Persecución judicial, el riesgo latente para de periodistas a nivel nacional. Las represalias legales por publicar y difundir información de interés popular, ha sometido a la opinión pública.
Sara Mendiola, Directora Ejecutiva de Propuesta Cívica, señaló en conferencia que incluso periodistas de renombre y adscritos a empresss de comunicación nacionales, se han visto sometidos a las represalias de exgobernadores, como el caso de Humberto Moreira.
El derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, se han enfrentado en una controversia que ha dejado en desventaja a los trabajadores de los medios de comunicación.
En general, la clase política tiene a su disposición conocimientos, herramientas legales y contactos que pueden llevar a “guerras de desgaste legal” a los periodistas que difícilmente pueden costear abogados.
La especialista admitió que la diferencia socioeconómica y de contactos políticos pueden prolongar hasta por siete años las demandas por daños al honor, lo cual cuesta el empleo, la estabilidad económica y emocional a los periodistas sometidos a las luchas judiciales.
Hay registros donde periodistas han sido sometidos a pagos hasta 10 millones de pesos por difundir información de interés periodístico, como en el caso reciente de Sergio Aguayo, quien documentó actos de corrupción del clan de los Moreira en el norte del país.
Otro aspecto señalado como desventaja para los periodistas, refiere a que los códigos penales de los estados se encuentran desfasados en cuanto a lo que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La corte ha fallado en favor de los periodistas, mientras que el tema legislativo no se ha actualizado.
En Michoacán ya se han registrado casos de periodistas que fueron sometidos por demandas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos destacó el caso reciente de un periodista de Lázaro Cárdenas que fue llevado a juicio por la alcaldesa de dicha demarcación.
En este caso, la CEDH intervino a través de la figura de “Amicus Curiae”, en la cual se logró que se desestimaran los cargos que el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas interpuso contra un comunicador que señaló actos de corrupción en diversas publicaciones.
