Un total de 750 víctimas son las contabilizadas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), a raíz de la represión por parte del Gobierno del Estado a la comunidad indígena de Arantepacua en 2017, en donde se registraron cuatro ejecuciones extrajudiciales.
Los datos de la Comisión parten de los trabajos que han iniciado en la comunidad para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en diciembre de 2020.
“En la comunidad persiste el temor y la psicosis, hay miedo, eso es evidente, es palpable a la hora de hacer las entrevistas, no puedo creer que en pleno Siglo XXI se haya dado la criminalización de una comunidad indígena de esta magnitud, eso no lo puedo concebir”, apunta Josué Alfonso Mejía Pineda, titular de la CEEAV.
Cabe recordar que el cinco de abril de 2017, bajo el argumento de recuperar unidades de transporte retenidas en la comunidad, la administración encabezada por Silvano Aureoles Conejo, instrumentó a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procuraduría del Estado un operativo con 300 elementos de seguridad que a punta de disparos irrumpieron en Arantepacua.
De acuerdo con Josué Mejía, las víctimas de mayor gravedad registradas por esos hechos son alrededor de 60, mientras que el general de víctimas registrado por la CNDH es de 500, “nosotros llevamos un registro como de 750 víctimas”.
Apunta que la Comisión está trabajando ya para dar atención a las víctimas en cumplimiento de la recomendación de la CNDH, “la atención debe ser muy consensada con la comunidad, no es sólo de entrar, es una atención que hemos ido construyendo en diferentes líneas de trabajo”.
En estos momentos están en el proceso del registro, dando medidas de asistencia a tres de las viudas, y a los familiares del menor asesinado, previendo iniciar la atención psicológica, “tres o cuatro días a la semana vamos a tener presencia de psicólogos atendiendo a la comunidad”.
Josué Mejía agrega que el siguiente paso es hacer diagnósticos individualizados de las víctimas y emitir las reparaciones individuales de daño que tendrán que pagar los responsables, en este caso las autoridades a las que emitió la recomendación la CNDH.
En cuanto a la asesoría victimal, refiere que la CEEAV tiene asignados en la unidad de Uruapan tres abogados, “se está en el proceso de declaración, y estamos acompañado también a la comunidad en el proceso de atracción del caso a la Fiscalía General de la República”.
Sobre el ánimo que priva en la comunidad a cinco años de los hechos, apunta que es palpable que hay un daño, “la lucha es tratar de recobrar el proyecto de la comunidad, primero quitarle la estigmatización, quitarle la criminalización y volver a buscar que la comunidad tenga una resiliencia que le permita no olvidar esto, porque esto no se puede olvidar, pero si por lo menos recobrar la confianza en las instituciones, es también es un tema importante, no confían en las instituciones.
“Nosotros estamos tratando de construir esos lazos, porque la Comisión ha llevado buena relación con la comunidad, entonces estamos siendo como ese puente vinculatorio para poder construir ese acompañamiento”.
En el caso del menor asesinado, su familia sufrió desintegración tras lo ocurrido, la CEEAV no ha tenido contacto hasta el momento con su madre quien ya no vive en la comunidad, el vínculo ha sido con su abuela.
