Mientras la red carretera estatal permanece deteriorada en un 70 por ciento, y las empresas que se contratan utilizan materiales de baja calidad, los trabajadores de la Junta de Caminos continúan su peregrinar para que se les dé claridad sobre su futuro laboral, exigiendo que no desaparezcan la dependencia.
Este vieres trabajadores de la Junta de Caminos se manifestaron frente a Palacio Legislativo para demandar certeza sobre el futuro de la dependencia ya que, hasta el momento el decreto de extinción no ha sido emitido.
Cabe apuntar que el Ejecutivo Estatal anunció la desaparición de la Junta de Caminos a la que en el presupuesto de egresos de este año no se le asignó recurso alguno, desapareciendo la unidad programática presupuestaria correspondiente.
Ante el anuncio y la incertidumbre los trabajadores se han venido manifestando sin que hasta el momento tengan claridad de la situación laboral que afecta a 400 empleados y 900 familias según refieren.
Los trabajadores demandan la permanencia de la Junta de Caminos que –refieren- ha venido sufriendo constantes golpes durante la administración encabezada por Aureoles Conejo.
En entrevista Rodrigo Correa y Osvaldo Zurita del Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos apuntaron que en tanto que el decreto de extinción de la dependencia aún no se publica, es posible dar marcha atrás a la medida anunciada por el Ejecutivo.
Apuntaron que durante 85 años ficha dependencia ha trabajado para mantener los caminos del estado, “esta dependencia ha sido el brazo derecho en lo que se refiere a conservación y mantenimiento de la red carretera y ahora simplemente de un momento a otro nos dan la espalda y es algo que como trabajadores y michoacanos nos decepciona”.
En estos momentos a los trabajadores se les adeuda los pagos del mes de enero aunque vienen realizando las labores que les corresponden, y refieren que no han sido atendidos por el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez pese a que han presentado oficios solicitando un encuentro.
Son 500 millones de pesos los que los trabajadores apuntan se requieren para operar la Junta de Caminos, “con eso levantamos la red en más de un 50 por ciento”, pero uno de los problemas es que al año sólo se han venido destinando 180 millones de pesos.
Creación de Junta por decreto legislativo
La decisión de Aureoles Conejo para suprimir la Junta de Caminos encuentra un problema legal, ya que su creación no trató de un decreto administrativo emitido por el Ejecutivo del Estado, sino un decreto del Poder Legislativo que como tal tiene carácter de Ley, por lo que para su extinción precisaría la intervención del Congreso local para derogar la determinación mandatada en marzo de 1989.
Así lo explica el coordinador parlamentario de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla y la diputada Sandra Luz Valencia, ésta última integrante de la bancada guinda que ha venido dando seguimiento al asunto y que, en diciembre pasado presentó una propuesta para exhortar al Ejecutivo sobre la no desaparición de la Junta de Caminos, misma que aún está en análisis en comisiones.
Fue en 1933 cuando el Poder Legislativo mediante decreto aprobó la creación de la entonces denominada Junta Local de Caminos. Para 1989 la Cámara derogaría el referido decreto para aprobar uno nuevo en donde ya se dio a la dependencia el nombre de Junta de Caminos del Estado.
De acurdo con Ramírez y Valencia, el Ejecutivo del Estado no tiene facultades legales para dar marcha atrás a un decreto legislativo, por lo que se requiere la intervención del Congreso.
En ese sentido refirieron que en diciembre pasado, cuando la Cámara aprobó el Presupuesto de Egresos de este 2019, lo hizo de manera irregular al no incluir la Unidad Programática Presupuestaria de la Junta de Caminos, ya que hasta el momento el decreto de su creación no ha sido derogado.
Se privilegia a las empresas privadas
Las razones que motivaron la desaparición de la Junta de Caminos no son claras hasta el momento, sobre todo teniendo en cuenta la intervención que se ha venido dando a empresas particulares que rotan cada que arriba una nueva administración estatal, de hecho esta dependencia es recurrentemente observada por los órganos fiscalizadores.
Apuntan los integrantes del Sindicato de Empleados: “se ha apostado a las empresas privadas que no llevan un control de calidad sobre todo en lo que es la red y por ahí se han metido en nuestra jurisdicción que son más de tres mil 200 kilómetros, ahí han estado ellos y nosotros hemos monitoreado y hemos visto su calidad que es muy pésima”.
-¿Qué empresas?
“Son diferentes, los nombres los cambian cada año o cada que cambia el gobierno, nosotros vemos lamentablemente que llegan diferentes empresas que no tienen la experiencia en este ramo, nosotros en la Junta ya tenemos 85 años de experiencia y sabemos bien las calidades de los materiales pétreos que se meten en los tramos.
“Así que vemos con muy mala calidad los tramos que hacen las empresas privadas, sabemos que hay por ahí desvíos, no muy bien los precisamos pero vemos raro que al no meter calidad en materiales está el resultado a la vista. El 70 por ciento de la red carretera estatal se encuentra en mal estado”.
