Záyin Dáleth Villavicencio/ @ZayinDaleth3_0
El 1 de diciembre del 2006, Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia de la República. Las puertas del Congreso de la Unión se habían cerrado por decenas de diputados que habían tomado el recinto. El mandatario michoacano entró a hurtadillas y así tomó protesta: recibió la banda tricolor y juró respetar la Constitución.
La toma de protesta fue fruto de una elección que dividió al país. Ahí, Calderón tenía dos salidas para la crisis de gobernabilidad que enfrentaría: generar consensos y reconciliar, o simplemente arrancar del imaginario social el fraude electoral del que se le acusaba. La segunda opción requería de una acción dramática.
Así, el 8 de diciembre de 2006, Calderón declaró el inicio de la “guerra” de su gobierno contra las organizaciones criminales, específicamente contra el narcotráfico. Lanzó el Operativo Conjunto Michoacán e inició el despliegue de 4 mil 200 elementos del Ejército, mil elementos de la Armada, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público. Entonces la guerra inició.
Siete años después, Michoacán, el primer estado en el que se implementó esta estrategia, prevalece como un escenario de guerra, como un territorio en desgobierno, con un alto costo de muertes de civiles, desaparecidos y desplazados: con grupos criminales que no fueron desarticulados. Por el contrario, se multiplicaron.
Se fue Calderón y llegó otro gobierno. Regresó el régimen perpetuó del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y mientras tanto, Michoacán continuó sumergido en una crisis que se agudizó con una elección local señalada por recibir apoyo del crimen organizado.
Entonces, a un año del nuevo gobierno, comenzó el levantamiento de grupos de autodefensa. Cherán fue el ejemplo y ahora son más de siete municipios, en la región de Tierra Caliente, donde los que ciudadanos se han alzado en armas y han desconocido a sus gobernantes, al Estado y a su monopolio en materia de seguridad.
Así, Michoacán permanece en medio de un clima de inseguridad y desesperanza, donde predominan los casos de desaparecidos, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, trato inhumano, violación, tortura física y abuso de autoridad; prácticas que se han convertido en las usuales de la Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Un territorio comanche, que en palabras de Arturo Pérez-Reverte, “es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta; donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a las paredes, hacia los tiros que suenan a lo lejos”.
Así es Michoacán, un escenario de violencia, en donde los enfrentamientos y los ajustes de cuentas han entregado los más sangrientos y numerosos crímenes. Todos con un sello especial; el del narco.
Un estado en donde después del 3 de enero del 2007, día que Calderón apareció ataviado con el uniforme de la milicia en la ciudad de Apatzingán, es una escena usual ver circular por las calles decenas de camiones de militares y policías federales fuertemente armados.
Ante este escenario, según informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), del 2006 a la fecha este organismo ha recibido más de 800 quejas sólo por el concepto de tortura, así como más de 100 denuncias más por trato cruel, inhumano o degradante, prácticas protagonizadas por la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva.
Lo que ubica a Michoacán como el segundo estado a nivel nacional con el índice más alto de quejas por tortura física, mismas que se dispararon a partir del año 2007 en el contexto de la denominada guerra contra el narcotráfico.
En este escenario las desapariciones también son una variable constante. Sólo en 2011 se registraron 109 quejas por desaparición forzada, de las que el organismo emitió sólo tres recomendaciones a las autoridades correspondientes. En tanto, en lo que va del año las denuncias por este acto violatorio superan los 50 casos.
No es sólo inseguridad. El clamor generalizado es justicia social
No obstante, la guerra que Felipe Calderón orquestaba en su estado natal, Michoacán, no sólo dejó costos de inseguridad y muerte. Las secuelas no serán fáciles de borrar, pues simplemente el clamor generalizado es justicia social.
Y es que luego del 14 de febrero del 2008; la ofensiva de Calderón captó otro objetivo. El perredista, Leonel Godoy Rangel tomó protesta como gobernador de Michoacán y ahí surgió una nueva lucha, que como recién denunció el ex mandatario estatal, dejó de ser un simple problema político y se “adentró en el plano personal”.
Y la primera acción no se hizo esperar. Tras supuestos seis meses de investigación, el 26 de mayo de 2009, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), implementó a través de un fuerte despliegue Policiaco y Militar el Operativo conocido como el Michoacanazo.
Con este, el Gobierno Federal se jactó de lograr la detención de 12 presidentes Municipales, 8 altos funcionarios del Gobierno estatal, 1 Juez, 12 policías, 2 ex directores de Seguridad Pública y la persecución de 1 diputado Federal electo del Estado de Michoacán, acusados por la Procuraduría General de la República (PGR), de tener vínculos o ser miembros del cártel de la delincuencia organizada conocida como “La Familia Michoacana”.
La detención de los 35 servidores públicos y suspensión de los derechos políticos, y del diputado electo, Julio César Godoy ocurrió con Felipe Calderón como presidente; como Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y como gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
El diputado Julio César Godoy Toscano, medio-hermano del entonces gobernador del estado, tomó protesta luego de ser introducido a San Lázaro en el interior de la cajuela de un auto, el 23 de septiembre de 2010; días después, la PGR interpuso una solicitud de procedencia contra el legislador. Hoy permanece prófugo.
Mientras tanto, el resto de los funcionarios detenidos (ediles, policías y el juez), fueron liberados algunos luego de casi un año de arresto, ante la falta de pruebas que sustentaran sus nexos con el crimen organizado, no sin antes haber sido exhibidos y condenados públicamente; más por su embestidura de adversarios políticos del gobierno federal, que por su culpabilidad. Prueba de ello fue su liberación y la destitución del juez que ordenó su aprehensión.
Y tras esta mala relación entre el gobernador del estado y el presidente de la República, Michoacán sufre aún de la carencia de recursos económicos etiquetados desde la Federación y atraviesa una incierta deuda de cifras que nadie ha dado a conocer de manera certera, así como una sangrienta persecución en contra del ex mandatario estatal.
Michoacán pareció haber sido abandonado
Entre 2006 y 2011, Calderón incrementó 50 por ciento el gasto en seguridad del Gobierno federal. Fortaleció a la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) y a la Policía Federal, a causa de esto, el recurso que recibieron algunos estados disminuyó abruptamente. Michoacán, en ese entorno, pareció haber sido abandonado.
Situación que obligó al mandatario estatal a interponer en noviembre del 2011, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un juicio de legalidad contra el Gobierno federal por lo que consideró “retención ilegal” de las participaciones que corresponden al estado de Michoacán.
Entonces, Godoy Rangel argumentó: “agoté todas las instancias posibles de diálogo para no llegar hasta esto, pero no me dejaron otra salida”.
El juicio de legalidad se produjo luego de que el propio ex gobernador, Godoy, hizo dos solicitudes directas al presidente Felipe Calderón para resolver por lo que llamó “la vía amistosa” el conflicto de recursos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El embargo de las participaciones desembocó en la suspensión de obras en Lázaro Cárdenas y el campus de la Universidad Michoacana, e incluso de que empleados con cargo directivo no hayan cobrado su salario durante más de un mes, de acuerdo con el gobernador.
No obstante, la mala relación entre los titulares del gobierno estatal y federal, ambos michoacanos, derivó en una serie de denuncias públicas, en un estado que más allá de verse beneficiado con un presidente de la República que invirtiera en su desarrollo, pagó la factura de caprichos políticos y enconos personales.
En la última carta que le mandé al presidente yo le dije que yo era de izquierda y siempre seré de izquierda y que él era de derecha y siempre iba a ser de derecha…
Así lo detalló en entrevista el ex gobernador michoacano, tras nueve meses de concluido su mandato, al denunciar ser víctima de un “cruel y sanguinario linchamiento político” por el tema de la deuda pública que incluso ha sobrepasado el plano político para adentrarse en el escenario personal.
En esta ola de acusaciones de parte del actual gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, y del propio presidente de la República en cada una de sus visitas a Michoacán, el ex mandatario incluso advierte que las aseveraciones hechas reiteradas ocasiones por el panista rayan en una pugna personal más que política, y más que cuestionar su honorabilidad ponen en riesgo a su familia.
