Morelia, Michoacán.-La tercera es la vencida. Luego de dos intentos en anteriores legislaturas se prevé que finalmente las comisiones de la LXXIII, firmen este martes el dictamen que contiene la llamada Ley Antimarchas a fin de que sea sometido a votación en sesión del Pleno del Congreso.
Finalmente las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Derechos Humanos fueron citadas este martes 14:00 a las 18:00 horas en la Casona del Congreso para la discusión final del dictamen y la firma del mismo, con la idea de que en este mismo mes la Cámara haya aprobado la polémica norma.
El dictamen parte de las iniciativas presentadas por la bancada del PAN a través de la diputada Macarena Chávez Flores, y el diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar.
Conforme lo establece el dictamen, el objeto de esta Ley es ser “el instrumento legal que proteja el ejercicio del derecho de manifestación, asegurando que los derechos de los manifestantes o terceros no sean vulnerados”.
El artículo quinto del dictamen deja en claro que nadie podrá limitar el tránsito de peatones o vehículos, con lo que se busca evitar que una manifestación encuentre cauce para obstruir la circulación.
“Tienen el derecho de utilizar los espacios y lugares públicos, así como la vía pública, para el ejercicio de manifestación y marcha, quienes habitan o transitan en el Estado, por lo que ningún ciudadano o autoridad podrá limitar el tránsito de peatones o vehículos, salvo en los casos señalados en la normativa aplicable”.
En el artículo sexto se agrega: “Al manifestarse las personas no podrán realizar actos que eviten el cumplimiento de la finalidad regular los espacios o lugares públicos, así como la vía pública, o bien, que impidan el desarrollo de las actividades que, en ejercicio de sus derechos, realicen quienes no participan en la manifestación o marcha”.
En caso de existir alguna discusión en comisiones, se prevé que ésta sea entorno a los protocolos que se prevén en el dictamen, los cuales prevé desde acciones de difusión a la ciudadanía sobre la realización de una manifestación, pasando por las acciones para impedir que en estas se cometan ilícitos, hasta su disolución.
La propia ley dará facultad al Ejecutivo facultades del Legislativo, con lo que los diputados renuncian a su facultad constitucional en este caso, ya que el Ejecutivo podrá modificar los protocolos previstos en la norma cuando así lo considere.
Se considerarán infracciones a la Ley el no respetar las superficies máximas o prohibiciones relacionadas, señaladas para ejercer el derecho de manifestación, marcha o plantón; impedir la prestación de los servicios que brinda el Estado y los Municipios, en especial, Educación, Salud, Seguridad Pública y Protección Civil; alterar el orden público mediante el uso de amenazas, violencia, daños o agresiones frente a manifestantes, personas no manifestantes u organizadores, espacios o lugares públicos, vialidades o los bienes de dichos sujetos; injerencias de la autoridad que impidan el libre ejercicio del derecho de manifestación, de forma pacífica; impedir o dificultar la legítima actuación de la autoridad; para salvaguardar la seguridad y paz pública; impedir el libre ejercicio de derechos humanos, y el incumplimiento de la ley por parte de la autoridad.
Como zona o superficie para realizar una manifestación se prevé en el artículo 26 que los lugares destinados al tránsito de personas, independientemente del medio de locomoción, se podrán afectar hasta el cincuenta por ciento, de tal manera que las personas que no concurran a la manifestación o marcha puedan seguir transitando en el cincuenta por ciento de la superficie restante.
Además, la vía pública destinada al tránsito vehicular no podrá ser afectada en más del cincuenta por ciento, de forma tal que se permita el flujo vehicular.
En el artículo 27 se agrega que las manifestaciones o marchas que se den en los inmuebles de los espacios públicos, lugares públicos o vía pública no podrán impedir la prestación del servicio por parte de la autoridad, aquellas podrán ocupar hasta un cincuenta por ciento de la superficie, o bien, de no ser posible, garantizar que tanto el acceso de personas no manifestantes como la atención que se les brinda a éstas no resulten disminuidas.
Asimismo el artículo 28 establece que los inmuebles de los espacios o lugares públicos donde se brindan servicios educativos, de salud, seguridad o protección civil, se consideran zonas prioritarias para el Estado, por tanto, se determinan como no autorizadas para bloqueos, plantones y manifestaciones.
Años de intento
La llamada Ley antimarchas es el tercer intento del PAN para que se legisle al respecto en Michoacán, en esta última ocasión se sumaría el Partido Verde con una propuesta propia.
De la propuesta del PAN y del PVEM, y del trabajo en comisiones se elaboró el dictamen que este martes será signado en comisiones.
Macarena Chávez Flores fue la panista que presentó la iniciativa en octubre de 2015, ella misma anteriormente –en 2008 cuanto también se desempeñó como diputada- presentó una iniciativa en la materia misma que no se concretó en esa LXXI Legislatura.
En febrero de 2013 la bancada albiazul en la LXXII Legislatura retomó el asunto y presentó su iniciativa de “Ley que Regula las Reuniones en Lugares Públicos del Estado”, la que incluso fue dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero que no encontró el consenso suficiente para poder arribar a primer lectura en el pleno.
