Para el Congreso local, los ciudadanos están vetados a proponer leyes sobre la regulación interna, funcionamiento e integración de los órganos del Estado, esto pese a la facultad que les otorga la legislación dentro de los mecanismos de participación que incluyen las iniciativas ciudadanas.
La postura de la LXXIII Legislatura quedó clara esta semana al aprobar el dictamen sobre la iniciativa presentada por Jesús Sierra Arias y otros ciudadanos a propósito del tema de la reelección, en done la Comisión de Puntos Constitucionales determinó el “no ha lugar” a la propuesta.
Entre los argumentos esgrimidos por los legisladores está el que presuntamente existe una restricción expresa para la efectividad y ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, consistiendo ésta en el impedimento de ejercitarlos en materia de regulación interna, funcionamiento e integración de los Órganos del Estado, y la restricción a los derechos fundamentales.
A juicio de la Comisión la propuesta inhibía la posibilidad de candidaturas independientes, esto por pretender establecer restricciones a los legisladores que busquen repetir en el cargo por una vía diferente a la del partido político que originalmente los postuló.
La propuesta planteaba que “la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.
De acuerdo con los legisladores con la eventual aprobación de la iniciativa se niega la posibilidad de contender en el proceso electoral por la vía independiente, ya que, si el mismo partido o los partidos integrantes de la coalición le niegan la posibilidad de contender, tampoco lo podría hacer por dicha vía.
Por otra parte la propuesta planteaba además la realización de una consulta para definir si un representante se podría o no reelegir, lo que es señalado por los legisladores como anticonstitucional debido a que el de la reelección es un derecho consagrado ya en la Constitución y no debe someterse a un mecanismo de consulta.
