Revolución 3.0

Los integrantes de la LXXIII Legislatura local fueron a lo largo de tres años el Frankenstein que prometieron combatir. La falta de transparencia, el jaloneo político, los escándalos, el interés y apetito particular por encima de todo, y los pleitos internos fueron la constante entre quienes el próximo viernes dejan su función en el Congreso del Estado.

El 14 de septiembre es el último día de vida de la LXXIII Legislatura local, en la que sus integrantes se encargaron de sepultar el peso que el Congreso –un tanto por coyuntura- venía consolidando como Poder y protagonista para la gobernabilidad en el Estado.

Con pago al portador, los diputados bajaron los brazos y agacharon al Poder Legislativo para situarlo una vez más por debajo del Ejecutivo. Las versiones sobre los moches, pagos y retribuciones económicas fueron la constante cuestionada a los diputados y negada por ellos.

Fuera de cámaras y de grabación hubo quien reconoció el pago de tres millones de pesos por presupuesto estatal aprobado, e incluso el reciente desembolso de un millón y medio de pesos que estaban pendientes de pago a los legisladores por parte del Ejecutivo.

Los diputados que preparan ya sus maletas, dijeron de inicio que habría transparencia, austeridad y eficientarían el uso de los recursos públicos, promesas que se evaporaron desde el inicio de sus funciones. Incluso resultaron más opacos que quienes les antecedieron en el cargo.

Uno de los mayores escándalos de esta Legislatura se dio en junio de 2016, cuando a propuesta del entonces presidente de la Mesa Directiva, Raymundo Arreola Ortega con el respaldo de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y el voto a favor de los diputados, se entregaría la presea Melchor Ocampo al grupo Hermanos Jiménez y su Arpa que en sus canciones hace apología sobre el narcotráfico.

Tras el escándalo y bajo la lógica de “ahogado el niño a tapar el pozo”, cinco meses después el Congreso reformó el decreto para otorgar la Presea, estableciendo mayores candados y con ello “dignificar” el reconocimiento.

La diarrea legislativa presentando iniciativas a diestra y siniestra, fue una de las características de los diputados salientes, lo que derivó en un enorme cúmulo de iniciativas desechadas en comisiones.

Muchas fueron las designaciones que los diputados realizaron durante estos tres años de labores. El primer alcalde provisional que tuvo que definir fue Mauricio Díaz Gutiérrez en Álvaro Obregón luego de la detención de Juan Carlos Arreygue, acusado por el homicidio de diez personas calcinadas y encontradas en Cuitzeo.

El reparto de posiciones al interior del Congreso estuvo a la orden del día, sin embargo las listas y nombres de quienes fueron acomodados por los diputados en la estructura interna incluida la Auditoría Superior de Michoacán permaneció en sigilo. Hasta hace unos días los diputados continuaban peleando espacios para acomodar gente y sacar las últimas gotas al presupuesto público.

Los jaloneos por ver de qué color se pintaban las posiciones que les tocaba definir estuvieron a la orden del día en el Congreso. El caso más relevante fue el del Fiscal Anticorrupción, en donde el Ejecutivo metió sin pudor alguno las manos, buscando beneficiar a Marco Aurelio Nava Cervantes –amigo del gobernador- situación que sería atajada por la mayoría de los diputados, lo que abrió el camino a Alejandro Carrillo Ochoa para arribar al cargo.

El reparto de espacios estuvo a la orden del día fundamentalmente entre el PRD y el PRI, aunque también salpicaron al PAN que hasta hace unos días presionaba para emitir la convocatoria de renovación de una consejería en Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) que los azules consideran les corresponde a ellos.

Sin rubor alguno las bancadas se repartieron los espacios en la Auditoría Superior de Michoacán, no sólo los de mayor rango como son las auditorías especiales, sino también un sinnúmero de espacios de menor nivel. Eso sí, jamás lograron ponerse de acuerdo sobre la Unidad de Evaluación y Control que permanece acéfala.

Entre los cargos en los que el PRD tuvo mano en la designación, estuvo el del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; una consejera en el IMAIP al igual que el PRI; así como magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa en donde también colaron gente los priistas. Los amarillos palomearon también la presidencia de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros.

La LXXIII se caracterizó por ser una legislatura atrincherada en Palacio Legislativo, y ante cualquier manifestación optó por cerrar las puertas sin permitir ni la entrada ni la salida al inmueble.

El derecho de audiencia de los manifestantes se convertiría en un “derecho seleccionado”, en donde eran los diputados los que determinaban a quién atendían y a quién no en la llamada Casa del Pueblo.

Los diputados instrumentarían un plan de austeridad que acabaron por padecerlo sólo los trabajadores, esto a que ni siquiera contaban con papelería para operar. En contrapartida los diputados recibían al menos cien mil pesos mensuales para su gestoría, mismos que gastaban o no de forma discrecional, siempre y cuando presentaran facturas para justificar el recurso.

Públicamente los diputados aseguraban que sólo contaban con cinco mil pesos mensuales para gestoría.

El escándalo generado a nivel nacional por el uso de helicópteros oficiales para el traslado de “celebridades” durante la visita del Papa Francisco a Morelia, también llegó al Congreso, esto debido a que una de las que disfrutó el traslado en las aeronaves fue la diputada Belinda Iturbide Díaz.

Al interior de las bancadas la lucha entre grupos también fue cruenta. En la del PRD los diputados de Alternativa Democrática Nacional (ADN), permanentemente estuvieron contrapunteados contra los de Foro Nuevo Sol, y los jaloneos al interior derivaron en la separación de Juan Pablo Puebla Arévalo de la fracción.

La bancada del PRI permaneció toda la legislatura con un bloque rebelde a su coordinación ocupada por Adriana Hernández Íñiguez. Los legisladores Mario Armando Mendoza, Yarabi Ávila y Xóchitl González mantendrían una postura contraria al resto de la fracción.

Otro de los momentos que generó múltiples críticas tras la licencia de Pascual Sigala como diputado y el arribo de Antonio García Conejo al Congreso local. El 25 de octubre de 2017 acarreados e “invitados” del hoy senador, tomaron por asalto Palacio Legislativo para presenciar su toma de protesta como diputado, situación que se salió de control y derivó en agresiones incluso contra diputados locales quienes a empujones y jalones tuvieron que entrar a Salón de Sesiones.

El cuerpo de seguridad de Palacio Legislativo cerraría las puertas de acceso a oficina y Salón de Sesiones para contener a la turba, en tanto que los secretarios de gobierno en lugar de estar laborando permanecían sentados en la parte superior de recinto legislativo a la espera de que García Conejo rindiera protesta.

Otro momento significativo se dio en este 2018, cuando ante la inminencia de la aprobación de una reforma constitucional que restringía y acotaba recursos para la Universidad Michoacana, la comunidad nicolaita se unió y marchó encabezada por el rector Medardo Serna hasta Palacio Legislativo, logrando que los diputados atenuaran un poco las restricciones y condicionamientos a la Máxima Casa de Estudios.

El tema de la Universidad pasó factura a algunos, en particular a la diputada Rosa María de la Torre Torres protagonista de la reforma al 143 de la Constitución local contra la Michoacana –aunque en Sesión de Pleno negara el hecho-, quien el 15 de mayo en el acto de homenaje a los maestros universitarios en el Colegio de San Nicolás fue expulsada y catalogada como “non grata” por los profesores.

Así a lo largo de tres años, los integrantes de la LXXIII lejos de marcar una diferencia sobre prácticas nocivas en el proceder de Legislaturas anteriores, las perpetuaron y en algunos casos las perfeccionaron.

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Diputados locales fueron el Frankenstein que prometieron combatir

Por: Patricia Monreal