Antes y después de su muerte, el desdén ha sido para Guadalupe del Toro Morales la respuesta del Estado Mexicano a su persona. Carente de reflectores y presión pública, el juicio sobre su feminicidio camina a marchas forzadas, con permanentes complacencias hacia el presunto victimario.
Durante los 20 meses transcurridos tras el feminicidio de Guadalupe, su familia ha debido recorrer los tortuosos engranes de la justica michoacana, el duelo y la pena se alargan en la medida en que el juicio lo hace también.
El miércoles la audiencia para el testimonio del perito forense estaba programada a las 21:00 horas, la Fiscalía General del Estado solicitó moverla a las 15:30 porque el perito tenía que salir de viaje, pero ni con el cambio llegó.
Dentro de la Sala de Oralidad 4 del Poder Judicial michoacano, fiscales se encuentran con los nuevos defensores del acusado, se saludan fraternos, bromean, -¡cómo no me hablaron antes hombre!, hubiéramos ido a un (procedimiento) abreviado sin problema- comentan; también se escuchan frases como “lo platicamos”, “nos ponemos de acuerdo”. Los familiares de Guadalupe aún no entran a la Sala, no se percatan de la escena.
Los tres jueces arriban pasadas las cuatro de la tarde a la Sala, sólo para correr el trámite del nuevo cambio de abogados de Martín, y para reprogramar para el día 24 los trabajos debido a la ausencia del perito.
Cuando en marzo de 2020 Guadalupe –víctima de violencia intrafamiliar- se separó de Martín, tuvo que hacerlo también de sus dos hijos porque no tenía cómo sostenerlos. Fue labrando un nuevo camino para estar con ellos, hasta que nueve meses después, le arrebataron la vida.
La necropsia reveló que ella falleció de asfixia mecánica por estrangulamiento en vísperas de navidad, su cuerpo fue encontrado semienterrado en las inmediaciones la colonia La Aldea, con el rostro carcomido por perros. Estaba envuelto en bolsas negras de basura y cinta canela.
“Era mi hija de 36 años, a quien le quitaron la vida… su propio esposo”, señala María Luisa Morales Parra, madre de once mujeres, la penúltima era Guadalupe.
La indignación inunda el ánimo de Verónica Del Toro, quien tras concluida la audiencia reclama airadamente a fiscales por el trato diferenciado en casos de feminicidios en Michoacán, y la poca seriedad para conducir los trabajos de la Fiscalía dentro del juicio.
Fue a Verónica quien reunida la familia, tuvo que dar la noticia de que su hermana había fallecido, y que su cuerpo había aparecido.
“Un día después de que la mató, Martín me habló pare decirme: suegra, Lupita no aparece. Él, ya hasta la había enterrado”, recuerda María Luisa.
“Aquí pareciera que no pasa nada, y sin embargo todo está pasando”, refiere molesta Verónica en entrevista, “se pospone una audiencia y luego otra, pareciera que la prioridad son los derechos que tienen los acusados, quienes cometen el delito de feminicidio y son a los que más se les protege”.
En marzo inició el juicio oral y los avances son mínimos, refiere Verónica, quien señala que si a las complicaciones que se presentan debido a la pandemia se le suma la actuación de las autoridades que mellan el proceso y las acciones que realiza el imputado para prolongarlo, al juicio no se le vislumbra fin.
“En las testimoniales queda claro que esta persona privó de la vida a María Guadalupe, a mi hermana; falta mayor eficacia en el trabajo que se realiza para que las testimoniales sean en tiempo y en forma, para que las personas se presenten; ha faltado trabajo al respecto”, apunta Guadalupe.
El testimonio del perito es reagendado para el 24 de agosto, aunque previamente había otra audiencia para continuar con el desahogo de testimoniales. La familia hace votos, para que los trabajos empiecen a fluir, para que la impunidad no sea la respuesta del Estado Mexicano al feminicidio de Guadalupe.
