaño a la región.
La defensora de Derechos Humanos Alma Domínguez asegura que por la forma dolosa en que se detuvo a Salomón y el delito que se le imputa, es evidente que se trató de un ‘amedrentamiento’ por cumplir con la justicia, cuando en México, pero sobre todo comunidades lejanas donde impera el compadrazgo, la gente mata a plena luz del día sin que nadie les diga nada.
“El más reciente censo Penitenciario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en México existen más de 8 mil presos indígenas en las distintas cárceles del país, de los cuales, el 96 % son hombres, en la mayoría de los casos, se ha llegado a comprobar la fabricación de delitos, aunque las autoridades intentes bloquear el paso a las defensas.
Posiblemente si Salomón no hubiera sido indígena las circunstancias para él hubiera sido distintas, la discriminación impera en todos los estratos de esta sociedad enferma de odio racial y un gobierno que lo acrecienta al generar absoluta impunidad”, comenta Domínguez.
Asegura que la única manera en que se pueden combatir los casos de injusticia y discriminación es una cultura de la tolerancia y la inclusión, a fin de contribuir al desarrollo de las poblaciones indígenas, sin embargo el gobierno este y los anteriores han ido erradicando aceleradamente a estas poblaciones, de disparos a quemarropa, de hambre, de pobreza, por falta de servicios médicos, por medio de los ataques de narcotraficantes, en todos estos culpable de forma directa o indirecta los ha condenado al exterminio, a fin claro de vender tierras, ríos, montañas, todo lo que les pertenece y han cuidado, PRI y PAN lo ha saqueado y vendido, “por eso los obligan a desplazarse, por eso los inculpan, por eso permiten que otros les inventen delitos, por cada indígenas en la cárcel, muerto o desplazado, el gobierno se beneficia de sus riquezas”.
El abogado penalista David Serrano, quien se dedica a la defensa de los pueblos indígenas, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que casos como el de Salomón son usados como represalia en contra de quienes retan el poder corrupto, asegura que más de 10 mil indígenas se encuentran en la cárcel, en su mayoría por delitos que tienen que ver con “alzar la voz en contra de quienes los reprimen y discriminan”.
Serrado había declarado anteriormente al medio que “el caso de México es grave porque estamos frente a una problemática que no es reconocida como tal, que es minimizada y no resulta ‘tan importante’ para el gobierno, si sabemos que desde el 2000 vivimos en un Estado donde eres culpable hasta que demuestres lo contrario, así te defiendas y tengas un buen abogado, qué le espera a un indígena que no sabe ni por qué le tocó pisar la cárcel”.
Además comenta que la población indígena es vulnerable en distintos rubros porque ha sido la estrategia del gobierno para debilitarlo y saquear minerales, petróleo, zonas madereras, agua y todo lo que pueda ser redituable para el presidente en el poder, “prueba de ello Fox, Calderón y Peña Nieto, los números no mienten, han otorgado un sinnúmero de concesiones en territorios indígenas, con los gobiernos de derecha los indígenas que no están en fosas clandestinas, están en la cárcel”, puntualiza.
