Roberto Josué Bermudez* / @RHashtag
(21 de marzo, 2014).- Lo que podemos rescatar de la movilización ciudadana en Guerrero, Michoacán y en otros Estados de la República, cada uno con sus propios matices, es que sectores de la población han tomado en sus manos la defensa de demandas esenciales como la seguridad, evidenciando así la existencia de un Estado omiso respecto a sus responsabilidades e impulsando el empoderamiento de una sociedad que toma las riendas en la defensa de sus Derechos.
La idea que subyace a estas movilizaciones es que debemos impulsar una ciudadanía capaz de defender por sí misma sus derechos políticos, sociales y culturales. Sin embargo la prosperidad de este impulso supone que el uso de las armas dé paso a otro tipo de herramientas: la argumentación, las propuestas y la participación.
El reto consiste en promover una ciudadanía activa, informada y participativa pendiente de las decisiones políticas y vigilantes de las mismas, para que no se violen sus derechos y no se haga uso indebido del poder; una ciudadanía que exija transparencia en la función pública y la rendición de cuentas. Tales circunstancias son la condición indispensable para un empoderamiento real de la ciudadanía con el fin de que ésta discuta, analice e impulse soluciones a los problemas sociales en todos los niveles: Barrios, Colonias, Municipios, Estatal y Federal.
Las tareas son muchas y urgentes, necesitamos unir esfuerzos, difundir, concientizar y socializar las problemáticas; buscar las coincidencias en los movimientos sociales, trabajar en conjunto y sumar a más gente convencida y dispuesta a trabajar por un mejor futuro.
Para ello es necesario entender que las transformaciones esenciales dependen de la sociedad, que no existen los mesías salvadores ni concesiones por parte de un sistema rapaz que sólo reproduce la miseria, el egoísmo, la marginación y la pobreza. En suma, es fundamental rebasar la visión de una democracia acotada y de representantes alejados de la sociedad, para impulsar un nuevo discurso y una forma de actuar democrática.
El #YoSoy132 puso un ejemplo claro de acciones ciudadanas viables al organizar un debate alternativo al del IFE donde los candidatos respondieron directamente a la ciudadanía bajo un formato independiente, profesional y fresco, dando un ejemplo a las instituciones electorales de cómo estos ejercicios pueden y deben responder a la sociedad y no a grupos de poder.
Pero también las asambleas o congresos populares son una forma alterna para desarrollar una democracia directa y participativa, la cual se debe alejar de viejos vicios antidemocráticos privilegiando siempre el consenso entre las diversas posiciones. A la par, resulta esencial seguir empujando la comunicación alternativa en las redes sociales buscando que lo distribuido por éstas tenga mayor seriedad y fundamentos.
Estas formas de organización autogestivas deben extenderse y ampliarse a todos los sectores de la sociedad, sin dejar de luchar por democratizar y transparentar las instituciones oficiales para que éstas sirvan y rindan cuentas sobre su razón de ser:
Muchos ya dieron un primer grito de ¡Ya Basta!, y un “nunca más un México sin nosotros”. Muchos están luchando por nuevos derechos, por nuevos caminos, es momento de que “los más” hagamos historia, que imaginemos y construyamos un mundo mejor y paremos la degradación del hombre hacia el medio ambiente, la destrucción, el hambre y la pobreza. Hay mucho por luchar, grandes razones, grandes urgencias.
La democracia debe ser vista más allá de su capacidad de representar a los ciudadanos sólo por el hecho de votar y elegir representantes, hay otras formas adicionales o alternativas de practicarla. La democracia deliberativa y participativa concede mayor legitimidad, ya que es mayor la población que participa en la toma de decisiones y ejercita el diálogo.
Entre más intensa es la participación de la ciudadanía, ésta se desarrolla, aprende más, se responsabiliza y se siente parte de la toma de decisiones. La política entendida en términos de una deliberación que incluya a todos los destinatarios de los acuerdos que se adoptan en ella y la necesidad de alcanzar el punto de vista del bien común mediante un debate público en el que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho de exponer y defender propuestas surgidas de sus propias necesidades.
La democracia deliberativa requiere que los participantes puedan involucrarse en un discursivo de argumentación y persuasión y, por supuesto, de acción que pueda frenar los abusos, la injusticia y la entrega de soberanía. La propuesta del Congreso Popular, impulsada por buena parte de la sociedad civil, parece dar interesantes pasos en esta dirección y, por lo mismo, merece toda nuestra atención. .
*Académico en la Escuela Nacional de Trabajo Social y el CCH Sur de la UNAM. Licenciado en Sociología con estudios de postgrado en Derechos Humanos en FLACSO y en la UACM.
