En junio de 2021 la administración encabezada por Silvano Aureoles Conejo en Michoacán, publicitaba la consumación de la obra del Centro de Resguardo e Identificación Forense como la de mayor capacidad en el país. Once meses después, las instalaciones permanecen sin uso, en el limbo legal, con deficiencias técnicas y sin recursos para operar.
Las 992 gavetas y 240 osarios de concreto armado en la obra, permanecen vacías. En tanto, 1,200 cuerpos sin identificar –bajo la custodia de la Fiscalía General del Estado- se encuentran diseminados en el territorio estatal, resguardados en panteones municipales y privados.
Irregularidades en su construcción, la falta de operación y los 14.07 millones de pesos invertidos, convierten al llamado Panteón Forense en un elefante blanco, una obra que está lejos de responder a la exigencia de familiares de víctimas por desaparición en Michoacán.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas reporta al 22 de mayo de 2022 un total de cien mil 239 personas desaparecidas y sin localizar en México, de las que cuatro mil 328 corresponden a Michoacán.
“En temas de desaparición y búsqueda hay total indolencia, sólo vemos un mal uso de los recursos públicos, como en el caso del Panteón Forense”, señala Mercedes Ruiz González, integrante de la organización “Familiares Caminando por la Justicia”.
Para la activista sería muy grave que la corrupción haya manchado la obra, esto frente a la exigencia creciente de familiares y colectivos para el resguardo e identificación de los cuerpos que son encontrados.
Elementos de duda
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, a través del proceso de licitación IO-916007977-E5-2020, adjudicó la obra a la constructora GICEH Ingenieros Civiles S.A. de C.V., por un monto de 14 millones 75 mil 155.03 pesos.
La empresa fue creada dos años antes de verse seleccionada. Su Registro Federal de Contribuyentes fue emitido en mayo de 2019, y su escritura pública –la 2545- fue expedida en noviembre de 2018 por la notaría 141 con sede en Morelia.
Llama la atención que el registro GEM/SCOP/PC/4281/2021 de la empresa dentro del padrón de contratistas de Obras Públicas del Gobierno del Estado, date del 2021, es decir, del año siguiente en que le fue adjudicada la obra del Panteón Forense.
GICEH no cuenta con un sitio oficial en que se pueda consultar su experiencia y trabajos realizados. No existe referencia pública de alguna obra ejecutada para la administración estatal o alguna municipal previa asignación del Panteón Forense.
Sólo es posible detectar dos adjudicaciones que se le dieron posteriores a la del referido Panteón, una se dio prácticamente a la par que éste: los módulos de información turística en los principales nodos de la Ruta Don Vasco. Dicha obra le fue adjudicada en noviembre de 2020 por 898 mil 952.95 pesos.
La otra obra data en su contrato de octubre de 2021, con el ayuntamiento de Madero; fue por 399 mil 998.44 pesos para la construcción de los baños de una primaria.
Pese a ello, en el dictamen técnico-económico elaborado por la Dirección de Procesos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), dentro del proceso de licitación para la obra del Panteón Forense, se consigna que GICEH cuenta con experiencia en obras similares.
La sede de GICEH está domiciliada en la calle Granjero, número 384, en la colonia Las Jacarandas de Morelia. Sin embargo, tal dirección corresponde a un edificio de departamentos y no a la ubicación de una empresa.
De la documentación sobre la obra del Panteón Forense, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado reportó a principios de mayo de 2022, que “se ha llevado a cabo la búsqueda, tanto del expediente como de los registros que lo avalen, no encontrando hasta ahora ningún precedente sobre ello para poder considerar liberada dicha infraestructura.
“Presumiblemente, existen elementos que denotan ciertas irregularidades que hacen probable la presentación de la denuncia y acciones administrativas pertinentes en contra de la empresa por parte de la SCOP y quien resulte responsable por lo que resulte”.
Las irregularidades
En la información pública a la que puede accederse a través del sistema Compranet de la Secretaría de Hacienda –en donde se tienen registros de las licitaciones en el país- y de la Plataforma Nacional de Transparencia, es posible conocer los detalles del proceso seguido para la obra del Panteón Forense en Michoacán, así como los planos de ésta.
La vigencia del contrato DOP/IRF/CCA-CBP-01/2020 fue acordada del cuatro de agosto de 2020 al 15 de diciembre de ese mismo año, es decir, se preveía que la obra se realizara en un plazo de cuatro meses. No obstante, fue hasta junio de 2021 –seis meses después- cuando la administración silvanista anunció su conclusión.
La obra licitada incluía en su realización drenaje pluvial, una planta de tratamiento de líquidos lixiviados para cumplir con la norma oficial NOM-0SEMARNAT-1996 –debido a que en el lugar estarán resguardados restos humanos-, iluminación exterior, una cisterna, todo lo relacionado a la instalación eléctrica para el funcionamiento del lugar, carpintería, cancelería, acabados, la cimentación, la albañilería, las gavetas y nichos, la pavimentación, entre otros.
La Fiscalía General del Estado donó el predio de 2,500 metros cuadrados en la Colonia Siervo de la Nación, cerca de sus propias instalaciones. El acceso al lugar carece hasta hoy día de pavimentación y alumbrado público, y en época de lluvias la zona es susceptible a inundaciones.
Adrián López Solís, fiscal General del Estado, explica que además del predio, la institución a su cargo elaboró el proyecto ejecutivo, mismo que gestionó junto con otros tres proyectos ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal.
“El detalle es que cuando autorizan el proyecto, nos dicen que no puede bajar a través de la Fiscalía sino de la Comisión Estatal de Búsqueda por las reglas de operación; y entonces, para no perder el recurso, nosotros nos adecuamos a la normatividad federal y apoyamos entregándole a la Comisión el proyecto ejecutivo y el terreno.
“El proyecto lo ejecutó el Gobierno estatal a través de la Secretaría de Obras, con su proceso de licitación tengo entendido, y está prácticamente concluido”.
En abril pasado autoridades estatales junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), realizaron una inspección a la obra del panteón forense, detectado diversas irregularidades, entre ellas la carencia de una instalación eléctrica adecuada y la falta de drenaje.
“No sé por qué se planeó la obra ahí”, refiere Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la CEDH, quien considera que la situación que priva en el lugar evidencia falta de sensibilidad por parte de las autoridades, “no tiene drenaje adecuado, es una cuestión de diseño que ellos tendrán que resolver, no hay ni calles ni luz”.
La urgencia de una mayor gestión gubernamental es planteada por el ombudsperson, quien subraya la importancia de que el Panteón opere a la brevedad para atender los procesos de búsqueda de los familiares de personas desaparecidas.
Para los colectivos la situación es preocupante, Mercedes Ruiz apunta que el 17 de septiembre de 2020 –cuando se colocó la primera piedra- el compromiso de las autoridades con los familiares de víctimas fue que estaría lista en seis meses, “nosotros esperábamos en ese tiempo ya contar con él, dada la gran crisis forense que vivimos”.
Hasta el momento no se ha extendido una invitación a familiares de víctimas para recorrer el lugar, “hemos averiguado que el panteón forense tiene muchas carencias, que la construcción está mal hecha, que la instalación eléctrica que hicieron es deficiente, no va a aguantar, tiene que tener condiciones para la refigeración y una temperatura adecuada para conservar los cuerpos”.
Mercedes –madre de Guillermo Ortiz desaparecido el 29 de noviembre de 2010-, apunta que una vía para obligar una investigación de las irregularidades en la obra del Panteón Forense sería a través del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, el problema es que luego de ser designado hace tres años, nunca se tomó protesta a sus integrantes, por lo que legalmente se encuentra inactivo.
Indefinición
La falta de definición acerca de quién operará el lugar, es otra duda que priva. Legalmente la competencia está en manos de la Secretaria de Gobierno a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, sin embargo, las deficiencias presupuestales de ésta no garantizan tal posibilidad en el corto plazo.
Sobre el particular, el Fiscal Adrián López Solís apunta que una posibilidad es que la operación del Panteón Forense quede en manos de la Fiscalía, aunque aclara que para ello la institución requeriría más disponibilidad presupuestal.
En caso de que permanezca bajo la dirección de la Comisión Estatal de Búsqueda, se precisaría de un convenio con la Fiscalía para el resguardo de los cuerpos.
“En principio porque el Ministerio Público sigue teniendo la responsabilidad de investigar el hecho, de entregar el cuerpo de las víctimas a sus familiares, de preservar la evidencia, de defender el caso ante los tribunales por alguna imputación cuando esto es producto de delito. El destino final de los cuerpos y toda la evidencia que le rodea, está en la cancha de la Fiscalía”.
En ese sentido apunta que válidamente la Comisión puede administrar el espacio, “pero la indicación, solicitud u orden para el resguardo tiene que venir de la Fiscalía, y la extracción para un destino, un repositorio final, pues tiene que venir de aquí”.
La perspectiva de la Comisión de Búsqueda en la relación con la Fiscalía, se circunscribe a los procesos para la identificación de cuerpos. Así lo consigna en el reporte interno elaborado el tres de mayo sobre el tema: “se está en perspectiva de colaboración con la FGE en materia de insumos para identificación, (entre ellos los reactivos), se están terminando los proyectos técnico-jurídicos para llevarlo a cabo en los términos de la normativa y dar claridad y transparencia a los actos que realicemos en la actual administración”.
Sobre el asunto, el ombudsperson Marco Antonio Tinoco Álvarez es tajante en señalar: “A nosotros no nos interesa quién lo tiene que operar, para nosotros queda muy claro que es la Comisión y ésta depende de la Secretaría de Gobierno, y el lugar ya se tiene que abrir”.