Morelia, Michoacán.- “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, fueron las exigencias manifestadas este jueves por integrantes de colectivas feministas a los diputados locales quienes, se vieron obligados a declarar un receso a la sesión de Pleno que realizaban a puerta cerrada en Palacio Legislativo, debido a la manifestación realizada por las activistas.
Las consignas de las manifestantes se hicieron latentes durante la sesión legislativa; ellas, por fuera de Palacio Legislativo demandaban ser escuchadas por los diputados quienes, finalmente decidieron recibirlas.
Sin embargo no todos mostraron disposición a escucharlas, tal es el caso del diputado panista Jesús Salas Valencia, quien pese a presidir una de las comisiones encargadas de dictaminar las iniciativas existentes sobre la despenalización del aborto en Michoacán –la de Justicia-, manifestó su rechazo a escucharlas, argumentando que no se les atendiera en el Pleno, para “no dejar antecedente de que cualquier grupo que llegue al Congreso, por pequeño grande que sea pueda manifestarse ante los diputados, en eso estoy totalmente en desacuerdo”.
Por el contrario el presidente de la Mesa Directiva, Octavio Ocampo Córdova determinó permitir el acceso de las manifestantes para escucharlas, por lo que las activistas arribaron al patio de Palacio Legislativo en donde se realizaba la Sesión de Pleno, para dar lectura a un posicionamiento.
La transmisión de la Sesión de Pleno que se realiza vía Facebook y Youtube debido a la pandemia, fue suspendida, buscando evitar así que la situación fuera difundida.
Haciendo uso del micrófono las manifestantes darían lectura al texto que a continuación se reproduce de manera íntegra:
Hoy las mujeres michoacanas de manera simbólica y en apoyo a las compañeras que tienen tomados los congresos de Puebla y quintana roo nos unimos tomando el congreso del estado de Michoacán. Que sirva esto de recordatorio sobre la exigencia al reconocimiento de nuestros derechos, en específico el derecho a decidir.
Sírvase el presente de primer aviso; las mujeres estamos observándolos, sabemos que ya tienen encima el término para presentar el dictamen de la iniciativa, hagan su trabajo. Nosotras estamos en la lucha.
El Estado de Michoacán, y en concreto, las y los diputados aquí presentes, así como todos los que han ostentado este puesto tienen una deuda histórica con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres michoacanas.
En nuestro país se estima que cada año hay 1.9 millones de embarazos no planeados, el 54% de estos terminan en abortos inducidos, lo que equivale a 1,026,000 aproximadamente, y casi todos inseguros. Como país, ocupamos el primer lugar a nivel Latinoamérica de embarazo adolescente y el segundo lugar a nivel mundial, sólo precedidos por Estados Unidos.
Los factores que contribuyen a un alto índice de embarazos no planeados incluyen la falta de educación sexual, falta de acceso a anticonceptivos por razones económicas o de distribución, eficacia de los métodos anticonceptivos, fallas por el uso incorrecto de los mismos, además de los delitos sexuales
La Organización Mundial de la Salud reporta que las principales condiciones que dan como resultado las cifras anteriores son: legislación restrictiva, poca disponibilidad de servicios, costos elevados, estigmatización, objeción de conciencia del personal sanitario y requisitos innecesarios.
Las mujeres abortamos sea legal o no. La criminalización de la interrupción del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres, y las expone a riesgos para su vida o su salud con el propósito de preservar su función como agentes reproductores y privarlas de autonomía en la adopción de decisiones sobre su propio cuerpo.
En Michoacán, en 2009, se llevaron a cabo 39,410 abortos inducidos, la mayoría de ellos inseguros. Con un 9% de los casos (3,963) el aborto fue la segunda causa de atención obstétrica en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán.
Michoacán se ubica en el sexto lugar a nivel nacional de embarazo adolescente con 18,539 nacimientos. Los embarazos de mujeres de entre 15 y 19 años representan casi el 20% del total de los embarazos de la entidad. Además, por año Secretaría de Salud de Michoacán reporta cerca de 600 embarazos en niñas menores de 15 años en 2019.
En México, los embarazos adolescentes, además de afectar el desarrollo profesional de las menores, tienen un impacto económico de casi 63 mil millones de pesos por el gasto que implica cada embarazo, así como los ingresos y empleos que pierden las mujeres por convertirse en madres.
En México cada año los servicios públicos de salud gastan casi 6 mil millones de pesos ($5,884’524,506) para atender embarazos y partos adolescentes. Y que quede claro, hablar de embarazos adolescentes es la forma política de hablar violaciones.
En lo que va de este año, se han reportado 339 violaciones en Michoacán. Durante el mismo periodo, la Secretaría de Salud ha atendido únicamente 3 casos de aborto por violación. Es fácil darse cuenta que las mujeres no recurren a los servicios actuales, no sólo por la inoperancia del sistema de causales y la excesiva burocracia, sino porque persiste entre el personal médico y de seguridad pública el estigma que criminaliza a las mujeres.
Lo que subyace a la penalización del aborto es un discurso que nos criminaliza por ser mujeres, por nuestras funciones corporales y por nuestro legítimo derecho al pleno ejercicio de nuestra sexualidad y de nuestra autodeterminación reproductiva.
Por otro lado, la exigencia de despenalizar el aborto y la correcta legalización del acceso a la interrupción del embarazo es un tema de salud y derechos humanos, pero también de justicia social y una demanda de clase, ya que implica una discriminación múltiple hacia las mujeres: por nuestra propia condición de mujeres, nuestra condición socioeconómica, origen, nivel educativo, acceso a la información y lugar de residencia.
En fechas recientes pasadas el Congreso de la Unión estudió y rechazó una iniciativa para eliminar impuestos a toallas sanitarias, copas y tampones porque según el Estado estos objetos no son considerados como de primera necesidad.
En México hay más de 64 millones de mujeres en edad reproductiva y, en condiciones normales, gastarían entre 425 y 1, 220 pesos (19,58 y 56,20 dólares) anuales en artículos de higiene menstrual, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.
Dicho gasto puede representar hasta el 8% del ingreso total mensual de una familia en situación de pobreza conformada por al menos dos mujeres que menstrúan.
Las toallas, pantiprotectores, toallas de tela, tampones y copas menstruales son bienes de primera necesidad en la sociedad actual y cuyo uso es indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales. A diferencia de otros productos exclusivos para un solo género, su uso no es opcional, y la falta de políticas sociales que proporcionen su acceso libre y gratuito demuestran que esta carga impositiva representa una discriminación directa y atenta contra la igualdad sustantiva de las mujeres es una acción en defensa y protección de los derechos humanos, pues existen niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema que sufren al no poder comprar toallas sanitarias ante la falta de recursos y optan por no asistir a la escuela, disminuyendo en consecuencia su rendimiento escolar.
Diputadas, Diputados, Las mujeres menstruamos y el Impuesto sobre el valor agregado constituye un impuesto aplicado a un grupo con motivo de su condición biológica. Conocemos que ustedes no pueden legislar sobre materia de impuestos federales, sin embargo sabemos también que están estudiando el presupuesto de egresos de la administración del próximo año, por lo que exigimos se integre en el presupuesto a ejercer una partida y monto adecuado para llevar a cabo campañas de educación sexual y salud menstrual para todas las mujeres michoacanas, en específico para aquellas que más lo necesitan. Que así como la Secretaría de Salud tiene campañas donde regalan condones contemplen una para facilitar a la población las toallas sanitarias desechables o de tela, copas o tampones que se necesiten. Esta condición no distingue entre la capacidad económica de las persona y sin embargo está grabado con una tasa de 16%
Exigimos que exista reparto gratuito de toallas femeninas, tampones y/o copas menstruales para garantizar una menstruación digna a las personas en reclusión, en situación de calle y en pobreza extrema. No reclamamos más que el reconocimiento de nuestros derechos. Las mujeres michoacanas alzamos la voz: ¡No más muertas por abortos inseguros! ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!”.
