Patricia Monreal / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-En actos de voluntad se quedan las adecuaciones salariales que las autoridades estatales realizan en Michoacán, esto debido a que en el Congreso local permanece estancada la dictaminación de la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado que daría obligatoriedad legal a salarios sin excesos.
En julio pasado se presentó la iniciativa por parte del coordinador parlamentario del PAN, Carlos Quintana y del presiente de la Mesa Directiva, Pascual Sigala Páez, sin que hasta el momento la Comisión de Presupuesto a la que fue turnada haya convocado para analizar el tema.
Actualmente existe una Ley en la materia y data de 2007, el último año de la administración de Lázaro Cárdenas Batel, quien cuidó promoverla en la recta final de su gobierno para no tener que aplicarla durante éste.
Dicha norma nunca se aplicó debido a que nunca fue creada la Comisión ahí prevista, la que tendría que establecer los criterios y montos de las remuneraciones de los servidores públicos en la entidad.
La iniciativa que se encuentra actualmente en comisiones argumenta que debe adecuarse la Ley vigente de manera que sea congruente con el diseño de fiscalización y control de recursos públicos planteados en el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como con los criterios de racionalidad, eficiencia, equidad y transparencia que deben regir el manejo de los recursos públicos, y en particular, de las partidas presupuestales destinadas a remunerar a los servidores públicos.
En la propuesta las reglas para establecer las remuneraciones de los servidores públicos de los tres poderes, los organismos autónomos y los gobiernos municipales tienen dos ejes rectores o criterios normativos generales en la iniciativa presentada: por un lado está el tipo de cargos que servirán como referencia de la remuneración máxima, y por otro los cargos y niveles equiparables transversalmente entre organismos públicos diferentes.
Existe otra iniciativa en la materia, una propuesta de reforma a la Ley vigente presentada en diciembre pasado por la legisladora petista Brenda Fraga Gutiérrez quien, directamente plantea modificar lo relacionado a las atribuciones de la Comisión para hacerla operar.
Ella propone que la Comisión sea la encargada de proponer los criterios que servirán de base para determinar las remuneraciones salariales de los servidores públicos del Estado, equilibrando y aplicando la línea de austeridad económica, homologando a los Poderes.
También emitirá la propuesta de recomendaciones de montos máximos de las remuneraciones de todos los integrantes de los ayuntamientos.
Prevé que dicha Comisión se integre con un representante de cada Poder, de once ayuntamientos que representen cuando menos el diez por ciento de los mismos y de seis integrantes de la sociedad civil con derecho a voz y voto, su nombramiento será por tres años, deberán ser elegidos a través de convocatoria.
