La Fiscalía General del Estado, minimizó el intento de feminicidio sufrido por Jessica P. en el municipio de Los Reyes, por parte de su esposo en 2021. Asimismo ella no ha podido separarse legalmente de él, pues el juicio que promoviera al respecto, fue desechado.
El caso es denunciado por la colectiva feminista Mapas, que manifiesta preocupación por lo que considera omisiones e irregularidades en los procesos de investigación por la vía penal y el proceso jurídico en la vía familiar que ha interpuesto Jessica P, frente a la tentativa de feminicidio que sufrió a manos de su esposo, un profesor de nacionalidad española, adscrito a una universidad estadounidense, quien a lo largo de su relación ejerció violencia psicológica, patrimonial, física y sexual en contra de ella.
A través de un llamado dirigido al Fiscal General de Estado, Adrián López Solís, y al presidente del Poder Judicial, Jorge Resendíz García, la colectiva recuerda que Jessica denunció ante las instancias correspondientes, “las cuales han sido omisas y revictimizantes, al grado que tememos que la demanda que por la vía familiar busca disolver su vínculo matrimonial y asegurarle una pensión alimentaria a la hija que tienen en común sea desechada”.
Acusan negligencia en la actuación del Ministerio Público de Los Reyes Michoacán que recibió a Jessica cuando acudió a denunciar que su esposo intentó asesinarla en 2021, el cual le negó una atención inmediata, excusándose en la ausencia de un cuerpo sin vida.
Sólo ese día Jessica fue atendida por el Agente del Ministerio Público, después sólo era el asistente de éste con el que ella podía hablar. Mapas denuncia que tal situación violenta el derecho humano al acceso a la justicia, “lo que contribuyó a dejar en impunidad un delito grave de violencia de género”.
En el proceso hubo violencia institucional y omisiones –de acuerdo con la colectiva-, ya que el registro de las lesiones no se corresponde con las marcas que el médico en turno reportaba de manera verbal a la víctima, circunstancia que ha obstaculizado aún más el proceso.
“El mismo hecho de iniciar la investigación por ‘lesiones’, cuando claramente fue una tentativa de feminicidio, evidencia la urgencia de la aplicación oficiosa de la perspectiva de género”.
La colectiva recuerda que el no clasificar los delitos de manera adecuada y no contar con la evidencia detallada claramente, por la negligencia del perito, expone la vida e integridad de las víctimas, en este caso, de Jessica y su hija.
“Actualmente, la carpeta se encuentra en Morelia, reclasificada por ‘violencia familiar’, sin presentar mayores avances. Condenamos la tibieza con la que las fiscalías y los jueces abordan los casos de violencia de género, ya que contribuyen a la impunidad de los delitos y a que la sociedad continúe normalizando estas violencias”.
En el caso del Poder Judicial, se exige que las autoridades judiciales en materia familiar admitan la demanda de divorcio, garanticen el interés superior de la niñez mediante una pensión alimenticia digna y las medidas que prevengan que sea sustraída por su padre o cualquier familiar y, finalmente, que no escatimen en los recursos necesarios para conseguir la colaboración internacional que el caso requiera.
Finalmente Mapas recuerda que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para lo cual es indispensable que apliquen las perspectivas de género y de infancias de manera oficiosa en todas sus actuaciones tendientes a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.