“Cuando uno juzga… uno siempre trata de encontrar justificación. Los militares tratan, simplemente, de cubrirse unos a otros.” Viuda de un joven asesinado por soldados, duda que la justicia militar sea imparcial.
Diversas luchas han encontrado soporte en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ahí es donde el Estado mexicano ha sido juzgado por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, tales como las cometidas en contra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
“Los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, nos muestran la crueldad con que han actuado elementos militares en comunidades indígenas, donde las mujeres son vistas como botín de guerra”, afirman activistas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Asegurando que eran comunidades donde se gestaba un movimiento de resistencia pacífica para reivindicar derechos colectivos y denunciar los abusos de las fuerzas armadas. “El Ejército, acostumbrado a la impunidad, nunca imaginó que Valentina e Inés tuvieran la fuerza y el coraje para denunciar y exigir castigo a los perpetradores de estos crímenes”.
El primer caso se refiere a la violación sexual y tortura de la indígena Me’phaa, Valentina Rosendo Cantú, ocurrida el 16 de febrero de 2002. Ella tenía 17 años cuando fue violada y torturada por elementos del Ejército, mientras se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su casa en la comunidad de Barranca Bejuco, perteneciente al municipio de Acatepec.
La violación se produjo mientras era interrogada sobre la ubicación de varios hombres de la comunidad, señalados por los militares como “encapuchados”. En los días posteriores a los hechos le fue negada la atención médica en la clínica de salud pública, por lo cual tuvo que caminar durante ocho horas hasta la ciudad de Ayutla de los Libres para ser atendida en un hospital, en el que nuevamente le negaron la atención médica que requería. Desde el 2 de febrero de 2010, Valentina y su hija cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de una serie de amenazas y actos de hostigamiento en su contra, que se reactivaron una vez que el caso se presentó ante dicha instancia.
El segundo caso es la violación sexual y tortura de la mujer indígena Me’phaa Inés Fernández Ortega, nuevamente por parte de elementos militares que allanaron su domicilio en Barranca Tecuani, una comunidad de la zona serrana de Ayutla de los Libres, el 22 de marzo de 2002. Hasta hoy ni éste, ni el caso anterior han recibido justicia, porque aunque existe una sentencia por parte de la Corte Interamericana, el Estado no la ha acatado.
En el curso de los ocho años posteriores a los hechos, tanto Inés como sus familiares, integrantes activos de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), y sus defensores han sido objeto de ataques y actos de hostigamiento.
Según los activistas de Human Right Watch, “aunque México ha implementado operativos en contra del narcotrafico, los cuales incluyen a las fuerzas armadas, en los últimos dos sexenios dichas acciones se incrementaron de manera drástica, donde en un principio se habló de un despliegue del Ejército como una de las estrategias clave del Estado, supuestamente para mejorar la seguridad pública, aunque ésta tenia un mejor panorama antes de realizar dicha acción”.
Y explican que en México, el tema central es la voluntad política para asegurar que los casos de abusos cometidos por el Ejército contra civiles sean juzgados donde corresponde, sin embargo eso no sucede, por lo tanto no son escuchados en tribunales civiles, donde existe la garantía de independencia judicial y el escrutinio público necesarios para que las víctimas puedan obtener justicia.
La abogada Araceli Olivos, Coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos PRO Juárez, asegura que “el ejército es una de las instituciones, incluso antes de la Marina, que tiene mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos. De las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, al menos tres de las cuatro que existen, han sido cometidas a manos de elementos del ejército”.
Olivos agrega que “el foco de atención de la Corte Interamericana, tiene que ver con la ininterrumpida situación deshonesta que vive el país en cuanto a la reforma de justicia del código militar, hecha en abril de 2014, en donde las víctimas no son reconocidas como parte del proceso, lo que significa que no pueden obtener una mínima información de lo que sucede, desde la etapa de averiguación previa y una vez llegada la sentencia, mucho menos pueden reclamar la protección de sus derechos”.
Además segura que, una de las críticas más relevantes de la Reforma, tiene que ver con la violación del principio de continencia de causa, que significa que pueden seguirse dos investigaciones paralelas, tanto del fuero militar como en el fuero civil, una puerta de salida que le dejó el poder legislativo a la Sedena, que implicaba que las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles, iban a ser atraídas a la jurisdicción civil, pero también se investigarían en el terreno militar, aún cuando está estipulado que no pueden haber resoluciones contradictorias y tampoco investigaciones paralelas sobre los mismos hechos y los mismos responsables, a fin de garantizar el adecuado acceso la justicia para las víctimas”.
Por su parte el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara asegura que “Tlatlaya es el mejor ejemplo de cómo actúa el gobierno a través del ejército. Por medio de las ejecuciones sumarias-extrajudiciales, ha provocado en el pueblo un ambiente de desconfianza. Muchos nos manifestamos en contra desde que Calderón, quien sacó al ejército en las calles, porque sabíamos que iba a existir una descomposición de dichas instituciones, porque ahora militares y las otras fuerzas de seguridad son cuestionados por cometer crímenes de lesa humanidad”.
Al mismo tiempo comenta que la impunidad del ejército existe y va en aumento, notándolo en casos como el de Tanhuato, que refieren a acciones que de ninguna manera tienen que ver con el ejercicio del combate a la delincuencia, pero sí a una demostración de fuerza extralimitada, por medio de circunstancias que son reprobables, introduciendo al país en una crisis humanitaria a nivel internacional.
“Siendo Enrique Peña Nieto quien comanda y ordena el actuar del ejército y Fuerzas Armadas, en estricto sentido tanto político como militar, y basándonos en dichas leyes, es el responsable directo y quien ha implementado de forma permanente los mecanismos de represión que existen, tales como la desaparición forzada, tortura y ejecuciones sumarias, reitero, ejemplos de delitos de lesa humanidad”, explica el diputado Manuel Huerta.
Además asegura que el ejército es una institución generadora de violaciones a derechos humanos, que se puede constatar con tres de los muchos ejemplos que existen: Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato, casos que a decir por Manuel Huerta, presentan el modus operandi de esa institución castrense.
Manuel Huerta comenta: “sus mecanismos no son disuasivos, son ya lo que yo calificó terrorismo de Estado. Esto porque el escenario que se visualiza demuestra que son violaciones a derechos humanos provocadas, y no son simples acciones que se dispararon por algún mando regional. Es así como el ejército se encuentra en primera línea, provocando la debacle en el país, donde el combate al narcotráfico no era una guerra, sino que debió producirse el cambio de la política económica, una gran inversión social en las comunidades y sobretodo en programas sociales que brindaran apoyo a los jóvenes con el lema: becarios sí, sicarios no”.
Al mismo tiempo argumenta que, “tristemente el ejército goza de impunidad, es así como su modus operandi es solapado y no hay poder que pueda impedirlo. Yo lo viví cuando se presentó la investigación sobre el caso de Tlatlaya en la Cámara, el asunto no tuvo manera de ser debatido, en el pleno varios compañeros se dieron cuenta del tema y secuestraron el debate, fue así como se quedó sin revisión dicha problemática”.
“La impunidad es tanto incentivo como resultado. El hecho que no se castiguen las violaciones a derechos humanos cometidos por militares, es un incentivo para que se sigan cometiendo estos actos, y por lo tanto el Estado mexicano sigue siendo responsable de esas violaciones al no garantizar la investigación. Tampoco garantiza la sanción de los responsables. La impunidad es más que un tema de venganza, o de mero castigo, tiene que ver con una lucha histórica de las víctimas para garantizarse así mismas, a pesar de que es obligación del Estado, la no repetición de estos actos y en ese sentido la impunidad respecto al ejército es absoluta”.
El activista social Michael Chamberlain asegura que “el ejército solamente sabe actuar en situaciones de guerra, es por ello que irremediablemente va a violar derechos humanos en donde no hay una situación de guerra. Sí dicha institución goza intrínsecamente de impunidad, porque desde su creación, no solamente los últimos dos sexenios, fue creado para ejercer un control social. Es decir, actúa hacia dentro, porque no piensa defender al país de fuerzas extranjeras, como sería en otros países, sino que es utilizado para controlar, es por ello que necesita tener impunidad, y todos esos tipos de abusos que comete forman parte de una política establecida”.
Para Chamberlain, el Estado falla en garantizar los derechos humanos y al mismo tiempo provoca las violaciones. Y comenta que en los últimos dos sexenios, el gobierno ha echado a andar una política de control, que va enfocado a mantener los privilegios de cierto sector (empresarios y altas esferas del poder), por medio de un mecanismo de detención, que no son más que las violaciones a derechos humanos.
