Los laudos promovidos por exasesores y trabajadores de confianza de pasadas legislaturas contra el Congreso local lo mantienen con la soga al cuello, a tal punto que a principios de mes fue embargada la cuenta que contenía la nómina del Poder Legislativo, esto para cubrir el pago de un solo laudo.
Son alrededor de cien las querellas que trabajadores de confianza de pasadas Legislaturas han promovido, en muchos casos fomentadas por los propios exlegisladores que en su momento contrataron a asesores y secretarios técnicos quienes, ahora obtienen jugosas remuneraciones o incluso, tienen que ser reinstalados en su cargo por orden del Tribunal.
Según datos de los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, para el pago de los laudos el Congreso requiere alrededor de 600 millones de pesos ya que por cada caso perdido la Cámara debe pagar entre uno y 1.5 millones de pesos por persona.
El asunto es más gravoso para la Cámara en la medida en que, quien ahora preside el Tribunal de Conciliación y Arbitraje –nombrado por el gobernador Silvano Aureoles- fue representante legal de varios de los exempleados demandantes, quienes ahora se ven beneficiados con rápidas ejecutorias para el cobro de los recursos exigidos.
El tema no para ahí, ya que en el proceso de negociación con los demandantes se han suscitado desencuentros entre personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso y exempleados, lo que ha derivado en un par de denuncias penales promovidas por amenazas y difamación.
En entrevistas por separado los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD y PAN, Adriana Hernández Íñiguez, Manuel López Meléndez y Carlos Quintana Martínez respectivamente, coincidieron en la gravedad del asunto y mostraron su preocupación por lo que consideran un evidente conflicto de interés por parte de Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
El embargo a la cuenta que contenía la nómina del Congreso obedeció al juicio promovido por Ivett Karina Campos Vargas, quien anteriormente se desempeñaba como asesora en la Cámara. Ella es hermana de José Felipe, suplente del diputado Daniel Moncada Sánchez, y obtuvo el fallo del Tribunal a favor, por lo que la Cámara deberá reinstalarla en su cargo y pagarle un total de un millón 12 mil 990.71 pesos.
Con el agua al cuello
El Congreso del Estado tiene el agua hasta el cuello y las economías que se han venido instrumentando van enfiladas a obtener recursos para pagar los montos generados por laudos, aunque no serán suficientes por lo que buscan negociar con los extrabajadores que han promovido querellas para arribar a acuerdo.
Al Poder Legislativo no sólo le ha sido embargada la cuenta con la nómina, sino también otros bienes y se prevé la situación empeore en lo que resta del año. Para mayo se prevé se den entre cinco o seis ejecutorias más por alrededor de 16 millones de pesos.
Manuel López Meléndez, coordinador parlamentario del PRD señala que desde su inicio en 2015 la LXXIII Legislatura tuvo que hacer frente al tema de los laudos ya que se dictaron alrededor de cien, de los cuales van alrededor de 55 pagados y faltan entre 45 y 50 por resolver, “todos ellos en total ascienden a un monto entre 600 y 700 millones de pesos de gasto para el Congreso”.
Refiere que la intención del Legislativo es negociar con quienes promueven los juicios, ya que los laudos además del pago de salarios caídos e indemnización están versando en su reinstalación en los espacios que ocuparon dentro del Congreso.
“En ninguna parte sucede lo que aquí estamos viendo, y la intención es llegar a un convenio porque no se puede pagar todo lo que está dictando el Tribunal, son cantidades exorbitantes, un millón o un millón y medio de pesos por persona, es realmente una exageración”.
Cuando menos pagar en abonos chiquitos es lo que busca el Congreso, es decir, que parcialmente la Cámara vaya cubriendo los montos establecidos en laudos por el Tribunal.
“Además no se puede dar todo, es decir, liquidarlos, pagarles sueldos caídos y reinstalarlos, no se pueden hacer así las cosas. Las negociaciones se están llevando a cabo en el Tribunal, aquí no hay ninguna situación de chanchullo o arreglo con algún funcionario o con la secretaria de Finanzas del Congreso porque estos temas se están revisando en el Tribunal”.
López Meléndez subraya que todos los trabajadores que entran con cada diputado saben que se deben ir con ellos por ser trabajadores de confianza, “la situación que se está viviendo es un vicio de pasadas Legislaturas porque incluso muchos exdiputados incitaron a sus empleados para que se quedaran y realizaran las demandas correspondientes”.
La coordinadora parlamentaria del PRI, Adriana Hernández Íñiguez apunta a su vez que a principios de mes se ejecutó un laudo por el que se embargó la cuenta de la nómina del Congreso, “sabemos que están por ejecutarse algunas otras, esto no es en perjuicio no de los diputados, sino de una institución y sobre todo de las finanzas del estado”.
La también presidenta de la Junta de Coordinación Política apunta que se ha trabajado de manera cercana con los abogados del Congreso para lograr acuerdos con los extrabajadores de tal manera que se respetan sus derechos pero que no colapsen las finanzas del Legislativo.
El líder de la bancada panista Carlos Quintana Martínez, a su vez refiere que la situación por la que atraviesa el Congreso es muy grave, ya que sus finanzas están sometidas por la cantidad de laudos que debe enfrentar.
“Eran trabajadores de confianza los que han demandado y se supone que entraban y se iban con los diputados que los contrataron, desgraciadamente no se hizo así y hoy tenemos un serio problema, por eso esta Legislatura para evitar situaciones similares ha firmado contratos con los trabajadores de confianza por tiempos delimitados”.
Conflicto de interés
Por lo que toca al papel del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje los diputados coinciden en que en este tema existe conflicto de interés, e incluso prevén reformar la norma para clarificar el nombramiento de dicho cargo evitando a futuro este tipo de situaciones.
Adriana Hernández Íñiguez, apunta que estarán revisando este tema, “no quisiéramos que hubiera este conflicto de interés porque algunos de los casos que se han estado ejecutando son de los que él –el presidente del Tribunal- llevaba como representante legal de los demandantes”.
Recuerda que actualmente la designación del presidente del Tribunal toca al Ejecutivo, “ahí sí se debería de revisar el tema, debemos garantizar por ley que al frente esté alguien ajeno a cualquier asunto personal o laboral y que tenga con conflicto de interés, esto daría certeza no sólo al Legislativo, sino al propio Ejecutivo y en general a todas las instancias que tengan que ver los problemas de laudos”.
En tanto Carlos Quintana Martínez refiere que de ser necesario el Congreso realizará una modificación legal para garantizar una cancha pareja en este tipo de casos.
A su vez Manuel López Meléndez recuerda que en la Cámara ya existen iniciativas presentadas para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y clarificar así el tema de los empleados de confianza.
“La norma ya estipula que este tipo de trabajadores no tienen derecho a una indemnización sino a su liquidación como cualquier trabajador, es importante que apuntalemos esas reformas para que no pase lo que ahora estamos viendo, sobre todo porque una autoridad pública no se puede amparar ante un laudo aunque detecte conflictos de interés, no tiene otra más que acatar el fallo”.
