Morelia, Michoacán. En Michoacán la clase política ha demostrado en los últimos años no sólo su desinterés en reconocer los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, sino su abierta intención en boicotearlos con la esperanza de mantener los cotos de poder que hasta hace unos años eran de los partidos.
El ejemplo más reciente es Pichátaro, en donde el ayuntamiento con asesoría del gobierno estatal y el Congreso del Estado, buscaron por todas las vías posibles impedir que la comunidad hiciera uso de sus derechos para ejercer directamente el presupuesto que le corresponde dentro del municipio de Tingambato, esto pese a que incurría en desacato judicial al respecto.
Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en Michoacán las acciones del gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo han dejado claro que el tema indígena no sólo no es prioritario para la administración, sino un problema por los inconvenientes políticos que le representa.
Este 2017 la Secretaría de Pueblo Indígenas dejó de existir, lo que más que nada representó un mensaje ya que la dependencia como tal por su inoperatividad era motivo de constantes señalamientos por parte de las comunidades.
Las conquistas de las comunidades en Michoacán no son del agrado del gobernador Silvano Aureoles Conejo quien abiertamente ha declarado en contra de las determinaciones del Poder Judicial en casos como el de Cherán.
“También a veces la Corte resuelve cosas sin tener elementos suficientes, y con lo que hemos vivido yo estoy dispuesto incluso a revisar el tema con los ministros de la Corte porque cuando resuelven ellos allá en su santuario, generan tormentas en el mundo real”, refirió el gobernador michoacano en una entrevista que dio en abril pasado a Televisa, ahí Aureoles advirtió: “eso no está acabado”.
El rechazo a las conquistas de las comunidades no se limita sólo al Ejecutivo, ya que el Congreso durante las tres últimas Legislaturas ha mostrado también su profundo rechazo al tema, máxime cuando se ha visto obligado por resolución judicial a realizar acciones en la materia.
Michoacán es una de las seis entidades del país que carece de leyes reglamentarias en materia indígena junto con Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas.
En Oaxaca por ejemplo existen cuatro normas específicas: la de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; la Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Indígena; la Ley Que Crea La Academia Oaxaqueña De Lengua Mixteca; y la Ley que Crea la Academia de la Lengua Zapoteca.
El camino que abrió en 2016 la comunidad de Pichátaro para manejar de forma directa el presupuesto que le corresponde del municipio de Tingambato, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el reclamo indígena, ha generado mayor aversión de la clase política estatal con las comunidades indígenas que aspiran a esta vía, pues el control sobre éstas se ve menguado.
Hasta los casos Cherán (con Santa Cruz Tanaco), Pichátaro y ahora el de Santa Fe de la Laguna que ya fue resuelto por los órganos jurisdiccionales, en Michoacán los presupuestos a ejercer en las comunidades indígenas estaban condicionados a los criterios de gasto que establecen los ayuntamientos, mismos que ha sido los que determinan si se les destinan o no recursos, o bien el monto de éstos.
También está el caso de San Felipe de los Herreros en el municipio de Charapan, en donde el Tribunal Electoral del Estado ya emitió fallo favorable para la comunidad.
El caso de Santa Cruz Tanaco es particular y va emparejado con el proceso de lucha legal que tuvo Cherán para la elección de sus autoridades vía usos y costumbres, y el reconocimiento de su Concejo Mayor de Gobierno Comunal como autoridad equiparada a los ayuntamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La represión y persecución de los habitantes de las comunidades indígenas que se convierten en luchadores por la defensa de sus tierras no es un hecho nuevo en Michoacán, no obstante en la actualidad se ha agravado con la presencia militar bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado.
El incremento de operativos militares y policiacos en contra de comunidades indígenas en Michoacán ha sido denunciado por diversas organizaciones, entre ellas el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y la “Ricardo Flores Magón”.
Asimismo habitantes de Karichuato, Uruapillla, Santa Fe de la Laguna, Ihuatzio, Teremendo de los Reyes han denunciado represión de las autoridades, torturas y detenciones ilegales.
Los datos del Gobierno de la República con corte a abril pasado, reportaba en los 86 penales del país más de 800 indígenas recluidos, sujetos a proceso.
Michoacán ocupa el doceavo lugar nacional por número de indígenas presos, diez con sentencia y seis en calidad de procesados.
En México sólo cinco estados se han ocupado en legislar en materia indígena, no obstante que el artículo segundo de la Constitución Federal remite a las constituciones y leyes de las entidades federativas el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas.
Debido a lo anterior la Cámara Baja del Congreso de la Unión, turnó al Congreso michoacano un exhorto para que, haciendo uso de las facultades que tiene, legisle en materia indígena.
Nuestro estado se encuentra entre la mayoría de los estados que sólo han adecuado su marco constitucional local al de las reformas de los artículos primero y segundo de la Constitución Federal. Se encuentra también entre la mayoría de entidades que faltan de emitir su propia Ley reglamentaria en materia indígena, la cual a juicio de los diputados federales es indispensable para hacer efectiva la aplicación y exigibilidad de los derechos por parte de los pueblos y las comunidades indígenas.
