Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Apatzingán, Michoacán. La Policía Municipal de Apatzingán levantó a Moisés un martes por la tarde, lo detuvieron en un puesto de control -supuestamente dedicado a revisar vehículos sospechosos de tráfico de drogas- en pleno centro de la Tierra Caliente michoacana.
Era 2012 y los agentes de la extinta corporación controlaban desde las cuotas a limoneros hasta los secuestros bajo el mando del alcalde Uriel Chávez Mendoza; apodado por miembros de las autodefensas como “el Abarca de Apatzingán”. Ellos aseguran que Uriel Chávez personalmente “ordenaba las ejecuciones y le gustaba ponerle apodos a los muertitos”.
Cuando llegaron las autodefensas al municipio acusaron a la policía de Apatzingán de ser la “autora material” de los levantones de la zona, lo que provocó que el presidente fuera detenido por nexos con el narcotráfico el 15 de abril de 2014.
Moisés Orozco Medina fue una de las víctimas de aquella ola de desapariciones forzadas por parte de las propias autoridades el 22 de mayo de 2012. Cuando los municipales lo levantaron se convirtió en el tercer miembro de su familia en desaparecer.
La falta de “voluntad política”
Desde su desaparición, su madre y su hermana, Laura Orozco Medina, encabezan un movimiento que busca justicia, sin embargo, interponer denuncias contra servidores públicos les representa ponerse en riesgo.
Las autoridades michoacanas, como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), han mostrado un nulo interés por resolver los casos de desapariciones que llegan a sus manos en forma de denuncias.
Inclusive, las quejas en contra de cuerpos policiacos o militares han generado amenazas contra las madres de los desaparecidos instantáneamente, así lo relató Janahuy Paredes, una de las dirigentes del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas y Detenidas en México (Cofaddem).
“Lamentablemente, los mismos órganos internacionales nos han dicho que no hay voluntad política por parte de las autoridades” aseguró la activista.
La falta de esa “voluntad política” provocó que las autoridades estatales negaran las cifras de desaparecidos en Michoacán durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa. “Amnistía Internacional estuvo monitoreando y dio recomendaciones al Gobierno del Estado pero éste nunca las respondió” declaró Janahuy.
Si de algo sirvió el involucramiento de organismos como Human Rights Watch y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue para que el hostigamiento contra las madres de familia cesara.
“El acoso contra los familiares inicia en el primer momento de la denuncia, ya hay una amenaza, hay una advertencia de que si sigues poniendo denuncias contra las autoridades le puede pasar algo a tu familia” detalló Janahuy Paredes.
La familia de Laura ha recibido amenazas desde que denunciaron la desaparición de su padre Leonel Orozco Ortiz -el 3 de julio de 2007- cuando un grupo de paramilitares se lo llevaron.
Un año después –18 de abril del 2008- y tras meses de hostigamiento por parte de las autoridades, su otro hermano, Leonel Orozco Medina, también fue levantado por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Corporación creada por el ex-secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna durante el sexenio del michoacano Felipe Calderón Hinojosa.
Apatzingán también tiene desaparecidos
Mientras se espera la llamada “voluntad política”, las madres de familia unidas al comité autodenominado “Alzando Voces” se reúnen cada 10 de mayo para conmemorar un año más sin saber de sus propios hijos.
-No es una fecha de celebración, es un día de lucha y reclamo a las autoridades- aseguró Mercedes Ruiz durante la manifestación de este domingo.
Mercedes encabezaba las protestas con una lona que mostraba la foto de su hijo y la socia de su hijo quienes desaparecieron tras acudir a Tierra Caliente como abogados en representación de una comunidad. Lo extraño del caso es que la última vez que hubo registro de ellos fue cerca de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán.
-Lo que queremos es que se reconozca el problema y que el Gobierno Estatal ponga cartas en el asunto que no se olvide porque nosotras no olvidamos, que estén desaparecidos no implica que los hemos olvidado- reclamó durante la marcha.
En entrevista, Mercedes aseguró que su hijo es el ejemplo de que “no sólo hay asesinatos y cuotas en la Tierra Caliente, Apatzingán también tiene desaparecidos” contrario a lo que el discurso oficial refiere.
El comité “Alzando Voces” reclama cada año por los 30 mil detenidos-desaparecidos de los que se tiene registro en todo México y acusa al Gobierno Federal de promover este fenómeno como parte de una política de “Terrorismo de Estado”.
Sin embargo poco se ha hecho por ellos, hasta ahora algunos comités ciudadanos ponen atención en la problemática con la participación de personas como el contador Jesús Santamaría quien aseguró en entrevista que no hay cifras exactas de las desapariciones forzadas en Apatzingán y en la Tierra Caliente michoacana.
Santamaría pertenece a la asociación civil Don Vasco de Quiroga que se dedica a impulsar el desarrollo económico y social de Apatzingán para de esa forma evitar que los jóvenes caigan en manos de la delincuencia; sin embargo, también apoya para la creación de un registro de víctimas que puedan ser apoyadas para salir adelante.
“Es una tarea que nos toca a nosotros –aclaró Santamaría- porque nadie más que nosotros sabe nuestra situación, nadie sabe lo que es la muerte en Apatzingán ni lo que es desaparecer en Apatzingán”.
