Patricia Monreal / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-La reestructuración de la deuda bursatilizada en Michoacán, no puede ser mediante un pacto de impunidad ya que sí implicaría delito el que entre los tenedores de los certificados bursátiles estuvieran exfuncionarios públicos.
Así coincidieron los diputados Manuel López Meléndez, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, y los coordinadores parlamentarios del PR, Adriana Hernández Íñiguez, y del PAN, Carlos Quintana Martínez, cuestionados sobre un posible acuerdo de impunidad para que los nombres de los tenedores de los certificados bursátiles no se conozcan.
Cabe recordar que Michoacán ha pagado hasta el momento más de dos mil millones de pesos en puros intereses por la deuda burzatilizada que en su momento le autorizó el Congreso al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y de la que hasta el momento no ha cubierto un solo peso de capital por impedirlo las cláusulas del contrato signado por el lazarismo y con lo que se han visto beneficiados los poseedores de los certificados bursátiles.
Adriana Hernández Íñiguez hizo votos porque en la conversión de la deuda burzatilizada no exista un pacto de impunidad, “hasta el momento no ha habido claridad en ese tema, todos hemos solicitado esa información y pareciera que nadie sabe quiénes son” los dueños de los certificados bursátiles.
-¿Sería constitutivo de delito que entre los tenedores hubiera exfuncionarios?
“Yo creo que habría alguna responsabilidad, sobre todo si son exfuncionarios que tuvieron que ver con el endeudamiento inicial y con los siguientes procesos de reestructura”.
-¿Entonces no podría tolerarse la secrecía e impunidad a cambio de la conversión de la deuda?
“No, porque son recursos públicos, debe haber una transparencia que hasta el momento no existe, ojalá que esto se diga y creo que sí habría responsabilidad si fueron funcionarios que tuvieron que ver directamente con adquisición de deuda en gobiernos anteriores”.
Manuel López Meléndez apuntó a su vez que en la bursatilización existe un contrato generado en 2007 que establece que no puede haber modificación hasta el 2018,
“lo que nosotros estamos proponiendo es que se pueda negociar con los tenedores, pero esta es una de las dudas que se tiene en comisiones porque no sabemos quiénes son los poseedores de esos bonos.
“Para entrarle de lleno al tema de la deuda bursatilizada se necesita si habría la disposición por parte de los tenedores para que se pueda ajustar, refinanciar o modificar el convenio que se hizo en 2007”.
-¿Es delito que hubiera tenedores como dueños de certificados bursátiles?
“Claro que sí, es conflicto de interés y esos temas no pueden suceder, sería inaudito que algunos exfuncionarios tuvieran estos bonos, eso sería lo más reprobable que nosotros podríamos ver”.
-¿Entonces ustedes no estarían de acuerdo en un pacto de impunidad y de no transparencia sobre los nombres de los tenedores a cambio de reconvertir la deuda bursatilizada?
“Claro que no, aquí lo más importante es que los michoacanos sepan en qué condiciones se contrató, en qué condiciones se va a hacer la nueva reestructura, en qué condiciones vamos a estar después de que ésta se haga y qué beneficios va a tener el estado.
“Lo más importante es que los michoacanos estén bien informados de esto y dejemos atrás la opacidad”.
Carlos Quintana Martínez apuntó a su vez que este tema debe revisarse, “es un tema que todavía se tiene que ver a fondo en las comisiones, no debe haber intercambio de impunidad, lo que debemos hacer es apegarnos al estado de derecho”.
