Tras varias discusiones entre los promotores de la reforma a la Ley Antiterrorismo y la izquierda en la Cámara de Senadores, el pasado 11 de febrero se votó a favor de la reforma. La disputa se debe a la modificación del artículo 139, que contempla penas de hasta 40 años de cárcel o mil 200 días de salario mínimo de multa a quien atente contra edificios, vehículos y demás bienes públicos y privados de manera deliberada, así como instalaciones de órganos internacionales o representaciones de gobiernos extranjeros y nacionales.
La ley fue publicada este 14 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor este sábado. Esta ley también contempla “a quienes por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o pretendan ser utilizados en terrorismo [o] sabotaje”.
“La iniciativa desde que salió de Los Pinos tuvo un mensaje claro: la represión por parte del Estado hacia la protesta social, fundamentada bajo la figura del terrorismo, propiciando un clima de intimidación, miedo, persecución y represión; y con ello una paralización social”, indicó en su momento David Monreal, senador del Partido del Trabajo.
Bajo el argumento de resguardar el orden, la nueva ley implica que el sector más “radical”, tendrá que buscar mecanismos para manifestar el descontento social de manera más “civilizada”, o arriesgarse a pagar las consecuencias.
La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, señaló que las marchas en el Distrito Federal no son un problema que se resolverá con la penalización de la protesta social, sino con una política integral de Estado que privilegie el diálogo antes que las acciones represivas o penales.
“Hay que tener mucho cuidado con la cuestión de criminalizar. Cuando lo que se regula en cuestión de manifestaciones sólo aumenta las penas, estamos hablando de una ley que tiene un enfoque más penal. Eso debe de ser la última opción en cualquier sociedad democrática, ésta es la parte que nos preocupa. No por ejercer un derecho se puede justificar que los demás pueden limitarse”, destacó.
Sin duda esta ley dará mucho de qué hablar cuando llegue el primer caso en el que alguna afectación a un tercero se realice dentro de una marcha y se le considere como terrorismo.
