Revolución 3.0

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que una corte del condado de Miami-Dade, en Florida, dictó una sentencia definitiva en contra de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, como resultado de la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano en septiembre de 2021.

De acuerdo con la resolución judicial, ambos deberán pagar en conjunto más de 2 mil 488 millones de dólares en concepto de reparación del daño. Esta cifra triplica el monto por el que originalmente fueron demandados, conforme a las disposiciones legales del estado de Florida. García Luna deberá cubrir 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que a su esposa se le impuso una multa de mil 740 millones 25 mil 540 dólares.

La UIF detalló que el caso se basa en una operación de triangulación financiera mediante la cual el gobierno mexicano terminó pagando 745.9 millones de dólares a empresas vinculadas al exfuncionario, a través de un entramado con firmas ubicadas en paraísos fiscales como Barbados, Panamá y Estados Unidos.

Hasta el momento, se han recuperado apenas 2.8 millones de dólares —menos del 0.5% del total del desfalco estimado—, aunque la UIF advirtió que el Estado mexicano procederá a ejecutar la sentencia sobre cualquier bien que se localice en el futuro, incluso si está bajo propiedad de terceros que operen como testaferros.

Uno de los primeros activos asegurados fue la empresa Delta Integrator LLC, ligada directamente a García Luna y su esposa, lo que permitió recuperar un millón 970 mil dólares y un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares. También se recuperaron 275 mil dólares adicionales tras el vencimiento de una hipoteca.

Estos recursos ya fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, mientras que el inmueble se encuentra bajo administración del gobierno mexicano en espera de ser vendido.

La investigación también reveló el papel del consorcio encabezado por Jonathan Alexis Weinberg Pinto, el cual, mediante empresas como Nunvav, obtuvo 30 contratos con dependencias oficiales mexicanas. Los fondos eran enviados a cuentas en Israel y Barbados, y luego transferidos a empresas fachada en México y EE.UU., donde eran lavados a través de inversiones inmobiliarias en Florida.

En total, la denuncia presentada por la UIF involucra a 8 personas físicas y 44 empresas en distintos países. Solo en México se identificaron 16 compañías receptoras de los recursos desviados, de las cuales la mitad están clasificadas como factureras por el SAT.

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Confirma UIF sentencia millonaria contra García Luna y su esposa en corte de Miami

Por: Revolución 3.0