Daniela Morales / @Cercaffa
São Paulo, Brasil.- La Comisión Nacional de la Verdad de Brasil entregó hoy (10.12.14) los resultados finales de las investigaciones que realizó desde que fue creada, en 2011, con el objetivo de develar e investigar las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en este país entre 1946 y 1988, periodo que abarca no sólo los años en los que estuvo vigente la dictadura cívico–militar brasileña (1964–1985), sino también el de las turbulentas décadas previas al golpe de estado que lo inauguró.
En el Palacio do Planalto, la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, quién durante la dictadura militó en el movimiento revolucionario Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR–Palmares) y fue encarcelada y torturada por el régimen, se emocionó al recibir el documento y señaló su deseo de que ese reporte “nos permita reafirmar la absoluta aversión que debemos tener al autoritarismo y a las dictaduras de cualquier especie. Que ese trabajo contribuya a que el fantasma de un pasado doloroso y triste no se pueda seguir escondiendo.” Pero sobre todo, enfatizó la importancia del conocimiento de esos crímenes para que no se vuelvan a repetir “nunca mas”.
Entre los resultados la comisión confirmó la existencia de 434 muertos o desaparecidos durante el régimen militar. Concluyó que la tortura fue adoptada para la recolección de informaciones y fue la esencia del sistema de represión del régimen. Con base en testimonios y documentos, los integrantes de la comisión lograron identificar 230 predios a lo largo y ancho de todo el país donde hubo violación de derechos humanos como tortura, asesinatos o desaparición forzada. Además, señaló también como responsables de dichas violaciones al Estado, a los militares y dio 377 nombres de personas que habrían cometido dichas violaciones.
La Comisión también hizo recomendaciones al gobierno de Brasil, entre ellas que las Fuerzas Armadas reconozcan su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, que se desmilitarice la policía en Brasil, y que los nombres de los responsables de cometer esos crímenes contra la humanidad conduzcan a que esas personas responsan ante la justicia.
Y es que la actuación de esta comisión estuvo direccionada al esclarecimiento histórico y no a que los responsables por esas violaciones puedan ser juzgados. El foco fue el rescate del pasado de represión política, con prioridad en la develación de los casos de desaparición política. En ese sentido, la comisión sugirió ahora la creación de un nuevo órgano que pueda continuar las investigaciones sobre crímenes cometidos en la dictadura para identificar nuevas víctimas.
La finalidad fue hacer efectivo el derecho a la memoria y a la verdad histórica, ingredientes indispensables en cualquier democracia.
