Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Morelia, Michoacán. Los “daños colaterales”, como se refirió Felipe Calderón a las víctimas inocentes que resultaron de su Guerra contra el Narcotráfico, van más allá de quienes murieron entre las balas de presuntos delincuentes y elementos de las fuerzas del orden público.
Solamente en Morelia decenas de familias se vieron involucradas en balaceras registradas en antros, centros comerciales y avenidas de la ciudad; lo mismo que personas que iban pasando cerca de oficinas de seguridad pública que fueron atacadas con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación.
“Es la mala suerte de ser michoacano” asegura Martín Rangel Pérez quien quedó en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento entre sicarios de la Familia Michoacana y elementos de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP).
Aquella tarde de diciembre de 2009, Martín regresaba de su trabajo en una motoneta cuando se soltaron los disparos, al percatarse del tiroteo se lanzó al suelo y corrió para ponerse a salvo.
Fueron los propios federales los que le ordenaron que saliera para que quitara su motoneta de en medio de la avenida; Martín se acercó a su vehículo rápidamente y un policía abrió fuego argumentando que le había visto un arma.
“Ya chingamos a un civil” dijo un oficial mientras Martín permanecía tirado a mitad de la avenida con cinco tiros distribuidos en todo el cuerpo; sin embargo, los policías taparon lo ocurrido.
Martín llegó al Hospital “Doctor Miguel Silva” esposado y lo pusieron en una sección especial junto a delincuentes que recibían atención médica, inclusive, en algunas notas periodísticas se dijo que era parte de la PFP.
Martín supo que lo estaban inculpando porque siempre estuvo consciente, al llegar al hospital todavía alcanzó a recibir el reporte médico en el que se le internó por disparos de arma de fuego. No obstante, días después el parte médico era distinto.
La Procuraduría General de la República (PGR) envío “médicos especializados” que cambiaron las características del documento, por una parte reconocían que era un civil atrapado en el fuego cruzado y por otra dijeron que sus heridas eran producto de una granada de fragmentación lanzada por los delincuentes; con ello se eximía al Gobierno Federal de toda culpa y nunca respondió por sus acciones.
Martín perdió la movilidad de la mano derecha y sus heridas en las piernas y el abdomen le impiden labrar la cantera, el oficio que desempeñaba antes del tiroteo; seis años después ya no quiere seguir batallas legales que no puede pagar, lo que Martín pide es trabajo seguro y la seguridad de que no lo perderá cuando sea mayor.
“El tiempo pasa y encontrar trabajo se me dificulta más, eso es lo único que pido que me apoyen porque la pensión que me dan es temporal y no me alcanza para pagar mi tratamiento” asegura Martín.
A fin de lograr ser escuchado, Martín se involucró con las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre de 2008, quienes también forman parte de la larga lista de “Daños Colaterales” del ex–presidente Calderón.
Los afectados son tantos que el Congreso del Estado de Michoacán agregó a todas las víctimas de la Guerra contra el Narco en un solo grupo para que puedan exigir justicia.
Michoacán resintió los embates de la guerra desde que Calderón la declaró en mayo de 2007 en la ciudad de Apatzingán; aquella mañana –usando un uniforme militar que le quedaba grande- Felipe Calderón inició el Operativo Conjunto Michoacán lo que constituyó la primera fase de la guerra.
Fue en el cuartel militar de Apatzingán en donde se selló la suerte de Martín así como la de Anahí Guillén Méndez, una pequeña de 3 años que murió en un enfrentamiento cuando pasaba por enfrente de las instalaciones de seguridad municipal en la Avenida Francisco I. Madero.
Su mamá, Margarita Méndez la llevaba de la mano cuando varias camionetas frenaron bruscamente frente a las oficinas, fue entonces cuando sujetos armados comenzaron a disparar sobre el edificio sin ningún miramiento. Margarita –que tenía 7 meses de embarazo en aquel entonces- y su hija resultaron heridas.
Anahí no sobrevivió y se sumó a la lista de más de 70 mil asesinatos que contabilizaron organizaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ante las bajas estimaciones del Gobierno Federal cuya cifra oficial fue de 47 mil 515 muertos en ese sexenio.
Casi 6 años de guerra dejaron 150 mil desplazados y 7 mil 500 desaparecidos según reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En cuanto a Michoacán, las cifras alcanzan los 5 mil 553 homicidios en el sexenio así como 600 desapariciones forzadas.
Pero en ninguno de los casos se menciona a quienes ni murieron ni desaparecieron sino que resultaron heridos física o psicológicamente durante las escaramuzas del Gobierno Federal.
Alguno de esos casos fueron documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que detectó un aumento de más de 500 por ciento en las denuncias contra autoridades federales entre 2007 y 2011.
Los principales acusados de abuso de autoridad, negligencia y corrupción eran autoridades como la PFP, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Sin embargo, se desconoce cuantos casos llegaron a una recomendación y cuántas recomendaciones tuvieron una respuesta de dichas instituciones.
Lo que queda claro es que detrás de cada una de las 2 mil 578 denuncias presentadas ante la CEDH hay una historia de “daños colaterales” sobre personas que resintieron el embate de la Guerra del Narcotráfico que se sigue desarrollando hoy en día.
