Morelia, Michoacán. Diputados federales y senadores del PRI hacen alianza para exigir que en Michoacán se detengan los operativos contra las huertas ilegales de aguacate, lo que permitiría seguir devastando bosques enteros y llenarse los bolsillos de unas cuantas personas.
Por separado, cada uno en su recinto, los representantes michoacanos a nivel nacional, están haciendo pronunciamientos y propuestas de puntos de acuerdo para solicitar que los máximos representantes del poder Legislativo en México, pongan un alto a las acciones que por primera vez en la historia de Michoacán se emprenden para detener el ecocidio que está acabando con ecosistemas enteros.
Por parte del Senado de la República, los senadores priistas, donde está Ascensión Orihuela Bárcenas, y Rocío Pineda Gochi como representantes de los michoacanos, están empujando un punto de acuerdo que está firmado por la fracción parlamentaria del PRI, donde piden que en Michoacán se detengan los operativos, y aunque reconocen que hay ilícitos en la tala de bosques, señalan que primero tienen que notificarles que son delincuentes y luego castigarlos, no les interesa que hayan matado todo lo que hay en el bosque. Ver aquí
Mientras que por parte de los diputados federales el diputado priista Juan António Ixtlahuac Orihuela, utilizó su curul para a la vez proponer a los diputados que también exijan que en Michoacán no se persiga el delito de cambio de uso de suelo, que a pesar de reconocer que es un ecocidio, en su participación exigió que se detengan los operativos que realiza la Mesa de Seguridad Ambiental.
Es de destacar que Michoacán los operativos contra el cambio de uso de suelo y delitos ambientales, se realizan en apego a la Ley Forestal del Estado de Michoacán de Ocampo, reformada en agosto pasado, y donde otorga plena facultad a la Comisión Forestal de Michoacán, para que incaute todo el material que se detecte en sitios donde constate que hay un delito ambiental, (artículo 124 de la citada ley).
Por otro lado, se sabe que quienes están encabezando las iniciativas para que se detengan los operativos contra este tipo de delitos, ya han acudido ante diferentes juzgados para ampararse por dichos procedimientos, pero los amparos han sido negados porque el delito está consumado y no cuenta ninguno con su respectivo permiso de cambio de uso de suelo, por eso recurren a otra vía posiblemente con la esperanza de que no se les persiga por sus ecocidios.
En Michoacán la delegación de la Semarnat, que es la institución encargada, no ha otorgado un solo permiso de cambio de uso de suelo en al menos dos décadas, y no se ha entregado porque en ese lapso de tiempo sólo se presentó una solicitud, la cual no llegó a su culminación porque el interesado desistió de continuar con el trámite.
En la entidad purépecha sí se entregan permisos de cambio de uso de suelo con fines agrícolas, pero la institución que es autoridad en la materia, establece bajo qué lineamientos y en qué zonas, o si estos no son posibles, pero en 20 años no hay registro de ninguna solicitud de este tipo.
La realidad del aguacate:
Se estima que sólo existen 90 hectáreas legalmente constituidas de aguacate hasta 1990, y a la fecha la extensión habría alcanzado ya más de 160 mil hectáreas, es decir, casi la mitad fueron instaladas de manera ilegal.
En los últimos años en Michoacán se cosechan para su mercado un millón 100 mil toneladas, de las cuales sólo 300 mil toneladas se venden en México, el resto son de exportación.
De acuerdo a un estudio realizado por la UNAM hace tres años, establece que el 75 por ciento del aguacate en el país se cultiva en la región de la meseta purépecha en Michoacán, y de acuerdo con indicadores del Consejo Estatal de Población, es la meseta purépecha la que más pobreza tiene, tanto por habitantes como por servicios públicos, el 30 por ciento de los indígenas están en condiciones de pobreza alimentaria.