Alejandro Baltazar/ @Doncaracol3_0
Miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) y habitantes de la comunidad de San Miguel Aquila, exigieron la liberación de los 21 comunitarios detenidos en el operativo militar y de desarme el pasado 14 de agosto.
“El secretario de Gobernación fue al estado de Michoacán aceptando expresamente que el Estado fallido fue lo que orilló a personas a armarse, e invitaba a que los autodefensas se unieran al gobierno”, afirmó Sandino Rivero Espinoza, abogado de los comunitarios quien demandó el desistimiento de la acción penal contra los detenidos.
La demanda, realizada a la Procuraduría General de la República y a Enrique Peña Nieto, se realizó en congruencia con el ofrecimiento de integración de las autodefensas a los órganos de seguridad, afirmaron los habitantes de Aquila.
Sandino Rivero Espinoza, abogado de los comunitarios señaló que sus representados se encontrarían en las mismas condiciones en las que se encuentran el resto de grupos de autodefensas de no haber sido detenidos y desarmados.
Sin que se les haya podido comprobar otros hechos, los 21 comuneros procesados bajo caución y los 19 detenidos, tanto en Perote , Veracruz, como los que se encuentran en Morelia, fueron presos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Además, Rivero, realizó un llamado al Poder Judicial de la Federación para que considere el estado de necesidad que envolvió a los guardias comunitarios y les orilló a armarse; Por lo que pidió se resuelva a favor los recursos de apelación contra las órdenes de aprehensión interpuestas.
De la misma manera, el abogado en nombre de sus representados, solicitaron al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, que se pronunciara en específico sobre la situación de Aquila, y pidieron se vigile las condiciones en las que se encuentran, con especial atención para los que se encuentran en el penal de Mil Cumbres, puesto que han sido amenazados por miembros de la delincuencia organizada.
Por su parte, Guadalupe Díaz, representante de San Miguel Aquila, describió que es necesario revisar el origen de la violencia en esa comunidad indígena, que durante mucho tiempo han sido extorsionados por el cártel de los Caballeros Templarios y víctimas de abusos por parte de la minera Ternium, de origen italo-argentino.
Resaltó también que durante 12 años la delincuencia organizada extorsionó a los 401 ejidatarios que no tenían otra opción que disponer de los recursos de las regalías para salvaguardar su vida, entregando 27 millones de pesos durante ese periodo.
Reveló que los ejidatarios entregaron a los Templarios un promedio de 2 mil pesos mensuales por ejidatario. Además, señaló que la extracción ilegal de hierro que los Templarios vendían ilegalmente a la minera fue denunciada a la Procuraduría Agraria, queja que nunca fue atendida.
Para finalizar, agregó que le han solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que indague en el caso de las desapariciones de los representantes de San Miguel Aquila, Francisco Javier Ramos Wale, Carlos Zapién Díaz e Ignacio Martínez de la Cruz, de quienes no se tiene noticia desde el 25 de noviembre de 2013.
Mientras que pidió justicia para las ejecuciones de los comuneros Salvador Ramos Eudabe y Alejandro Jacinto Martínez Paulino, asesinados por policías estatales mientras se realizaba el operativo del pasado 19 de agosto.
