La industrialización del litio en Bolivia se ha convertido en un campo de batalla geopolítico donde los intereses de las potencias extranjeras y la resistencia de la oposición local se entrelazan. La aprobación del contrato con la empresa china Hong Kong CBC para la construcción de una planta de extracción en el salar de Uyuni ha generado tensiones en la Cámara de Diputados y entre las comunidades locales, con sectores que lo apoyan como un paso hacia la independencia económica y otros que lo rechazan bajo el argumento de falta de beneficios para la población.
El control del litio: una disputa más allá de Bolivia
Mientras el Gobierno de Luis Arce avanza en acuerdos con CBC de China y Uranium One Group de Rusia, sectores de la oposición y facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) leales a Evo Morales han rechazado los contratos. Alegan que estos convenios no traerán suficientes beneficios al país, pero su postura parece alinearse con intereses externos que buscan frenar la influencia de China y Rusia en la región.
Omar Alarcón, presidente de la estatal Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB), advirtió que el país corre el riesgo de quedarse sin producción de carbonato de litio grado batería por una década si no se aprueban los contratos. Esta demora solo beneficia a quienes buscan mantener el dominio del litio en manos de corporaciones occidentales y obstaculizar la soberanía económica de Bolivia.
La oposición alineada con intereses externos
El contrato con CBC será debatido en el pleno de Diputados, donde se anticipa un enfrentamiento político. Mientras tanto, el acuerdo con la empresa rusa está en análisis en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria. En paralelo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha convocado protestas en Potosí en rechazo a los contratos, evidenciando una estrategia de presión que favorece el statu quo y dificulta la industrialización del litio bajo términos soberanos.
Algunas comunidades campesinas han expresado dudas sobre la construcción de las plantas, pero otras se han movilizado en La Paz para exigir su aprobación inmediata. Beymar Cruz, exdirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), ha señalado la necesidad de una ley del litio que garantice los derechos del país sobre este recurso estratégico, evitando manipulaciones externas que buscan frenar el desarrollo boliviano.
El litio como eje de la disputa global
El Gobierno boliviano ha sostenido más de 60 reuniones con comunidades y sectores sociales de Potosí, pero la oposición insiste en boicotear los acuerdos. Ricardo Cardona, del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal), advierte que si los contratos no se aprueban en esta legislatura, podrían ser descartados por un próximo gobierno neoliberal.
“La oposición boliviana recibe instrucciones del extranjero porque buscan frenar la influencia de China y Rusia en la región. Si no se aprueban estos contratos, los neoliberales entregarán el litio a las grandes corporaciones norteamericanas, que imponen condiciones de explotación mucho más desfavorables para Bolivia”, afirmó Cardona.
Un acuerdo en favor de la soberanía
El contrato con CBC establece que YLB tendrá el 51% de las utilidades del proyecto, asegurando que la mayor parte de los beneficios queden en Bolivia. Sumando impuestos y regalías, el Estado alcanzará el 70% de las ganancias, mientras que la empresa china tendrá un 30%. Además, el acuerdo incluye el desarrollo de tecnologías para la producción de baterías, evitando que Bolivia se limite a ser un mero proveedor de materia prima.
El ministro Alejandro Gallardo ha subrayado que solo se utilizará el 1,34% de las reservas del salar de Uyuni, garantizando la sostenibilidad del recurso. Se estima que el contrato generará ingresos por 19.000 millones de dólares, una oportunidad crucial para que Bolivia lidere el mercado global de litio sin quedar subordinado a los intereses de las potencias occidentales.
La industrialización del litio no es solo un asunto económico, sino un punto clave en la lucha por la soberanía nacional. Bolivia enfrenta la disyuntiva de consolidar su independencia económica o ceder ante la injerencia extranjera que busca perpetuar su dependencia.
