La crisis ambiental por la que atraviesa Michoacán producto de la desforestación y la suplantación de sus bosques por zonas de cultivo de aguacate, recientemente ha puesto en la mesa el debate público el conflicto de interés de una de uno de los personajes más conocidos de la política estatal, se trata del senador José Ascención Orihuela Bárcenas.
El asunto ha sido motivo de jaloneos a últimas fechas y este lunes tendría un nuevo capítulo cuando el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña en rueda de prensa señaló a la familia Orihuela por conflictos de interés, lo que más tarde sería refutado en otra rueda de prensa por el diputado federal Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.
Los señalamientos perredistas
En torno al problema, el dirigente estatal perredista refiere algunas estadísticas como el que en las dos últimas décadas la deforestación en el estado se ha incrementado a tal grado que se ha perdido el 30 por ciento de su cubierta forestal debido principalmente a la creación de huertas de aguacate.
Ante el panorama que ha dado como resultado la pérdida anual de 60 mil hectáreas de bosques en la entidad, el perredista habló de la tala clandestina y los incendios forestales para el cambio de uso de suelo como las causas.
Recordó que el pasado 23 de agosto el Congreso local reformó la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado para facultar al Ejecutivo a aplicar medidas coercitivas en materia forestal, armonizándola con el Código Penal del Estado en lo referente a los delitos contra el medio ambiente.
“Esto quiere decir que pueden llevar ante la justicia a todas aquellas personas que realizan una insostenible y desequilibrante explotación de los recursos naturales. Desde febrero a la fecha, las dependencias que conforman la Mesa de Seguridad Ambiental, han realizado 20 operativos contra el cambio de uso de suelo, se han desmantelado 260 hectáreas de huertas ilegales, y más de 100 mil plantas de aguacate”.
Luego del contexto Torres Piña sacó a relucir el tema de los Orihuela al referir que hay quienes anteponiendo sus intereses personales, buscan frenar estos esfuerzos por detener la devastación.
“Por eso, exigimos a la familia Orihuela para que se abstenga de hacer exhortos al Gobierno del Estado con el fin de frenar las acciones para detener los cambios ilegales de uso de suelo; tanto el senador del PRI Ascensión Orihuela Bárcenas, como el diputado federal Ixtlahuac Orihuela, han levantado la voz en contra de esta iniciativa”.
En alusión a lo Orihuela subrayó que la preservación de los recursos naturales de Michoacán está más allá del interés de una familia “que incluso, ha sido acusada de tala clandestina para la siembra ilegal en la comunidad de Ziráhuato de Los Bernal, municipio de Zitácuaro y en la zona denominada Los Potreros, zona de contención y área colindante con el Santuario de El Rosario reserva de la Mariposa Monarca.
“Al ser él y su familia, dueños de huertas de aguacate, berries y arándano, donde presuntamente no existe un permiso de cambio de uso de suelo, Orihuela Bárcenas tiene un conflicto de interés. Razón por la cual han recibido millones de pesos de subsidio por parte de e la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), lo que debería impedirle hacer este tipo de proposiciones como lo establece el Capitulo Cuarto del el Reglamento del Senado de la República”.
No soy defensor de oficio
Más tarde, el diputado federal Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela también en conferencia de prensa habló sobre el asunto en donde defendió que son los productores de aguacate del estado los que le han manifestado su preocupación por la manera en cómo han sido tratados por el gobierno estatal, por diversos actos de autoridad que consideran no tienen fundamento y han venido a dañar su patrimonio, propiedad y el Estado de Derecho.
“En días pasados en la Cámara de Diputados realicé un pronunciamiento que tenía que ver con un llamado a la autoridad estatal para que regulara y midiera las acciones y cómo estaban tratando a los productores de aguacate”.
Reconoció que existe cambio de uso de suelo “en casi todas las materias de producción del agro michoacano y especialmente de aguacate; de las más de 130 mil hectáreas que hay en todo el estado por supuesto que hay cambio de uso de suelo desde la más originaria de las hectáreas de aguacate hasta la más actual”.
Acusó que con el actuar del gobierno estatal existe una “violación franca” a la Constitución de la República, “especialmente al artículo 16 y a todas las garantías que están establecidas”, pues sostiene que no ha habido orden judicial y administrativa, ni se ha observado la Ley General Forestal donde se establecen las facultades de la autoridades estatales que –refiere- “no pueden ser persecutorias”.
Sobre los señalamientos en su contra, aseguró que no es defensor de oficio “ni de aguacateros ni de familiares, vengo como diputado federal a decir lo que yo creo y que es que el gobierno del Estado se debe conducir con todo profesionalismo”.
El legislador rechazó ser productor de aguacate o tener interés particular en este asunto, “yo no vengo a defender a delincuentes”, apuntó.